En un artículo publicado hoy en el diario L´ Osservatore Romano, el historiador español Vicente Cárcel Ortí da a conocer que después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI escribió al general Franco" para rever las relaciones entre la Santa Sede y España", lo que significaba la revisión del Concordato de 1953 y, antes, la renuncia del Estado español al "privilegio de presentación de obispos".

En el artículo titulado "A Dios lo que es de Dios", Cárcel Ortí señala que, pese a que la intención del Vaticano en aquel momento era la de solo eliminar tal rol del estado español en materia de nombramiento de obispos, "el Gobierno pretendía la negociación global de un nuevo concordato".

El historiador revela la reacción primera de Franco ante las petición y las posteriores epístolas entre él y el Papa Montini.

El problema no se resolvió sino eh julio de 1976, cuando el Rey Juan Carlos I renunció definitivamente al privilegio de intervenir en los nombramientos de obispos.

A continuación reproducimos el artículo completo:

"A Dios lo que es de Dios"
Monseñor Montini había seguido desde la Secretaría de Estado la negociación formal del concordato de 1953 con España; un concordato insostenible tras el Vaticano II. Por ello, dos años y medio después de la clausura del Concilio comenzaron por iniciativa de Pablo VI las primeras gestiones para una revisión profunda del texto concordatario. El primer gesto lo hizo el mismo Papa cuando pidió por escrito al general Franco, el 28 de abril de 1968, que renunciara al privilegio de presentación de los obispos antes de la posible revisión concordataria dejando a la Santa Sede libertad para tales nombramientos sin observar los vínculos hasta entonces existentes. El Vaticano no quería de momento más que conseguir la renuncia al privilegio de presentación, pero el Gobierno pretendía la negociación global de un nuevo concordato.

En su carta, Pablo VI recordaba el ruego del Concilio a los Gobiernos para que renunciasen a los privilegios en materia de designación de obispos. Los que España tenía en legítima posesión le fueron concedidos por los grandes méritos religiosos de la nación, pero ya no correspondían al espíritu ni a las exigencias de los tiempos. El Papa, convencido de interpretar los verdaderos intereses de España, no menos que los de la Iglesia Católica, proponía al Jefe del Estado y al Gobierno Español que renunciaran a tales privilegios antes de una posible revisión del Concordato y aseguraba que la Santa Sede, al hacer los nombramientos episcopales, no tendría otras miras que los de la prosperidad religiosa y espiritual cada vez mayor de la nación; y que, en todo caso, se comprometía a notificar previamente y reservadamente al Jefe del Estado o al Gobierno el nombre del designado para el cargo de obispo residencial, a fin de saber si no tenían que oponer al mismo objeciones precisas de carácter político general. Terminaba testimoniando al Jefe del Estado el debido aprecio por la gran obra que había llevado a cabo en favor de la prosperidad material y moral de la Nación española.

Esta carta le fue entregada personalmente a Franco por el nuncio Dadaglio el sábado 4 de mayo a las 11 de la mañana en la residencia del Pardo. Franco no esperaba esta visita y desconocía su motivo. "Lo que se me pide es sumamente grave" dijo. "Como Jefe del Estado, en conciencia, tengo el deber de garantizar la paz espiritual y el bienestar del país". Franco dijo al nuncio que el Vaticano no conocía España, no entendía a España, y la maltrataba a España", y añadió: "Los adversarios del Gobierno son bien recibidos y están en contacto con el Vaticano, mientras en Madrid procuran influir sobre los nuncios apenas llegan al país". Franco se preguntó por qué España debía ser la primera la primera nación que renunciara a este privilegio secular de los nombramientos de obispos. Fue conversación difícil y polémica la que mantuvo con el nuncio; duró una media hora y en ella el general estuvo siempre a la defensiva diciendo que si el Estado había recibido este privilegio muchos más había dado él a la Iglesia; lamentó las trasmisiones de la Radio Vaticana con actitud hostil contra España y que numerosos sacerdotes fueran fautores de desórdenes.

El 12 de junio de 1968, Franco respondió a Pablo VI, diciéndole que su carta había merecido por su parte la más filial acogida y detenida reflexión; y que, la reiteración del ruego del Concilio Vaticano II encontraba un inmediato eco en su ánimo de fiel hijo de la Iglesia, sin olvidar aquellos imperativos de orden legal y político que atañían a su deber y responsabilidad de gobernante. Señalaba que el antiguo derecho de presentación fue modificado en su esencia en 1941 al transformar en un verdadero sistema de negociación, incorporado luego al Concordato de 1953, dentro de un contexto jurídico que establecía recíprocos derechos y obligaciones; y que tal sistema había sido compatible con la libertad de la Iglesia. Por otra parte, siendo dicho procedimiento parte fundamental de un pacto solemne entre la Santa Sede y el Estado Español, cualquier modificación necesitaba, además de la aprobación del Gobierno, el concurso de las Cortes. En cuanto a la opinión pública, indicaba que no aprobaría una renuncia unilateral sin que al mismo tiempo se resolviesen otros puntos que, siguiendo las orientaciones de la Gaudium et Spes, pudieran constituir impedimento para el testimonio cristiano que reclamaba la sensibilidad del mundo en aquel tiempo. Comunicaba que estaba dispuesto a llegar a una revisión de todos los privilegios de ambas potestades dentro del espíritu de la Constitución conciliar y en consonancia con la declaración del Episcopado español a este propósito. Terminaba agradeciendo las palabras dedicadas por Su Santidad a la labor realizada por sus Gobiernos desde el día en que él hubo de tomar las armas, como último recurso para detener la disolución misma de la sociedad civil y para “defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la Religión”, en frase del Papa Pío XI.

Siguieron después seis años de silencio total sobre este asunto y de dificultades cada vez mayores por parte del Gobierno para los nombramientos de obispos. Algunas diócesis importantes estuvieron vacantes muchos años. Por ejemplo, Valencia estuvo casi tres años, desde noviembre 1966 (renuncia de Marcelino Olaechea) hasta septiembre de 1969 (llegada del siervo de Dios José María García Lahiguera).

El 29 de diciembre de 1972, Franco volvió a escribir a Pablo VI una extensa carta confiándole ciertas graves preocupaciones que se referían a la situación espiritual del pueblo español y a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y le pidió que desde la jerarquía de la Iglesia se combatiera con medios eficaces a algunos eclesiásticos y a ciertas organizaciones, que se llamaban apostólicas, pero convertían a la Iglesia en instrumento de acción política.

Denunciaba también el Jefe del Estado “ciertas indudables extralimitaciones de la Conferencia Episcopal, porque es una realidad que algunos de sus miembros sienten hoy una irreprimible tentación de dedicar su actividad a materias que no les competen, y de las que normalmente sólo tienen un conocimiento superficial, sin que de ello se derive a mi entender beneficio para las almas, antes al contrario, detrimento de la deseable concordia en las relacio nes de la jerarquía con el gobierno. Por contraste, la actitud del Estado español respecto a la Iglesia no puede ser más correcta ni más clara; pero no puede el Estado defender a la Iglesia de sus propias divisiones internas, hoy tan marcadas. Me doy cuenta, Santísimo Padre, de que problemas como los que relato, y que quizá no sean plenamente conocidos por Vuestra Santidad, puedan afligir dolorosa mente Vuestro corazón. Yo también debo con frecuencia contener mi amargura ante muestras de ingratitud de eclesiásticos de diversas categorías, a pesar de los servicios prestados a la Iglesia por los gobiernos españoles”.

Esta carta le fue entregada personalmente al Papa por el ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, el 12 de enero de 1973, juntamente con otros numerosos documentos. Pero la respuesta del pontífice tardó en llegar más de medio año, el 31 de julio de 1973.
Pablo VI dijo en la respuesta que durante el año 1972, con ocasión de la visita ad limina, había recibido a muchos obispos españoles, examinando sus relaciones sobre el estado de las respectivas diócesis, escuchándoles y preguntándoles.“Hemos podido comprobar – dijo - el esfuerzo generoso que el Episcopado español está poniendo en la renovación, para dar una respuesta adecuada a los problemas pastorales planteados por los profundos cambios de la sociedad, según las características del país”.

Pablo VI deseaba que, en armonía con los principios del Concilio, la Iglesia pudiera cooperar con el Estado al bien común del pueblo español y le aseguró que la Santa Sede no interferiría, por su parte, en la soberanía y autonomía del Estado. Pero la preocupación más apremiante en esos momentos para el Papa era la de las diócesis todavía vacantes. Sin embrago, esta situación no pudo resolverse definitivamente hasta julio de 1976, cuando el Rey Juan Carlos I renunció definitivamente al privilegio de intervenir en los nombramientos de obispos.