La ministra de Sanidad, Leire Pajín, se ha visto forzada a admitir que está incumpliendo su propia ley del aborto, haciendo opaca una información que la normativa le obliga a dar, como es el número de embarazos suprimidos a su amparo.
A través de la red social Twitter admitió un incumplimiento flagrante de la ley: "Publicamos las cifras de aborto cuando nos las proporcionan las comunidades autónomas, una vez al año".
Pero, según Derecho a Vivir, origen de la denuncia a la que se vio obligada a responder la ministra, Pajín "echa balones fuera", pues si el Ministerio "está recibiendo los datos de forma anual, se acusa a sí mismo de dejación de funciones y reconoce que no está haciendo cumplir la ley, que en este punto es clara", al ordenar que "el envío de la información a la Administración del Estado se efectuará de tal forma que el tiempo transcurrido desde el alta hospitalaria hasta la recepción en la Dirección General de Salud Pública… no excederá de tres semanas” (orden de 16 de julio de 1986 sobre estadística e información epidemiológica del aborto, artículo 5).
"Aun así, suponiendo que la recogida de datos se realizara año a año (lo que, recordemos, es ilegal), cabe preguntarse en qué fecha del año se realiza, porque nunca se han publicado los datos del aborto hasta pasados 9 meses del año en cuestió", añade Derecho a Vivir, preguntándose si la información la están reteniendo los gobiernos autonómicos, o es el Ministerio quien la tiene pero retrasa su publicación.
Además, esta ONG provida recuerda que "aún no se ha modificado el formulario para que los empresarios del aborto comuniquen cada muerte por aborto provocado": el sistema estadístico sigue siendo el mismo que antes de la entrada en vigor de la ley del aborto el 5 de julio de 2010.
Desde que se puso en marcha una campaña para que Leire Pajín dé a conocer los datos del aborto trimestre a trimestres, han sido ya ocho mil personas las que han firmado la petición.