El Papa Francisco ha decidido renovar ad experimentum por dos años, los estatutos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), aprobados por Juan Pablo II en 1990. Lo ha hecho a través de un quirógrafo que se dio a conocer este sábado. El IOR, fundado por Pío XII en 1942 y conocido habitualmente como "Banco Vaticano", tiene como finalidad "garantizar la custodia y administración de los bienes muebles e inmuebles transferidos o confiados al Instituto por personas físicas o jurídicas y destinados a obras de religión o caridad".

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, firma un editorial en Vatican News señalando que la reforma pretende hacer el IOR "más fiel a su misión originaria" y es "un paso importante en el proceso de adecuación a las mejores normas internacionales... en materia de transacciones financieras, transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales".

Se instauran además "normas claras que impiden los dobles cargos, las consultorías y las participaciones societarias a los empleados que, por lo tanto, deben tener una relación laboral obligatoriamente exclusiva con el Instituto".

La reforma de los estatutos pretende asimismo "garantizar la renovación de los cargos de dirección, control y vigilancia", y así tanto los miembros de la Comisión Cardenalicia como los del Consejo de Superintendencia solo podrán ser renovados una vez, y el Director deberá dejar su puesto al cumplir 70 años sin posibilidad de prórrogas.

Una de las principales novedades es la desaparición de los revisores internos y la introducción de un auditor externo, que puede ser una persona física o una empresa, para auditar los estados financieros de acuerdo con las normas internacionales reconocidas. Será nombrado por la Comisión Cardenalicia a propuesta del Consejo de Superintendencia y podrá desempeñar su función por un período de tres ejercicios consecutivos, renovable una sola vez.

Además se introduce la figura del Secretario Único del Consejo, que es el responsable de levantar y custociar las actas. Según Tornielli, esto "evita la implicación, en una actividad tan delicada, de directivos que podrían encontrarse en una condición de conflicto de intereses".

"Con el nuevo Estatuto en vigor", concluye, "el Instituto se dispone a definir un nuevo Reglamento interno con el objetivo de detallar y reforzar su gestión, aumentando su transparencia".