El Ayuntamiento de Vall d´Uixó está siguiendo los mismos pasos que el de Callosa del Segura realizó para derribar la cruz. Ambos consistorios, gobernados por una coalición de izquierdas, se empeñaron en eliminar la cruz bajo el pretexto de ser un vestigio franquista pese a que cualquier símbolo referente a la guerra civil había sido ya eliminado.

Este martes, más de 200 vecinos de Vall d´Uixó lograron frenar el derribo de la cruz que ya estaban realizando los operarios enviados por el Ayuntamiento. Sin embargo, este miércoles el pueblo ha amanecido con un enorme dispositivo policial y unas vallas que impedían acercarse al monumento situado en la plaza de la Paz.

De este modo, se ha reanudado el derribo de la cruz sin que los vecinos puedan hacer nada para evitarlo y sin que la Justicia se haya pronunciado aún sobre este nuevo ataque laicista.


La polémica la inició el actual Ayuntamiento, que tras desalojar al PP de la alcaldía pese a haber sido el partido más votado, inició esta ofensiva contra la cruz. El consistorio asegura que pretende cumplir la Ley de Memoria Histórica.



Sin embargo, en 1979 el entonces alcalde del Partido Comunista retiró los símbolos referentes a la guerra civil y cambió el nombre de la plaza, entonces llamada de los Mártires, por el de Plaza de la Paz, pero decidió mantener la cruz como símbolo para unir a los vecinos.  Hoy en día queda únicamente la cruz, sin más simbologías ni placas, pero aún así quieren eliminarla.


La Asociación Española de Abogados Cristianos presentó este martes una querella contra la alcaldesa de Vall D’Uixó, la socialista Tania Baños por prevaricación e incitación al odio por el derribo de la cruz de la Plaza de la Paz.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos asegura que “no es la primera vez que esta alcaldesa ataca a los cristianos. Hace menos de un año, eliminó calles con nombres como “La Sagrada Familia” o “Juan Pablo II”.
Denuncia, además, que “la Asociación presentó un recurso para frenar el derribo de la cruz y el Ayuntamiento mintió diciendo que no habían acordado la retirada del monumento ya que no podía hacerlo de acuerdo a la propia ley de Memoria Histórica”.