El Gobierno de Pedro Sánchez, en España, cuenta con 23 ministros o vicepresidentes, pero ninguno tiene ningún título de medicina ni experiencia en sanidad. El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, es un gestor que ha estudiado gestión de empresas.

No saben nada a nivel profesional de cuidar enfermos ni moribundos. Y están preparando a toda velocidad una ley de eutanasia sin consultar a nadie que sepa del tema: ni a asociaciones de cuidados paliativos, ni a asociaciones de discapacitados, ni a enfermos de ELA, ni a asociaciones médicas (los médicos son los que matarían a los enfermos, según la ley) ni al Comité de Bioética de España, un organismo oficial que existe desde 2007, por impulso del socialista Rodríguez Zapatero, precisamente para eso, para asesorar en casos de bioética complejos.

El Gobierno no ha dicho nada sobre consultar a estos expertos, más bien ha mostrado total falta de interés.

Sin embargo, el Comité de Bioética ha anunciado que, por primera vez en su historia, emitirá un dictamen sobre un tema (en este caso, la eutanasia) sin que se lo haya pedido el Ejecutivo, por cuenta propia. Así lo han decidido por unanimidad sus 13 miembros. Entre ellos hay 7 médicos, 2 científicos, 3 juristas y un profesor de Filosofía. Su presidente es Federico Montalvo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pontifica de Comillas y miembro del Comité Internacional de Bioética de la Unesco. (Vea aquí la lista de miembros).

El Comité de Bioética informó el jueves que lo ha decidido «con todo el respeto y lealtad al Gobierno». Es verdad que la vía elegida por el Gobierno no requiere necesariamente consultar al Comité, pero sus expertos dicen que así «resta riqueza al necesario debate sobre una norma de un enorme calado social, ético y legal».

El informe de estos expertos médicos y bioéticos tardará un par de meses en estar listo y llegará antes de que termine la tramitación de la ley en ambas cámaras, prevista para el verano.

El Comité de Bioética recuerda que en Alemania, Austria, Francia, Italia, Portugal y Suecia, los respectivos comités bioéticos asesores del Ejecutivo sí han participado en el debate sobre legislaciones relacionadas con eutanasia y el auxilio al suicidio. «Se puede entender su ausencia como un grave déficit en la deliberación ética de nuestra opinión pública y sociedad», escriben.

El comité justifica que «la regulación sobre el final de la vida de las personas y el propio proceso de morir es un asunto que nos afecta a todas y a todos, y tiene un elevado impacto emocional. Es deseable que el mayor número de agentes sociales aporten su punto de vista y traten de hacerlo apoyándose en razones», señala en el comunicado. «Lo haremos aportando una perspectiva eminentemente bioética», declaran.

No hay nada que obligue a los 23 miembros del Gobierno - todos ellos ignorantes en cuestiones médicas y sanitarias- a leer el dictamen del Comité compuesto por 7 médicos, 2 científicos, 3 juristas y un profesor de filosofía.

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