La votación, celebrada este domingo en el pequeño Estado de apenas cuarenta mil habitantes, ha sido muy ajustada, con un 52,3% de votos a favor de la vida y un 47,7% a favor del aborto.
Como suele ocurrir en estos casos, la iniciativa se había camuflado con intenciones buenistas, y se presentaba bajo el lema Antes ayudar que castigar.
En esos ajustados 4,6 puntos en que se ha resuelto el referéndum ha podido influir decisivamente la intervención de Alois, quien el 15 de agosto, fiesta nacional, anunció que aunque fuese aprobado en las urnas, él jamás firmaría la ley, por lo cual no entraría en vigor.
Aunque no es el jefe del Estado, Alois tiene la potestad de sancionar las leyes, potestad que le fue traspasada en 2004 por su padre Hans Adam II con la intención de renovar la imagen de la monarquía.
La votación tuvo lugar por exigencia constitucional al recibir el número suficiente de firmas y apoyos institucionales, pero de hecho la ley del aborto ya había sido rechazada por el 72% de los diputados.
En la decisión del Príncipe para negarse a firmar la ley, en caso de haber sido aprobada, figura el no desproteger la vida de los niños con discapacidades, sometidos a un exterminio eugenésico legal en todos los países en los que una alteración genética (por ejemplo, el síndrome de Down) es causa de legalidad del aborto.
En España, por ejemplo, muchas comunidades autónomas incluyen en algunos casos, como parte del seguimiento del embarazo, la prueba de la amniocentesis, que implica un pequeño riesgo fetal y carece de valor terapéutico, pero sirve para determinar modificaciones cromosómicas sólo con vistas a suprimir el embarazo.