«Su éxito, además de su aspecto, ha llevado a una revista a definir al abogado suizo de cuarenta años como el “James Bond” del mundo financiero...». Lo escibió “The Economist” en la edición del 20 de octubre, en la que se presentó el perfil de René Brülhart, que fue director de la Financial Intelligence Unit (FIU) de Liechtenstein, el nuevo asesor financiero que contrató el Vaticano para adecuarse a los estándares internacionales en materia de transparencia financiera y en la lucha al reciclaje de dinero.

En septiembre, el padre Federico Lombardi había anunciado que Brülhart habría empezado a trabajar para el Vaticano como asesor para reforzar sus «instrumentos de lucha en contra de los crímenes financieros».

En realidad, aunque de forma informal y sin publicidad, Brülhart había empezado a colaborar con la Santa Sede desde diciembre de 2011, cuando la Secretaría de Estado, en pocas semanas, cambió la ley antireciclaje para adecuarse a las peticiones de Moneyval.

Estos cambios, fijados en la nueva ley que fue promulgada en enero de 2012, fueron el objeto de un debate interno que protagonizaron el cardenal Attilio Nicora, presidente de la AIF (Autoridad de Información Financiera) y el entonces presidente del IOR, Ettore Gotti Tedeschi, ambos preocupados por las nuevas funciones del organismo de control antireciclaje.

En el informe de Moneyval, que fue publicado en julio, los expertos de Estrasburgo, además de apreciar los pasos que había dado el Vaticano, se daban algunas indicaciones. En particular, «la base legislativa para la vigilancia debe reforzarse aún más.

Los evaluadores consideraron que hay una falta de claridad entre el papel, las responsabilidades, la autoridad, los poderes y la independencia de la AIF, la autoridad financiera creada por el Vaticano para intervenir ante operaciones sospechosas o el tránsito de dinero de proveniencia dudosa».

Además, observaban los expertos, «no ha habido ninguna inspección “in loco”, como tampoco ninguna prueba de los archivos de los clientes» del IOR. Por ello, habían recomendado con insistencia que «el Instituto para las Obras Religiosas se someta en el proximo futuro a la vigilancia prudencial de un supervisor independiente y que este último aplique los requisitos de confiabilidad y de rectitud en el “senior management” de las instituciones financieras».

Brülhart ha asumido un papel cada vez más importante, aligerando el trabajo que hasta entonces hacía el abogado estadounidense Jeffrey Lena, involucrado desde el principio en el equipo de la Secretaría de Estado que se encargó de cambiar la ley antireciclaje.

Según “The Economist”, Brülhart tiene dos objetivos: construir una FIU, es decir una Unidad de Inteligencia Financiera con la preparación adecuada, que sea capaz de investigar las transacciones sospechosas de dinero. El segundo, el de «crear una autoridad de supervisión que sea verdaderamente independiente para la Banca vaticana y la Administración del Patrimonio de la Santa Sede», dado que la AIF, con la normativa en vigor actualmente, no tiene «el poder legal ni la necesaria independencia para monitorear y sancionar» a las instituciones vaticanas que se ocupan de las finanzas y del patrimonio.

En el Vaticano aseguran que no se está pensando en la creación de un nuevo organismo, aunque la idea ya había sido tomada en consideración hace diez meses. Pero se está trabajando para responder de forma adecuada a las peticiones de Moneyval.

Hace algunas semanas llegaron al Vaticano algunas rogatorias de la magistratura italiana que está investigando sobre transacciones sospechosas en las cuentas del IOR. A pesar de la introducción de las normativas antireciclaje y las garantías que dieron los dirigentes del Instituto sobre el hecho de que no existen cuentas anónimas en la banca vaticana, las investigaciones indican que el reciclaje puede pasar mediante algunas cuentas no anónimas a nombre de algunos sacerdotes o religiosos que caen en ciertos engaños o que se muestran demasiado complacientes. Este problema existe en las bancas de cualquier estado, pero se vuelve particularmente embarazoso en un estado «sui géneris» como el del Vaticano.

El recorrido hacia la transparencia financiera lo ha impulsado con fuerza Benedicto XVI, pero no es un recorrido fácil, a pesar del compromiso del joven ayudante “Desu ex machina” suizo que está ayudando a la Santa Sede. Y es dificil incluso porque se han multiplicado, después de los acontecimientos de los últimos meses, los rumores de los que dentro de la Iglesia se preguntan si es verdaderamente necesario que se mantenga con vida una institución como el IOR actualmente en el Vaticano.

Por ahora, nada parece indicar que llegará dentro de poco el sucesor de Ettore Gotti Tedeschi, clamorosamente despedido en mayo con un trato sin precedentes en la historia reciente de la Santa Sede.

«No hay prisa, no es necesario hacer las cosas con prisa», aseguran fuentes atuorizadas del Vaticano. Lo que se “filtra” desde los palacios sacros es que el nuevo presidente del IOR no será italiano, aunque tampoco estadounidense: es probable la candidatura de un alemán, el actual vicepresidente, que se está haciendo cargo de la gestión en lugar de Gotti Tedeschi, Ronald Hermann Schmitz, de 47 años. Antes de Navidad debería llegar alguna noticia.

El proceso para seleccionar al nuevo presidente parece muy cuidadoso, pues hay un enorme interés al respecto y por la notalbe atención que las autoridades de la Secretaría de Estado le dedican. Lo que es cierto es que la falta de un nuevo presidente a 5 meses de distancia del despido de Gotti Tedeschi indica que su sustitución no es una necesidad imperiosa y que la gestión de la banca, que está en manos del “board” del IOR y del director general del Instituto, Paolo Cipriani, está garantizada de forma satisfaciente.