La fiscal que lleva el caso Morín por abortos ilegales ha protagonizado un extraordinario alegato final este jueves, 22 de noviembre. A lo largo de cuatro horas ha estado desgranando los hechos que demuestran a su juicio que Morín y los demás inculpados cometieron un elevado número de abortos ilegales (89 probados a su entender) y que existía falsedad documental y asociación para delinquir.

La Fiscalía ha pedido 273 años para el doctor Morín. Del mismo modo la acusación del Estado también ha rebajado la petición de condena a la esposa de Morín, María Luisa Duran a 177 años en concepto de autora de los mismos hechos, en lugar de los 204 que había solicitado en las calificaciones previas al juicio.

También mantiene la acusación a los ginecológos y anestesistas colaboradores de Morín, ya que, según el alegato, los trabajadores acusados de las clínicas Ginemedex y TCB “eran totalmente conscientes de que ejercían un trabajo ilegal”, como queda probado en múltiples conversaciones telefónicas. También constata la validez de la testigo protegido que, pese a declarar durante el juicio no acordarse del grueso de las acusaciones sí que aportó datos relevantes para la investigación durante el periodo de instrucción.

La fiscal aprovechó para destacar que el trabajo que hizo la magistrada del Juzgado de Instrucción número 33 había sido excelente, y que las escuchas telefónicas se habían limitado a lo estrictamente necesario. Este apuntalamiento de la Fiscalía lo hace en previsión a que no se pueda alegar por parte de las defensas que se hicieron actuaciones excesivas.

Además, ha quedado constatado tras las declaraciones de los peritos que existían restos de ADN humanos en los desagües, lo cual revela la sistematicidad de este procedimiento para eliminar los fetos de supuestos abortos ilegales, de otra forma al tratarse de una pica a la que se abocaban litros de agua de forma regular no se habrían encontrado esos restos.

En su alegato la fiscal detalló caso por caso todas las ilegalidades con lo que ahora las defensas han quedado en una situación muy complicada después de esta actuación extraordinaria y excelentemente trabajada.

La fiscal también ha acusado a los psiquiatras de que “con intencionalidad alteraron los historiales clínicos para que parecieran legales” sin tener en cuenta las condiciones de salud mental de las pacientes que, en muchos casos, no fueron ni visitadas.

Más allá de los historiales, la Fiscalía ha denunciado la falsificación de firmas -tanto de pacientes como de médicos-, radiografías y tests, en especial el test psicológico de Goldberg, que garantiza que las mujeres que quieran abortar se encuentran en plenas facultades mentales.

El ministerio público ha justificado la rebaja por motivos legales y ha aclarado que la ley actual, más favorable, “no hace bueno lo que se hace mal”, porque la anterior establecía que era delito.

Lla Fiscalía también ha explicado los delitos de los que se acusa a los implicados en función de cada aborto y ha justificado la rebaja, entre otras razones, por tratarse de casos de malformaciones suficientemente fundamentadas.

El juicio continuará el martes 27 de noviembre con los informes de las acusaciones particulares y, hasta el jueves, con las conclusiones finales de todas las partes.