La Santa Sede desmintió haber solicitado a los obispos irlandeses que no dieran a conocer a la policía los casos de supuestos abusos de menores por parte de sacerdotes. Esto, luego de que la televisora local RTE, y difundida después por varios medios comunicación, hiciera pública la noticia de una carta de 1997 donde supuestamente se hace dicha solicitud.

El director de la Sala de Prensa del Vaticano, el sacerdote Federico Lombardi, refutó a través de un extenso y detallado comunicado la información al respecto, calificándola de "tendenciosa".

En la nota vaticana, Lombardi afirma que la carta "no pide encubrir ni silenciar nada, ni comenta nada sobre ocultar pederastas a las autoridades civiles. El texto sólo afirma que: ´la situación de "informar obligatoriamente" [a la policía de meros sospechosos] plantea serias reservas de naturaleza moral y canónica´. Ni prohíbe investigar, ni informar a las autoridades de casos bien fundados, ni prohíbe tomar medidas a los obispos... sólo plantea "reservas morales y canónicas".

En el curso de un programa televisivo en Irlanda se hizo referencia a una carta escrita por el entonces nuncio en Irlanda, Luciano Sotero, a los miembros de la conferencia episcopal en 1997. Esa fue presentada en modo tendencioso por algunos medios de comunicación como prueba de una indicación, de parte vaticana, de cobertura de casos de abuso sexual contra menores.
La carta -escrita en base a indicaciones de la Congregación para el Clero- se refiere a un documento específico de estudio de un comité de obispos irlandeses y pone de relieve los aspectos problemáticos, indicando la necesidad de una profundización que tuviera en cuenta también situaciones análogas en otros países y que fuera conducido en diálogo y colaboración con las conferencias episcopales de los países involucrados.
Es necesario, ante todo, hacer notar que la carta no dice en modo alguno que no deban ser respetadas las leyes en vigor en el país.

Además la carta insiste justamente en el hecho que es importante que la legislación canónica sea siempre respetada, precisamente para evitar que los culpables tengan motivo fundados para un recurso y obteniendo, por lo tanto, el resultado contrario al deseado.
Es necesario finalmente recordar que la carta fue escrita en un tiempo precedente a las normas de 2001 y a aquella unificación de las competencias en la materia bajo la jurisdicción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha ciertamente ayudado a la claridad de los ordenamientos y a la eficacia de los procesos.
El contexto de la carta de 1997
 
En 1996 los obispos irlandeses hicieron llegar a Roma sus nuevas normativas (de 1996) para luchar contra los abusos sexuales a menores. En esas normas se decía: "en todos los casos en que se sepa o sospeche que un niño haya sido, o esté siendo, abusado sexualmente por un sacerdote o religioso, el caso deberá ser comunicado a las autoridades civiles" (lo mismo se aplicaba a casos de adultos comentando abusos en su infancia). La norma decía también: "debe informarse sin demora al oficial de policiía", y añadía que si el denunciante pedía confidencialidad y privacidad (por ejemplo, cuando el caso había pasado décadas atrás, quizá con el culpable ya muerto y no queriendo alarmar a parientes o familiares) "aún así, no se debe dar confidencialidad absoluta, sino que expresamente hay que explicar esta política de informar".
 
Estas nuevas normas de 1996 de los obispos irlandeses, que implicaban denunciar a personas sólo porque "se sospeche", e incluso contra la voluntad del denunciante y eliminaban el derecho a la confidencialidad (normas que ni la ley irlandesa establecía, ni la de muchos países tampoco) no encajaban con el derecho canónico de 1983. Muchos pederastas reales podían utilizar a Roma declarando defectos en el proceso, y muchos acusados inocentes podían ver su nombre ensuciado sin derecho a ninguna defensa, por un mero rumor o chismorreo. 
 
La carta tergiversada por la prensa 
La respuesta llegó a través del Nuncio para Irlanda, Luciano Storero, en enero de 1997: es la carta que se ha hecho famosa ahora. Aunque Associated Press y muchos medios que han copiado su comunicado afirman que "Storero pidió a los dirigentes eclesiásticos abstenerse de cooperar con la policía", la realidad no tiene nada que ver.
 
Por un lado, muchos aspectos del documento de 1996 de los obispos chirriaban con el Código de Derecho Canónico: un caso juzgado en Irlanda podía apelar a Roma, y en Roma ser absuelto por mil defectos de forma. Por eso, la carta de Storero (quien se limita a transmitir un recado de la Congregación para el Clero), dice: "la Congregación desea enfatizar que el documento ha de conformarse según las normas canónicas actuales". No es una situación muy distinta a si una autonomía española crea una ley de delación y detención rápida de sospechosos de pederastia y un órgano consultivo dictaminase, con carácter previo, que no es constitucional.
 
El texto de Storero no dice "que se silencien los casos de pederastia porque podrían resultar vergonzosos e ir en detrimento de la Iglesia". Lo que dice es que si se aplica la nueva normativa irlandesa y se producen recursos canónicos hasta Roma (acusados que defiendan su inocencia), muchos juicios irlandeses podrían verse anulados y "los resultados podrían resultar vergonzosos e ir en detrimento de las autoridades diocesanas".
 
El caos de competencias antes de 2001 
Por otro lado, la Congregación para el Clero sólo podía hacer sugerencias en 1997, porque no tenía la competencia sobre los casos de pederastia. La verdadera competencia correspondía a cada obispo, que debía usar el Código de 1983. Pero ya en 1997 se veía que esta fórmula no funcionaba: muchos obispos se desentendían o no querían usar el Derecho Canónico o querían pasar sus casos escabrosos "a quien sea en Roma".
 
Por eso, la carta de Storero explica a la jerarquía irlandesa que ya entonces la Congregación del Clero estaba estudiando a nivel global los casos de abusos en distintos países anglohablantes para, "en el momento adecuado, con la colaboración de las conferencias episcopales interesadas" establecer "directivas concretas respecto a estas políticas".
 
Es decir, en 1997 se buscaba una normativa común y eficaz para todos estos países: llegó en 2001, cuando se estableció que todos los casos de abusos a menores (con causa fundada, después de una investigación diocesana) debían comunicarse a la Congregación de Doctrina de la Fe, es decir, al cardenal Joseph Ratzinger, que antes de esa fecha no tenía apenas competencias en este tema. Desde que Roma centralizó los casos y la normativa en 2001, pudo darse cuenta de la gravedad del asunto y la ineficacia de las políticas locales o regionales previas.
 
Por último, la carta de Storero no pide encubrir ni silenciar nada, ni comenta nada sobre ocultar pederastas a las autoridades civiles. El texto sólo afirma que: "la situación de "informar obligatoriamente" [a la policía de meros sospechosos] plantea serias reservas de naturaleza moral y canónica". Ni prohíbe investigar, ni informar a las autoridades de casos buen fundados, ni prohíbe tomar medidas a los obispos... sólo plantea "reservas morales y canónicas".