Fundaciones privadas, entre las que destacan las de Georges Soros (Open Society) y la Fundación Ford, financian directamente a "expertos" del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que redacten informes y dictámenes en línea con la agenda ideológica de dichas fundaciones, que luego se presentan como recomendaciones independientes de Naciones Unidas. Tales recomendaciones son utilizadas posteriormente por los gobiernos y los tribunales internacionales para justificar sus decisiones.

Ésta es la conclusión de un importante estudio de 91 páginas realizado por el European Centre for Law and Justice (ECLJ) que dirige Grégor Puppinck. Él mismo es el autor, junto con Louis-Marie Bonneau.

Ya en otra investigación similar en febrero de 2020, el ECLJ desveló que el 22% de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen vínculos con ONG afines a Soros.

Grégor Puppinck es doctor en Derecho y acumula una larga experiencia de lucha por la vida, la familia y la libertad religiosa ante las instituciones europeas.

Con esta nueva aportación, el ECLJ pone de manifiesto que organismos internacionales supuestamente neutros respaldan posiciones ideológicas particulares como forma de influencia directa sobre la legislación de los Estados e indirecta sobre la opinión pública. Se presentan como juicios de autoridad independientes lo que no son sino intereses muchas veces sectarios al servicio del Gran Reinicio. Entre ellos, los intereses masónicos, según confesión de la propia Michelle Bachelet, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

¿Independientes?

El infome del ECLJ se ha basado en un seguimiento de al menos 26 millones de dólares en contribuciones directas anuales declaradas en Procedimientos Especiales: 26.026.360 dólares en 66 mandatos, más retribuciones desconocidas o en especie en 9 mandatos.

Financiación de los procedimientos especiales de la ONU entre 2015 y 2019: el 12,9% procede de donaciones voluntarias directas. Fuente: La financiación de los expertos de la ONU en los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Según explica el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los Procedimientos Especiales "son mandatos para presentar informes y asesorar sobre derechos humanos que ejecutan expertos independientes en la materia, desde una perspectiva temática o en relación con un país específico". Los "titulares nombrados", añade, "no perciben ninguna remuneración y son elegidos por un mandato de tres años, que puede ser prorrogado por otros tres años".

Entre 2015 y 2019, el 56% de los "mandatos" recibieron algún tipo de financiación privada. Los investigadores conversaron de forma directa con 28 de estos expertos en Procedimientos Especiales beneficiarios de las contribuciones. 

"La situación de los expertos varía enormemente", explica el ECLJ al presentar el informe: "Algunos no son financiados. Otros se resisten a las propuestas de financiación, y fueron los más interesados en nuestra investigación. Otros parecen aceptar financiación privada sin comprender por qué sería algo problemático. Y, finalmente, otros aceptan de buen grado cientos de miles de dólares para promover causas que comparten con las fundaciones financiadoras, aunque esas batallas ideológicas caigan fuera del ámbito de sus mandatos".

Lo que está claro es el sesgo ideológico: de los 222 Relatores de Procedimientos Especiales designados desde 2010, al menos 52 (el 23%) han ejercido ejercen cargos en las fundaciones de Soros o en las ONG financiadas por Open Society, y de ellos, 14 han tenido también o tienen aún responsabilidades en Amnistía Internacional.

"Modus operandi": un caso concreto

En el informe se sintetiza cuál es la operativa para la imposición de una agenda ideológica ajena a los intereses nacionales: "Generalmente, los organismos internacionales comparten la misma visión progresista global del futuro de la humanidad y luchan por llevarla a cabo. Los organismos internacionales, las grandes fundaciones y las ONG son similares y parecen ser complementarios. En efecto, las ONG 'llevan sobre el terreno' la actuación 'desconectada' de los organismos internacionales para que sea oportuna y eficaz e independiente de los gobiernos, y a cambio los organismos internacionales traducen los mensajes de las ONG en términos políticos e institucionales".

El ECJL cita un caso paradigmático de esta colusión de intereses.

La Fundación Open Society de Georges Soros pagó 100.000 dólares en 2017 al Center for Women's Global Leadership (CWGL, Centro para el Liderazgo Global de la Mujeres), una organización feminista vinculada a la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, para que influyese "sobre una Relatora Especial de Naciones Unidas en torno a las formas contemporáneas de esclavitud, sus causas y consecuencias", y con la finalidad de que dicha Relatora incluyese el trabajo doméstico como forma de esclavitud.

Al año siguiente, Urmila Bhoola, la Relatora Especial elegida (que figura en la tabla del ECLJ como receptora de un total de 120.205 dólares por dos "mandatos"), dedicó su informe temático anual, publicado el 27 de julio de 2018 con sello de la ONU, al "impacto de la esclavitud y la servidumbre de las trabajadoras migrantes marginadas en la economía doméstica global" y citó en él dos veces el tema deseado por el CWGL. Ella misma había invitado al CWGL a una mesa redonda de expertos celebrada el 11 y 12 de abril de 2018.

Organigrama de financiación de los Procedimientos Especiales por parte de organismos privados. Las fundaciones y ONG lo hacen directamente o a través de universidades u otras instituciones. Fuente: La financiación de los expertos de la ONU en los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

El informe final de Bhoola, que fue finalmente presentado ante la 73ª sesión de la Asamblea General de la ONU, citaba siete veces al CWGL. Para difundir el informe, el 26 de octubre de 2018 se organizó un acto público en el edificio de la ONU en Nueva York sobre "las dimensiones de género de las formas contemporáneas de esclavitud y tráfico de personas" en el que participaron el CWGL y la Relatora. Y el 8 de febrero de 2019 el CWGL publicó una entrevista con la Relatora para ofrecer detalles sobre el informe, el cual posteriormente condiciona las legislaciones nacionales.

Así, por ejemplo, el Gobierno español incorporará en la futura Ley Integral contra la Trata "las recomendaciones de los organismos internacionales, Naciones Unidas y Consejo de Europa" sobre la base de que "la trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género".

Ford y Open Society, las fundaciones más "generosas"

Las confluencias para este tipo de financiación son claras. Por un lado, geográfica y cultural: la mayor parte de los donantes se sitúan en Norteamérica, el Reino Unido, Australia y Suráfrica, y el 60% han enseñado en alguna universidad anglófona. Por otro, profesional: de los 222 expertos actuantes desde 2010, 135 (el 61%) son académicos. Que las universidades de habla inglesa son actualmente un territorio donde hay que someterse a la dictadura progre y al movimiento woke, so pena de marginación, censura o incluso violencia física no es ningún secreto y explica también el sesgo de su colaboración con las entidades globalistas.

Donantes privados que financiaron a Relatores de Procedimientos Especiales de la ONU. Fuente: La financiación de los expertos de la ONU en los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

La Fundación Ford y la Fundación Open Society de Soros son, con gran diferencia, las entidades privadas más "generosas" con los Relatores y los "mandatos" específicos de los Procedimientos Especiales.

Y eso se aprecia no solamente en las cuantías económicas, sino también en las "puertas giratorias" o trasvase de expertos.

Como en el caso de Fionnuala Ní Aoláin. Entre 2011 y 2018 fue directora del Programa para Mujer de la Fundación Open Society, y desde ese cargo le dio 7 millones de dólares al año a grupos feministas y proabortistas. En 2017 se convirtió en Relatora Especial para la "promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha antiterrorista". 

Melissa Upreti, vinculada al Center for Reproductive Rights, uno de los principales lobbys proabortistas del mundo, y jefa del Grupo de Trabajo de la ONU para Acabar con la Discriminación contra las Mujeres, fue contratada por el citado CWGL como directora de Programas y Defensa Global. "Esto significa que su posición en el CWGL influye en su posición en el grupo de trabajo de la ONU", señala el ECJL: "Esto es un ejemplo de una combinación problemática de funciones que pone en cuestión la exigencia de independencia de los Procedimientos Especiales".

Otros "expertos" que han actuado como Relatores para la ONU están vinculados al CWGL (financiado por Soros), como Yakin Erturk o Dubravka Simonovic, que fueron ambos Relatores Especiales sobre Violencia contra las Mujeres, o Pablo Bohoslavsky, que lo fue sobre deuda externa.

El poder mundial de un puñado de activistas

Lo que demuestra este nuevo informe Puppinck es que las instituciones internacionales (Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Consejo de Europa, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Tribunal Penal Internacional, etc.) reciben cada vez una financiación mayor por parte de agentes privados globales promotores de la ideología globalista, con Georges Soros y Bill Gates a la cabeza, y el covid como más reciente excusa.

Como muestra, el informe recoge algunas de las cantidades destinadas a organismos de la ONU en los últimos años:

-en 2017, más de 1000 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud;

-en 2019, 77,5 millones al Fondo de Población de Naciones Unidas;

-en 2020, 1500 millones de dólares a Unicef, 540 millones de dólares a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, 69 millones a la Unesco.

Lo que produce esta omnipresencia de fundaciones y ONG en descarada colusión con la ONU es, concluye el informe, una "privatización o 'secuestro' de los derechos humanos". Su sentido queda unívocamente determinado por "expertos que se comportan como activistas" y que mediante esa influencia en el Comité de Derechos Humanos revisten de autoridad sus criterios. Fabrican así la opinión pública y presionan a los gobiernos nacionales para convertir dichos criterios en legislación estatal.