El pasado 14 de febrero concluyó la segunda y última jornada del juicio a la parlamentaria y exministra del interior finlandesa Päivi Räsänen por citar en Twitter al apóstol San Pablo y sus enseñanzas sobre la homosexualidad.
Las autoridades finlandesas, consideradas por la defensa de la acusada como representantes de "la nueva ortodoxia sexual", comenzaron la investigación contra Räsänen por una publicación de 2019. Aquel año, la parlamentaria democristiana cuestionó que su iglesia evangélica luterana se asociase con una organización LGTB para la celebración del orgullo en su país natal. Para ello, citó y publicó una imagen de la carta a los Romanos de San Pablo 1, versículos 24-27 y recogiendo de ellas el carácter pecaminoso de los actos homosexuales:
"Por eso Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos, que degradaban sus propios cuerpos. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron la criatura en vez del Creador. Lo mismo los hombres: dejando la relación natural con la mujer", señala la Carta.
La denuncia dirigida contra Räsänen por la publicación, que no infringió las normas de Twitter, desembocó en nuevas investigaciones sobre la parlamentaria que se remontan a sucesos ocurridos hace años. Entre ellos, un panfleto que Räsänen escribió sobre estos temas en 2004 y por su participación en un debate de televisión en 2019 sobre la misma cuestión.
En abril de 2021, el fiscal general de Finlandia presentó dichas acusaciones como cargos penales contra la acusada.
El desarrollo del juicio, cuya primera sesión puede consultarse aquí de forma íntegra, llamó la atención a la defensa de la acusada por el profundo contenido y cuestionamiento religioso que los magistrados llevaron a cabo de la misma Biblia en general y el contenido de la Carta de San Pablo.
Päivi Räsänen relata su caso para Alliance Defending Freedom.
La Biblia, acusada de "intolerancia y odio"
A juicio de la Fiscalía, la cita de Räsänen "probablemente causaría intolerancia, desprecio y odio hacia los homosexuales" y se le acusó junto al obispo de la misión luterana evangélica Juhana Pohjola de incurrir en "disturbios étnicos", un cargo perteneciente a la sección de "crímenes de guerra y de lesa humanidad" según el código penal del país.
Pohjola se enfrenta al juicio por la publicación de un folleto que escribió Räsänen hace más de 17 años para su congregación donde menciona la frase bíblica: “Hombre y mujer los creó”.
La defensa de Räsänen, integrada por la organización ADF International, mencionó que el desarrollo del juicio fue en gran parte, "sobre el papel de la Biblia en la sociedad", y que el fiscal trató de asegurar que el caso "no se trataba de las creencias ni de la Biblia". Sin embargo, la fiscalía prosiguió el juicio citando el Antiguo Testamento y cuestionando a Pohjola sobre teología. Los abogados dijeron que no creían "que la Biblia se hubiera leído nunca de ese modo en un juicio" y valoraron su desarrollo como "un juicio por herejía contra la nueva ortodoxia sexual del momento", según declaró el director ejecutivo de ADF, Paul Coleman.
“Este enjuiciamiento por discurso de odio se ha convertido en un juicio teológico de lo que las creencias cristianas pueden y no pueden expresarse en Finlandia" dijo Lorcán Price, asesor legal de ADF International, presente en la jornada para apoyar la defensa de Räsänen y Pohjola.
Pecado, una palabra a ilegalizar
En su declaración final, la fiscalía alegó que el uso de la palabra "pecado" puede ser "dañino". Más adelante trató de desvincular el desarrollo del juicio de una posible motivación contraria a la religión afirmando que “aquí no se está juzgando a la Biblia" o "al apóstol San Pablo", sino únicamente a Räsänen.
Además, los fiscales exigieron que se prohibiera a la acusada hablar públicamente sobre los temas que se habían convertido en el pretexto del juicio, sugiriendo directamente que las escrituras que llaman pecado a la homosexualidad eran "ofensivas" y "perjudiciales".
El fallo definitivo de la fiscalía tendrá lugar el 30 de marzo. Solo entonces se podrá saber si prospera la acusación de culpabilidad sobre la parlamentaria, por la que la acusada podría llegar a ser encarcelada o llegar a pagar una elevada multa aún por determinar. Algo que, a juicio de Coleman, sería catastrófico para la libertad de expresión al establecer "un nuevo estándar europeo para la libertad de expresión".