¿Es un signo de los tiempos que llegan a España, una declaración de guerra, una provocación? "Parece que el PSOE se siente fuerte para hacer un ataque directo a la enseñanza concertada", explica a ReL Rafael Sánchez Saus, director del congreso Católicos y Vida Pública sobre libertad educativa. 

La ministra española de Educación, la socialista Isabel Celaá, ha causado revuelo y estupor este jueves (léalo aquí) al acudir precisamente al Congreso de Escuelas Católicas a afirmar, ante más de 2.000 profesores de centros concertados, que "la libertad de los padres para elegir tipo de centro no emana del artículo 27 de la Constitución" y que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza". Cuando dijo esto, se escuchó el revuelo en la sala. 

Para decir que la libertad de elección de centro no emana de la Constitución se ha remitido a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, pero muchos expertos han señalado que esa sentencia queda superada por otras posteriores y que leyes socialistas como la la LODE (1985) o la LOE (2006) reconocen el derecho de los padres a elegir centro (la primera en su artículo 4.b. y la segunda en el artículo 84.1., detalla el diario ABC).

Tendrá eco en el congreso sobre Libertad Educativa

El historiador Rafael Sánchez Saus explica a ReL que este viernes, 15 de noviembre, muchos querrán comentar esta escena al empezar el Congreso Católicos y Vida Pública, que dirige Sánchez Saus, convoca la Asociación Católica de Propagandistas y trata este año de la libertad educativa. "La Jornada empieza este viernes por la tarde con una ponencia de Jaime Mayor Oreja sobre libertad de educación, y él suele responder a la actualidad. Y después el Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, tendrá que explicar o defender lo que ha dicho su jefa en una mesa con representantes del PP, Ciudadanos y Vox", adelanta Sánchez Saus.

Rafael Sánchez Saus, historiador, dirige el congreso Católicos y Vida Pública
sobre "Libertad para educar, libertad para elegir"

"Varias veces después de 1981 el Tribunal Constitucional ha afirmado que la libertad de educación en España incluye específicamente el derecho de los padres a escoger el centro de los hijos. Si los padres no pudieran escoger el centro, ¿qué podrían escoger?", señala Sánchez Saus. "Asombra que una ministra de educación vaya a un congreso ante 2.000 responsables de educación católica para hacer esas declaraciones con todo desparpajo", añade.

En su opinión, "durante años el Partido Socialista ha ido transigiendo con la situación actual pero ahora parece que se siente fuerte para hacer un ataque directo a la enseñanza concertada".

De base, denuncia, los enemigos de la concertada mantienen una tesis: que educar niños o jóvenes es cosa del Estado, y no de familias o de otras entidades intermedias. Además, aprovechan que las órdenes religiosas, que durante siglos gestionaron e impulsaron escuelas, están hoy en una profunda crisis. "Y hoy muchos repiten -y no sólo en foros de izquierda- que 'quien quiera otra educación distinta a la Estatal que se la pague de su bolsillo'. Esta mentalidad erosiona el derecho de las familias a elegir".

Sánchez Saus señala que "la AcdP está este año en campaña para concienciar a los ciudadanos de que la libertad educativa es importante y se basa en el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Si en las familias y la sociedad se implanta la idea de que es el Estado quien arbitra todo en la educación, desaparecerá esa libertad".

"Nos afecta a todos, es el Estado contra las familias"

Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda y los colegios Juan Pablo II, explica a ReligionEnLibertad que "el tema de la libertad para elegir centro afecta a todas las familias y a toda la sociedad española. Alguien puede decir: 'no me afecta, porque mis hijos van a un colegio público que está bien'. Pero quizá mañana ese colegio deje de estar bien y no te dejen sacar a tu hijo. O a tus nietos. O tu hijo está bien, pero la futura novia de tu hijo no está en un buen colegio. Es un ataque contra la institución de la familia, contra sus derechos, y las familias deberían asociarse y protestar ahora. Quizá mañana ya no se permita".

Corvera cree que que hubo un cambio claro en el PSOE durante la presidencia de Rodríguez Zapatero, de 2004 a 2011, "en una línea marxista". "Primero buscaron la asfixia financiera de las escuelas concertadas, con infrafinanciación. Como aún se resistía, presionaron a las familias diciendo que sus donaciones a escuelas no desgravarían. Después, en Valencia, vemos que Compromís implanta la guardería pública gratuita para acabar con las guarderías privadas y asegurarse que todos esos niños entren en el circuito escolar público. Como, pese a todos, los padres 'eligen mal' y siguen eligiendo concertada, el Papá Estado se arroga el derecho a elegir escuela él para nuestros hijos", detalla Corvera.

Juan Carlos Corvera, de la Fundación Educatio Servanda 
y los colegios Juan Pablo II

La estrategia de Celaá no sería novedosa ni secreta. "Ya lo anunció en su primer discurso como ministra: va a eliminar el punto 109.2 de la LOMCE, que es el que dice que los padres eligen, que se elige según la 'demanda social'. Si quitas la frase 'demanda social', queda que elige primero el Estado, que decidirá llenar ante todo las escuelas públicas. Solo si están llenas, harán caso las familias que queden".

Pero no es un tema técnico ni logístico, sino de principios, detalla Corvera. "No es que haya una lucha entre escuela pública y concertada; lo que hay ahora es una lucha del Estado por ocupar el espacio de las familias. La ley, hoy por hoy, dice que elige la familia, eso no les gusta, quieren que sea la familia algo subsidiario, secundario al Estado. Y se saltarán la Constitución y lo que haga falta, parece".

Recuerda que el sistema de escuela concertada en España es peculiar, distinto a las realidades de muchos países, y cubre a casi uno de cada 3 alumnos. "Emana del artículo 27 de la Constitución, que sigue muy de cerca la Carta de Derechos Humanos sobre educación, y que fue la base del gobierno socialista de Felipe González para establecer el sistema de conciertos. Ahora, este gobierno se lo quiere cargar. No quieren tanto una escuela 'publica' como una escuela 'Estatal'. Y no dejar elegir a las familias es totalitario".

"Ha sido voluntario, consciente y premeditado"

Mientras tanto, entre las personalidades que han valorado públicamente la ponencia de la ministra Celaá está su anfitrión en el encuentro, el secretario general de Escuelas Católicas, José Mª Alvira, que declaró al digital especializado en enseñanza Magisnet que "no era el momento para hablar de ese tema y desde el punto de vista jurídico y político lo que ha dicho es muy discutible y yo creo que no tiene razón”.

José María Alvira, de Escuelas Católicas, que agrupa a 2.000 escuelas, 1,2 millones de alumnos y el 15% de la escolarización en España

Alvira niega que las palabras de la ministra fueran un “error”, y asegura que fue “voluntario, consciente y premeditado”. El objetivo, según Alvira, sería ir “creando un relato y un estado de ánimo en la sociedad española que justifiquen de alguna manera la ley que piensan hacer, donde se pretende que desaparezca la 'demanda social' ”. “Se invoca la demanda social para muchas leyes y para tomar muchas medidas políticas y, cuando se llega a la Educación, a la libertad de enseñanza, la demanda social está muy mal para algunos, o sea, negación de la libertad”, protesta Alvira.

Respecto a un posible Gobierno de coalición con Unidas Podemos, Alvira dice que le produce “inquietud” pues es un partido que está “en contra de la libertad de enseñanza”. “Esperemos que no esté en contra de otras libertades porque se empieza por negar la libertad de enseñanza y se acaban negando otras libertades”, ha advertido.

Por su parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha declarado a Europa Press que si las palabras de la ministra no han sido un «lapsus», supondría «un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas comunes y un desarrollo conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social, en el espacio público que las Administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los Tratados internacionales firmados por el Estado», ha subrayado