El mero hecho de que en Murcia pueda aplicarse el “pin parental” después de que se aceptara la propuesta de Vox para aprobar los presupuestos de esta comunidad autónoma ha desatado una polémica de una considerable dimensión.

El Gobierno ha salido en tromba, empezando por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y seguido por las ministras de Educación, Isabel Celaá, y de Igualdad, Irene Montero, y seguidos por el Partido Socialista y Podemos, para arremeter contra la libertad de los padres a educar a sus hijos tal y como consagra la Constitución Española.

El  artículo 27.3 de la Constitución Española afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

"No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres"

Pese a ello, la ministra de Educación afirmó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el pin parental “vulnera el derecho fundamental a la educación, que pertenece a cada persona desde su nacimiento”. E incluso llegó a afirmar que “no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres”.

Por otro lado, frente al pin parental se está desinformando sobre su significado cuando básicamente consiste en avisar a los padres con antelación de que personas, externas al centro escolar, acude a las aulas a dar charlas o talleres, y así pedir la aprobación expresa de los padres. Es decir, no influye en el contenido curricular sino fuera de currículo.

Entre otras cosas se quiere evitar, como ya está sucediendo en distintas comunidades autónomas, que distintas asociaciones feministas radicales y proLGTB den charlas como esta de La Rioja, donde una de las ponentes comentaba a los padres de los niños: “Que haya dos niños, dos niñas, un niño y una niña, y hay uno chupándole los genitales a otros. Es una práctica muy adulta. Dentro de los juegos infantiles es bastante, bastante frecuente. Profesores de infantil, en su día a día, se lo han encontrado".

La reacción de la Iglesia

Ante esta polémica también se han manifestado ya varios obispos, como por ejemplo el de San Sebastián, José Ignacio Munilla, y el auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, que es también secretario general de la Conferencia Episcopal Española.

Munilla, como ya es costumbre, comentó este ataque a la patria potestad de los padres a través de las redes sociales.  Y junto al vídeo con las declaraciones de Celaá afirma el obispo: “Caminamos hacia la ‘estadolatría’, hacia la cada vez mayor intromisión del Estado en la vida de la familia”. Y para acabar cita a Chesterton: “Cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en dios”.

Por su parte, monseñor Luis Argüello indicó también a través de Twitter que “los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado!”, como “tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos cosas”.

“Hoy se propone el ideal del individuo desvinculado. Sin vínculos, más autónomo y más libre, para ‘decidir sobre todo’. La desvinculación nos debilita frente al PODER que viene en ayuda de nuestra debilidad para decidir por nosotros.  Eso sí, nos ofrece algunas migajas: decidir en el supermercado, navegar por la red y, sobre todo, decisiones sentimentales o populistas que generan dependencias y desvinculan. El totalitarismo ha aprendido a elogiar al individuo para someterlo más fácilmente. La familia y ‘la familia de familias’ estorban”, añade el prelado vallisoletano.

En 2016 dos periodistas de ReL y el sacerdote encargado de comunicación de la diócesis de Getafe acudieron a una charla de activistas transexuales en un colegio público de Ciempozuelos (región de Madrid); esto fue lo que vieron...  y las familias tienen derecho a conocer este adoctrinamiento de género... y evitárselo a sus hijos