Los Juegos Paralímpicos de Londres han marcado un antes y un después en la historia de este movimiento, nacido en 1948 en la ciudad del Támesis con una competición entre veteranos mutilados de la Segunda Guerra Mundial.

La participación ha sido mayor que nunca (4294 atletas de 164 países) y, lo que es más importante, también lo ha sido el interés del público, con récord de venta de entradas en la historia de las Paraolimpiadas y una atención mediática que en algunos momentos concretos se aproximó a la de los Juegos Olímpicos.

Particularmente en Gran Bretaña, merced a su espléndido tercer lugar en el medallero, sólo por detrás de China y Rusia -y superior incluso a ésta en número total de medallas, aunque con dos oros menos-, el impacto paralímpico sobre la opinión pública ha sido mucho mayor del previsto.

Ese entusiasmo nacional por el deporte paralímpico ha sido aprovechado por las organizaciones provida para recordar la existencia en el Reino Unido de la Abortion Act (Ley del Aborto) de 1967, particularmente dura para con los discapacitados, y para abogar de nuevo por su abolición.

El Daily Telegraph de este miércoles publica una carta firmada por médicos, líderes provida y representantes de movimientos religiosos, en que se recuerda que la ley de 1967 es una forma de eugenesia.

Entre los firmantes figuran Peter Saunders, presidente de una asociación de médicos cristianos que agrupa a 4500 facultativos y 1000 estudiantes de Medicina; Peter Elliott, empresario que, tras nacer en 1985 su hijo David, creó la prestigiosa Fundación para la Investigación del Síndrome de Down; o John Deighan, en representación de la conferencia episcopal escocesa.

"Los atletas [paralímpicos] han ofrecido tan asombrosos ejemplos de coraje y victoria sobre la discapacidad, que deberíamos repensar qué entendemos por discapacidad y capacidad", apuntan en la carta: "Pedimos al Parlamento que rechace la sección discriminatoria de la Ley del Aborto de 1967, que permite el aborto eugenésico hasta el nacimiento, y en su lugar promueva la investigación de aquellas discapacidades que, cuando son diagnosticadas, normalmente suponen una sentencia de muerte prenatal".

Y ello, porque la ley de 1967 no sólo permite el aborto hasta las 24 semanas (seis meses) en caso de "peligro para la salud física o mental" de la madre, sino que lo amplía incluso hasta 40 semanas (para incluir embarazos ampliamente retardados) cuando haya un "riesgo sustancial" de que el bebé padezca "discapacidades graves".

Son casos excepcionales, pero no aislados: en 2011 se practicaron en Inglaterra y Gales 146 abortos más allá de los seis meses de embarazo. La casuísita legal ampara casos como uno de 2003, un aborto decretado más allá de las 24 semanas porque se le detectó al feto la falta de una oreja.

"Matar a personas con discapacidad, en vez de trabajar para apoyarles y cuidarles, es contrario a los más elevados principios médicos", alegan los firmantes.

Se trata ahora, dijo Jack Scaribrick, fundador del grupo provida Life, de movilizar a los parlamentarios antiabortistas para que tomen la iniciativa de modificar la ley, en particular en lo que se refiere a los niños con síndrome de Down: entre 2002 y 2010 fueron abortados 3968 niños que lo padecían. "Queremos insistir en este punto", continúa Scaribrick, "porque creemos que lo podemos ganar, y eso mandaría una maravillosa señal a todo el mundo".