La designación de Kathleen Sebelius como ministra de Sanidad en 2009 dejó claro que Barack Obama pensaba imprimir un giro radical a la política provida de George W. Bush. La hasta entonces gobernadora de Kansas era uno de los políticos en activo más populares, hasta el punto de que sonó como posible compañera de ticket de Obama y se encuentra entre las mujeres con mayores opciones de optar en algún momento a la Casa Blanca.
Pero era también una decidida abortista. Hasta en cuatro ocasiones (2003, 2005, 2006 y 2008) vetó como gobernadora iniciativas legislativas pro vida en su Estado, y Planned Parenthood -la mayor organización abortista de Estados Unidos- apoyó política y económicamente su reelección.
Esta actitud le ha costado a Sebelius, que es católica, un serio conflicto en el que han intervenido hasta tres obispos. El suyo, el de Kansas City, Joseph Naumann, a quien no tembló el pulso para enfrentarse a una gobernadora reelegida con abrumadora mayoría, y en consecuencia le prohibio el acceso a la Sagrada Comunión. El de Washington, Donald W. Wuerl, advertido por monseñor Naumann del regalito que se llevaba Obama al distrito federal desde su diócesis. Y el cardenal Raymond F. Burke, prefecto de la Signatura Apostólica y uno de los hombres más influyentes en el pontificado de Benedicto XVI, quien consideró que la prohibición de recibir el Santo Sacramento se extendía a todo el país dado que «tras la admonición pastoral persistía obstinadamente en un pecado grave» al promover el aborto.
Sebelius ha dado ejemplo esta semana de la apuesta de toda la Administración Obama por la cultura de la muerte. El pasado viernes eliminó casi todas las restricciones de conciencia que la Administración Bush había introducido para proteger a los profesionales de la salud frente a las imposiciones del lobby de la «salud reproductiva».
Con las nuevas disposiciones de la secretaria de Salud y Servicios Humanos, los médicos y enfermeras aún podrán negarse a participar en abortos directos o en esterilizaciones, pero ya no podrán negarse, como hasta ahora, a participar en prácticas como fertilizaciones in vitro, contracepción (incluidas técnicas que son de hecho abortivas) o asesoramiento sobre sexualidad en oposición a la propia conciencia.
Según Sebelius, que quiere acallar a quienes sostienen que con las nuevas normas los hospitales católicos tendrían que cerrar, ahora sus disposiciones son más precisas y permitirán a los centros dependientes de la Iglesia católica mantener su asistencia como hasta ahora.
Siguiendo una táctica similar a la que ha impuesto la nueva ley del aborto en España, las disposiciones de Sebelius, en vez de garantizar la reserva de conciencia de los profesionales, obligará a éstos a denunciar cuando consideren que sus derechos son violados: es decir, les obligará a autoincluirse en una «lista negra» ante la Administración sanitaria pública.
La reacción de los profesionales no se ha hecho esperar. El doctor J. Scott Ries, de la Christian Medical Association, dijo que el cambio en la normativa «toca aspectos cruciales para los pacientes, sanitarios e instituciones que sean provida», y que «la Administración ha introducido cambios en la regulación de derechos civiles vitales sin ninguna prueba o justificación, menguando los derechos civiles que protegen a los médicos y otros profesionales de la salud contra la discriminación».