La región australiana de Canberra aprobó este pasado jueves con el apoyo de los tres principales grupos parlamentarios una ley que obliga a los sacerdotes a romper el secreto de confesión cuando conozcan algún caso de abuso sexual.
Esta medida entrará en vigor el 31 de marzo de 2019 y hasta entonces la Archidiócesis de Canberra tendrá nueves meses para ir negociando con las autoridades la forma en cómo pondrá en funcionamiento esta polémica ley.
El propósito de la ley, bajo el nombre de Enmienda Ombudsman 2018, es ampliar el Esquema de Conducta Denunciable que rige las denuncias de abuso y mala conducta contra menores de edad, incluyendo también a organizaciones religiosas, después de los casos de abusos realizados algunos sacerdotes.
El arzobispo de Canberra, Chistopher Prowse, ha asegurado que apoya las medidas gubernamentales en la prevención y denuncia de los casos de abusos sexuales, pero no cuando se tratan de romper el secreto de confesión.
“Apoyo el Esquema de Conducta Denunciable del Gobierno. Cuando el plan del Gobierno para reportar todas las acusaciones de abuso infantil no incluía parroquias y comunidades de fe, pedí que se rectificara y fortaleciera esa anomalía. Pero no puedo apoyar el plan del Gobierno de romper el secreto de confesión”, señaló el arzobispo, tal y como recoge Aciprensa.
El prelado explicó que no apoya el plan del Gobierno de romper el secreto de confesión porque, entre otras cosas, los abusadores de niños no confiesan sus crímenes a la policía o a los sacerdotes. Además, advirtió, la nueva legislación amenazaría la libertad religiosa.
“¿Qué agresor sexual confesaría a un sacerdote sabiendo que sería denunciado? Es la experiencia cotidiana de los pastores la que señala que los abusadores de niños no confiesan el crimen a la policía o a sacerdotes. Si se retira el secreto confesional, la remota posibilidad de que confiesen y sean aconsejados a informar del hecho se habría ido”, indicó.
En ese contexto, indicó también que no hay “garantía de que un sacerdote conozca la identidad del penitente”. “Si hay una rejilla en el confesionario, el sacerdote no vería al penitente. Y si lo ve, es posible que no lo conozca. No hay ningún requisito para que una persona confiese su identidad”, explicó.
Prowse recordó que los sacerdotes están obligados por un voto sagrado a mantener el secreto confesión. “Sin ese voto, ¿quién estaría dispuesto a desahogarse de sus pecados, buscar el sabio consejo de un sacerdote y recibir el perdón misericordioso de Dios?”, preguntó.
“El Gobierno amenaza la libertad religiosa al designarse a sí mismo un experto en prácticas religiosas y al intentar cambiar el sacramento de la confesión sin ofrecer ninguna mejora en la seguridad de los niños”, denunció.
Por último, el arzobispo australiano agregó que “tristemente, romper el secreto de confesión no evitará el abuso y no ayudará a nuestros esfuerzos continuos para mejorar la seguridad de los niños en las instituciones católicas. Instamos al primer ministro a permitir que la comunidad católica participe en esta conversación para garantizar que formemos parte de la solución”.