El pasado 12 de febrero el Congreso de los Diputados daba luz verde al proyecto de ley para regular la eutanasia en España y lo hacía por 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones. Este proyecto se convirtió en una de las primeras medidas llevadas a cabo por el nuevo Ejecutivo de PSOE y Podemos, que incluyeron esta ley como una prioridad absoluta en su acuerdo de gobierno.
Pero cuando tocaba proseguir con la tramitación parlamentaria de una ley “urgente”, según el Gobierno, entonces llegó el coronavirus, y con la devastadora actuación del virus todo en el país se paralizó. En España, son ya más de 20.000 los muertos oficiales, más otros 11.000 en residencias y domicilios así como cientos de miles de diagnosticados. El país está en estado de alarma, la población vive confinada y la economía está prácticamente paralizada. Y mientras la crisis sanitaria ha puesto en jaque al Estado la crisis económica que se deriva de la pandemia amenaza con hundir al país en el paro y la pobreza para millones de familias.
Tramitar la eutanasia en pleno estado de alarma
Pese al monstruoso número de muertos que está provocando la pandemia el Gobierno de España considera urgente aprobar una ley para provocar “legalmente” más muertes y ni el coronavirus ha conseguido modificar la estrategia política e ideológica de la coalición PSOE-Podemos con respecto a la eutanasia.
Aunque el Congreso funciona bajo mínimos el calendario parlamentario de la ley de Eutanasia sigue su curso para ser aprobado cuanto antes. El pasado viernes 17 de abril vencía el plazo para la presentación de enmiendas parciales a esta norma por parte de los diferentes grupos políticos.
Sin embargo, el PSOE decidió ampliar este plazo hasta este miércoles 22 lo que implica, según informa al diario La Razón, que el Gobierno tiene la intención de seguir adelante con la tramitación del texto mientras España está sumida en esta crisis histórica y con el número de muertes disparado.
La extrañeza de los partidos
España vive un tiempo excepcional y el Congreso se está reuniendo únicamente para tratar temas de carácter urgente como la ampliación del estado de alarma y medidas a luchar contra la acción del virus. Por ello, fuentes parlamentarias han explicado a dicho diario su extrañeza de que el grupo parlamentario socialista siga adelante con la tramitación de la norma cuando cada día están muriendo en España cientos de personas por el virus.
En circunstancias normales las enmiendas parciales deberán revisarse en la Comisión de Justicia para después pasar al Pleno si antes no se crea una ponencia para que la opinión de los expertos pueda quedar plasmada. Posteriormente debería pasar al Senado para su vuelta posterior al Congreso para su aprobación definitiva.
Estos trámites se hacen prácticamente imposibles a no ser que el Gobierno se empeñe en realizarlos ante la “urgencia” de su aprobación. De hecho, distintos medios de comunicación cercanos a los partidos de gobierno se lamentaban de que el coronavirus había frenado estas iniciativas tan necesarias.
"No existen razones de urgencia" para seguir la tramitación
Ante estas circunstancias distintas organizaciones se están manifestando contra el intento de aprovechar el estado de alarma para acelerar la legalización de la eutanasia. La Asociación Española de Abogados Cristianos ha pedido al Congreso la extensión del periodo de enmiendas hasta que se normalice la situación “dadas las especiales circunstancias que atraviesa la Nación, que han motivado la alteración de las funciones y trabajos del parlamento”.
Además, recalcan que “no existen razones de urgencia que puedan aconsejar su finalización y teniendo en cuenta la prioridad absoluta de la protección de la salud y de la vida de la población”.
"Lo urgente ahora es salvar vidas"
De este modo, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “este gobierno está tratando de sacar adelante la Eutanasia” pese a los miles de muertos provocados por el coronavirus. En su opinión, “lo urgente es salvar vidas, no acabar con ellas” por lo que “no se puede legislar por la espalda, con una sociedad confinada y un parlamento que no puede controlar al gobierno”.
Castellanos afirma: “Estamos perdiendo miles y miles de vidas por culpa del coronavirus, estamos viendo cómo nuestros héroes sanitarios se sacrifican día a día para atender a los enfermos, pero Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sólo piensan en acelerar el número de muertes acortando los plazos para aprobar la Ley de la Eutanasia. El gobierno no puede aprovechar la crisis del coronavirus para impulsar su agenda pro-eutanasia”.
Un llamamiento para convencer a al menos quince diputados
Por su parte, la Plataforma Los 7000, que engloba a organizaciones como e-cristians, la ACDP, el Foro de la Familia, One of Us o la Fundación Jérôme Lejeune, entre muchas otras, ha escrito a los diputados del Congreso para pedir la suspensión del proyecto de ley sobre la eutanasia hasta disponer de un plan de atenciones paliativas para el conjunto de la población.
“Nos dirigimos a usted apelando a su responsabilidad personal, para que obrando en conciencia y de acuerdo con otros diputados de su mismo grupo y de otros, y de acuerdo con el reglamento del Congreso, solicite la suspensión del procedimiento de aprobación del proyecto de ley sobre la eutanasia. Para ello y según el artículo de dicho reglamento basta con 15 diputados para que la petición sea debatida”, dice la misiva enviada a los parlamentarios.
Por qué detener el procedimiento en curso
Estos son los argumentos que muestran a los diputados para detener el procedimiento en curso:
Las razones para detener el procedimiento en curso son abrumadoras:
1. El Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa, presentado en el XVI Congreso Mundial EAPC 2019 en Berlín, describe la pésima situación de España. Solo se dispone de 0,6 servicios especializados por cada 100.000 habitantes, cuando la cifra razonable debería más que triplicarse, hasta los 2 servicios. España cuenta con 260 recursos específicos, por los 570 de Italia, o los 587 de Polonia, un país con menor población y PIB. Estamos situados al mismo nivel que Georgia o Moldavia.
2. De acuerdo con los datos publicados por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), cada año mueren en España más de 80.000 personas que no pueden recibir al final de la vida las atenciones paliativas. En los próximos 10 años cerca de un millón de ciudadanos morirán condenados al sufrimiento por falta de esta atención médica especializada.
3. En España hay 250.000 personas en la lista de espera de la dependencia muchas de ellas en situaciones severas y dolorosas de discapacidad.
4. 2,5 millones de personas viven en condiciones de pobreza severa que condiciona todas sus vidas y las deja inermes ante el dolor y el sufrimiento.
5. Más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas, sin que muchos cientos de miles no dispongan de la capacidad para ser autosuficientes en su vida cotidiana. De ellos 850.000 tienen 80 o más años y la gran mayoría son mujeres: 662.000, que viven en muchos casos en condiciones de indefensión extrema.
Más información sobre este tema en nuestra sección "Eutanasia".