Venciendo históricas diferencias y conflictos, los líderes cristianos de Tierra Santa han protagonizado una “medida sin precedentes” y unidos han procedido a cerrar el Santo Sepulcro como protesta contra el acoso que están recibiendo por dos vías. Por un lado por parte del Ayuntamiento de Jerusalén y sus “cobros escandalosos” que pide a las iglesias cristianas y por otro por una ley de expropiación que se discute en el Parlamento de Israel y que “parece ser un intento de debilitar la presencia cristiana”.
De este modo, tras desalojar de fieles y turistas el Santo Sepulcro y de cerrar sus puertas comparecieron juntos frente a la basílñica el custodio de Tierra Santa, el franciscano Francesco Patton; el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Theophilos III; y el patriarca armenio de Jerusalén, Nourhan Manougian. Ambas son las tres confesiones que más propiedades eclesiásticas tienen en Tierra Santa y son los que comparten la administración en el Santo Sepulcro.
En un comunicado conjunto leído por el patriarca griego, los tres líderes cristianos han denunciado “la campaña sistemática de abusos contra las iglesias y los cristianos” que, en su opinión, “ha alcanzado su punto álgido ya que se está promoviendo un proyecto de ley discriminatorio y racista que apunta únicamente a las propiedades de la comunidad cristiana en Tierra Santa”.
Se trata de un proyecto de ley que será aprobado por el Parlamento israelí y que permitiría al gobierno la expropiación de terrenos tanto a la Iglesia Católica como ortodoxa. “Este aborrecible proyecto de ley está listo para avanzar hoy en una reunión de un comité ministerial que, de aprobarse, haría posible la expropiación de las tierras de las iglesias. Esto nos recuerda todas las leyes de naturaleza similar que se promulgaron contra los judíos durante los periodos oscuros en Europa”.
El otro punto de conflicto tiene que ver con el Ayuntamiento de Jerusalén por sus amenazas con “avisos de cobro escandalosos y órdenes de confiscación” por unas supuestas “deudas de impuestos municipales punitivos”.
Los firmantes aseguran que “esta campaña sistemática y ofensiva” viola “los acuerdos existentes y las obligaciones internacionales que garantizan los derechos y los privilegios de las iglesias, en lo que parece ser un intento de debilitar la presencia cristiana en Jerusalén”.
Avisaron de que “las mayores víctimas en esto son aquellas familias empobrecidas que se quedarán sin alimentos y vivienda, así como los niños que no podrán asistir a la escuela”.
Por tanto, como protesta por estas dos polémicas “decidimos tomar este paso de clausura sin precedentes de la Iglesia del Santo Sepulcro” y cuya idea es no abrirla “hasta que se solucione el problema”.