El alcalde ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que no permita las concentraciones en dicha plaza alegando que varios días la Iglesia va a utilizar ese espacio público para un mercadillo. No obstante, la prohibición de reunión sólo está contemplada por ley en casos en los que “existan razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes”. Y, en cualquier caso, tendría que haberse notificado en un plazo de 72 horas desde que se solicitó el permiso, algo que la Plataforma Ciudadana hizo el pasado 28 de abril.
La presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, advierte de que pedirán al juez que “reabra el caso por tratarse de un claro ataque a los derechos fundamentales”.
Castellanos recuerda que “se trata de la tercera Cruz perseguida por este alcalde tras la cruz original y la de luz”. “Esto demuestra que sus actuaciones nada tienen que ver con la Ley de Memoria Histórica, sino con un odio desmedido hacia los símbolos cristianos”.