La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella judicial contra altos cargos de la Generalitat valenciana por financiar una app destinada a que jóvenes de la región practiquen Chemsex. Se trata, según el Ministerio de Sanidad, de un tipo particular de consumo sexualizado de sustancias, vinculado a las prácticas homosexuales.

La querella realizada por los juristas acusa al director general de dicho organismo, Jesús Damián Martí, y así como a la Directora de Salud Pública, Ofelia Gimeno, de un delito contra la salud pública.

La acusación a la Dirección de Salud Pública se remite a la subvención de casi 5.500 euros al Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana otorgada por el organismo para desarrollar una "aplicación de contactos para HSH -hombres que tienen sexo con hombres- y usuarios Chemsex".

Abogados Cristianos también ha acusado al Instituto Valenciano de la Juventud por publicar una guía en la que se fomenta la práctica del Chemsex. Esta guía, además, difunde el que el organismo llama "nuestro mantra", que "todo está bien siempre que esté controlado. En el momento que se pierde la conciencia deja de ser una práctica segura".

En una publicación de Instagram del Instituto Valenciano de la Juventud, que fue retirada de la red social después de que generase abundantes polémicas en los medios, el organismo afirmó que "conocer a la persona que te proporciona las drogas puede darte cierta seguridad de que sean lo más puras posibles" e invitaba a "establecer límites antes de consumir como palabras de seguridad para que la práctica sea segura".

De este modo, el Instituto Valenciano de la Juventud no solo valida el consumo de drogas independientemente de que pueda ser o no seguro, sino que también lo recomienda hasta el momento de perder la conciencia. Así, no solo valoró la práctica del Chemsex como recomendable en sí misma, sino que elude los abundantes riesgos y peligros que de ella se desprenden, reiteradamente alertados por los especialistas.

"Todo está bien siempre que esté controlado. En el momento en que se pierde la conciencia, deja de ser una práctica segura", expresó el Instituto Valenciano de la Juventud. 

Según datos del Grupo de Estudio del Sida (Gesida) de la Sociedad Española de Infecciosas, el 25% de los pacientes con VIH son asiduos a esta práctica, con los riesgos de contagio que conlleva.

Toni Gata, psicólogo del centro Bcn Checkpoint, alertó el año pasado a El País del "aumento del consumo" de esta práctica: "Antes los que practicaban slam eran el 1% de los usuarios de chemsex y ahora lo hace la mayoría. Ha habido diversas muertes por sobredosis y casos más agravados".

La periodista de El País Jessica Mouzo recogió las alertas y cifras aportadas por informes y especialistas en un reportaje sobre esta práctica. "Bajo los efectos de las drogas, se baja la percepción de peligro y las prácticas de riesgo aumentan: un estudio de Barcelona Checkpoint, por ejemplo, constató que el riesgo de infección de VIH entre los homosexuales que practican chemsex es tres veces mayor. El uso de drogas inyectadas también eleva el riesgo de ITS".

También mencionó que quienes practican "slam" adquieren más síntomas psicopatológicos graves (paranoia, conductas suicidas), dependencia, abstinencia y son diagnosticados de más Infecciones de Transmisión Sexual y hepatitis C. Según Homosalud, el 38% de los usuarios de chemsex afirman haberse inyectado drogas en los últimos 12 meses.

Otros de los efectos perjudiciales de esta práctica son frecuentes problemas de salud mental que comienzan con conductas de bloqueo o pérdida de memoria, paranoia, psicosis, depresión, ansiedad, hasta tener que llegar a ser internado e intervenido por psiquiatras.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, destaca que “desde una administración pública con nuestros impuestos se pueda estar cometiendo un delito contra la salud pública, animando a menores al consumo de drogas, es motivo suficiente para que los responsables sean inmediatamente inhabilitados”.