A principios de agosto, Daily Mail informaba del duro golpe que el servicio estatal de salud británico impuso a la clínica Tavistock, especializada en cambios de género en menores homosexuales y con problemas de salud mental: tras una inspección oficial, el centro fue clausurado por el tratamiento ilegal de estos pacientes.

Menos de un mes después, el mismo medio ha subrayado que la situación podría ir más allá de prosperar las denuncias y acciones legales masivas emprendidas por un millar de familiares de niños que fueron tratados en la clínica con bloqueadores de la pubertad para retrasar el inicio de la adolescencia.

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La Dra. Hilary Cass expresó al NHS de Inglaterra su preocupación en torno a la posible interrupción del proceso de maduración cerebral como consecuencia de los bloqueadores, afectando la capacidad de los niños para poder decidir y emitir juicios más maduros.

Cass también advirtió a niños y jóvenes que "todavía hay mucho que no sabemos sobre los efectos a largo plazo", especialmente que no hay "pruebas suficientes" para recomendar el uso rutinario de medicamentos que bloquean la pubertad, como se hacía de hecho en Tavistock. Frente a ello, propuso "inscribir a los jóvenes que se están considerando para el tratamiento hormonal en un protocolo de investigación formal con un seguimiento adecuado hasta la edad adulta" pero sus recomendaciones fueron desoídas.

Un sinfín de negligencias médicas con posibles consecuencias legales

Entre las prácticas habituales de la clínica se demostró que algunos pacientes fueron prescritos con bloqueadores hormonales, después de solo cuatro citas con su médico. Un tratamiento que interfiere en los cambios físicos en la pubertad, como es el desarrollo de los senos, la voz o el vello facial. Rishi Sunak y Liz Truss, que compiten estos días desde el lado conservador por ser el próximo Primer Ministro, prometieron acabar con el uso de estos productos, insinuando que podrían prohibirse por completo para los menores de 18 años.

En febrero de 2019, un informe interno del doctor David Bell, que formaba parte de la junta directiva de Tavistock, señaló que los pacientes sufrían "daños a largo plazo", porque no podían "resistir la presión" de activistas "altamente politizados". El médico alertó de que algunos pacientes estaban adoptando una "identidad trans como una "solución" para "múltiples problemas", incluido el abuso infantil, el duelo o la homofobia.

A raíz de estos hallazgos, existe una seria posibilidad de que los pacientes tratados en Tavistock y sus familiares demanden en masa al NHS para obtener una compensación a raíz de posibles daños sufridos por los bloqueadores, de los que les aseguraron que los efectos serían "totalmente reversibles".

Los pacientes también pueden alegar que no podrían haber dado su consentimiento para tomar los medicamentos por la falta de conocimiento sobre sus efectos a largo plazo.

John McQuater, presidente de la Asociación de Abogados de Lesiones Personales, dijo que existe un 'potencial de reclamos' pero solo en circunstancias específicas: "Un paciente puede reclamar una compensación si ha sido lesionado. La ley no requiere que los médicos brinden estándares de atención ejemplares, solo requiere que los profesionales de la salud ejerzan estándares razonables de atención y habilidad". 

"La decisión sobre qué nivel de atención es razonable la toman otros médicos y, cuando el estándar ha caído por debajo de ese punto de referencia, el paciente tiene todo el derecho a una compensación total para ayudar a reparar lo sucedido", añadió.

Laura Preston, abogada de uno de los bufetes más grandes de Gran Bretaña, admitió la posibilidad de "una oleada de reclamaciones de compensación como resultado del cierre de la clínica Tavistock".

"Esta es claramente un área emergente de la medicina que requiere una mayor investigación y regulación para servir mejor a las personas potencialmente vulnerables que acceden al servicio", expresó. También incitó a las "inspecciones independientes que garanticen que las instalaciones médicas cumplan los estrictos estándares que se esperan de ellos".

"En este caso, la clínica de Tavistock no estaba a la altura y, por lo tanto, podría poner a los pacientes en riesgo, lo que justifica una investigación y puede resultar en la necesidad de compensar a los pacientes lesionados", afirmó Preston.

El abogado Simon Myerson también predijo que el escándalo podría conducir a una investigación criminal que se verá acelerada por el cierre de la clínica.

Cualquier reclamo contra Tavistock sería manejado por NHS Resolution, que se ocupa de los reclamos por negligencia clínica en todo el país. Las últimas cifras muestran que pagó 1.700 millones de libras esterlinas en daños a pacientes el año pasado.