Este martes comienza en Barcelona el juicio contra el doctor Carlos Morín por delitos cometidos en 2007 en cuatro clínicas que regentaba en la Ciudad Condal.

El pasado viernes 14 de septiembre tuvo lugar la primera vista suya y de la que él mismo llamaba “su pequeña familia”, un total de 11 imputados. Morín está acusado de 101 delitos de aborto y de delitos de asociación ilícita y falsedad documental continuada.

En la vista se fijaron los aspectos de funcionamiento del juicio. Morín, notablemente nervioso, intentó a la desesperada que este juicio se declarase nulo. La fiscal fue clara: no se puede hablar de delitos “no punibles” en casos de esta gravedad.

Según Amparo Alons, portavoz de Derecho a Vivir, "Carlos Morín es un asesino en serie de niños, y este ginecólogo pasará a la historia como una especie de Hitler".

Durante esta semana (martes, miércoles y jueves) se tomará declaración a Morín y a su esposa. El juicio durará previsiblemente unos dos meses.

Según Javier María Pérez-Roldán, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, “los defensores del aborto se han empeñado durante más de 25 años en una afirmación falsa: que con la legalización del aborto se acabaría con la comisión de abortos ilegales. Sin embargo la realidad afirma todo lo contrario”.

Según los abogados del Centro Jurídico Tomás Moro, si hasta la fecha la sociedad española no ha presenciado juicios a médicos abortistas no ha sido por la inexistencia del delito, sino por la pasividad de las administraciones públicas.

El centro abortista del doctor Morín estaba siendo investigado y había diligencias previas, pues había claros indicios de que podían estar cometiéndose abortos fuera de la ley. En 2006 la televisión pública danesa emitía un reportaje sobre abortos, según ellos realizados fuera de plazo. Esto no fue más que el principio de una exhaustiva investigación, que se plasma en este juicio.

Los primeros en presentar una querella concreta fueron los abogados de Alternativa Española, seguidos por el Centro Jurídico Tomás Moro y a continuación e-Cristians y el Colegio de Médicos de Barcelona.

Según Rafael López Diéguez, secretario general de Alternativa Española, la lectura de las declaraciones de testigos, o de las intervenciones de la policía, desvelan "auténticas atrocidades, zulos con trituradoras de bebés, niños que fueron abortados por técnicas de descuartizamiento, sin importar la edad del bebé, plantas que se cerraban con llave para que nadie pudiese entrar ni salir mientras se realizaban, etc."

Hay incluso un testigo protegido, figura que generalmente está pensada para delitos en los que los delincuentes son muy peligrosos, como son los casos de terrorismo o tráfico de drogas. Según los abogados de la acusación, es un acierto que la jueza haya contemplado esta figura. Afirman también que este caso es sólo uno de los muchos que se dado en España desde la primera ley del aborto, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González.

En su opinión, además, la segunda ley del PSOE sobre el aborto, la llamada ley Zapatero-Aído, se promulgó para favorecer al doctor Morín y otros casos similares, pues ha paralizado por completo procesos ya iniciados, y ha dejado éste en tan solo 101 delitos, muchos menos de los que había. Según Carlos Pérez-Roldán, portavoz del Centro Jurídico Tomás Moro, los 101 abortos por los que se juzga a Morín no son más que la punta del iceberg.

Por su parte, los voluntarios de Derecho a Vivir se concentran este martes 18 a las 9:30 en el Passeig Lluís Companys 14 de Barcelona, sede de los juzgados donde comparecerán Carlos Morín y su esposa María Luisa Durán para su primera declaración.