El mundo vive una nueva ola de coronavirus que está llenando los países de nuevos positivos. Camino de los dos años de pandemia, el final que parecía ya cercano no lo parece tanto para muchos, y el miedo que se ha propagado durante este tiempo se ha extendido igual de rápido que el virus.

Es además en este contexto en el que se han aprobado y empezado a aplicar leyes como la de la eutanasia en España o Nueva Zelanda, por ejemplo. Y en el país oceánico este miedo que se ha instalado en la población coincide con una significativa revelación del Ministerio de Sanidad, que ha abierto la vía a aplicar la eutanasia y el suicidio asistido a enfermos de Covid-19.

La eutanasia se aprobó en Nueva Zelanda en octubre de 2020, pero ha empezado a aplicarse en noviembre de 2021, hace apenas un mes. No ha hecho falta más tiempo para que la “pendiente resbaladiza” de la que tanto se ha alertado desde países en los que ya es legal aparezca en el país de los kiwis.

La ley, catalogada como del final de la vida, debería aplicarse de esta manera: será accesible para los ciudadanos o residentes permanentes de Nueva Zelanda mayores de 18 años, que tengan una enfermedad terminal con solo seis meses de esperanza de vida. Deben padecer un dolor insufrible, con un deterioro físico irreversible, pero con la capacidad mental de tomar una decisión informada. La muerte asistida debe ser aprobada por dos médicos y si en algún momento se detecta que la persona afectada ha sido presionada, se detiene el proceso. Esta es la teoría.

El miedo y la libertad condicionada

La realidad es que apenas un mes después está vía se abre a los enfermos graves de Covid-19. Esto supondría un paso más en cuanto a esta ley pues se trataría de casos que no lejanos sino que se han repetido durante estos meses en muchas familias por todo el mundo.

Ante el temor de que esto pudiera pasar, el activista provida Henoch Kloosterboer, editor de la web anti-eutanasia The Defender, envió una solicitud oficial amparada por las leyes para que el Ministerio de Sanidad respondiese a la posibilidad de que se aplicara la muerte provocada a estos pacientes.

El caso producido el pasado año de una anciana canadiense a la que aprobaron el suicidio asistido para así evitar el “sufrimiento insoportable” de otro confinamiento total debido a la pandemia había puesto en alerta a aquellos que temen el uso arbitrario de esta leyes.

En el caso de Nueva Zelanda, The Defender no planteaba en la solicitud un escenario imposible. Con una incidencia creciente del coronavirus y con un sistema sanitario con unos medios que no son ilimitados podría darse la posibilidad de un aumento rápido de las hospitalizaciones y de un posible colapso hospitalario. Qué se haría en ese caso y más disponiendo de una herramienta nueva como es la eutanasia…

Una pregunta relevante

"¿Podría un paciente que está gravemente hospitalizado con Covid-19 potencialmente ser elegible para el suicidio asistido o la eutanasia según la ley si un profesional de la salud considera que su pronóstico es de menos de 6 meses?", era la pregunta lanzada por Kloosterboer.

La respuesta ha llegado y ha confirmado los temores de todos aquellos que luchan contra la eutanasia y sus tentáculos.

Elsa pasó diez meses hospitalizada por Covid-19 en Madrid, la mitad de ellos en la UCI. Finalmente, se recuperó y pudo recibir el alta. Muchos enfermos que estuvieron muy graves e intubados finalmente se recuperaron.

Sanidad aclara que “hay criterios claros de elegibilidad para la muerte asistida. Estos incluyen que una persona debe tener una enfermedad terminal que probablemente terminará con su vida en el plazo de seis meses”.

Una decisión subjetiva y abierta a interpretación

Sin embargo, el problema empieza a partir de ahora cuando argumenta en su respuesta que “una enfermedad terminal casi siempre es una enfermedad prolongada en la que el tratamiento no es eficaz. La ley establece que la elegibilidad la determina el médico tratante (AMP) y el médico independiente”.

Este “casi siempre” no concreta qué es una enfermedad terminal por lo que tal como está planteado es algo subjetivo y abierto a interpretación. Pero además, otra conclusión que se saca de esta respuesta es que depende de los dos médicos que tratan al enfermo calificar qué es y qué no es la enfermedad terminal.

Sin embargo, ya no hay dudas cuando en el final de su respuesta Sanidad afirma que “la elegibilidad se determina caso por caso; por lo tanto, el Ministerio no puede hacer declaraciones definitivas sobre quién es elegible. En algunas circunstancias, una persona con Covid-19 puede ser elegible para la muerte asistida”.

The Defender analiza uno a uno los criterios de la ley neozelandesa para acceder a la eutanasia o el suicidio asistido. “Nos parece que el único factor protector posible aquí, y es extremadamente endeble, es que todo esto depende de las tenues bases de cómo se interpreta la expresión ‘enfermedad terminal’”, afirma esta plataforma anti-eutanasia.

En su opinión, la expresión “enfermedad prolongada” que Sanidad utilizaba en su respuesta a las dudas de estos activistas tiene además una “naturaleza altamente subjetiva”.

“A la luz de esta interpretación vaga es razonable sugerir que COVID-19 podría clasificarse como una 'enfermedad terminal' según el pronóstico del paciente y los juicios subjetivos del AMP y del médico independiente. Parece que nos han vendido una cosa y nos han entregado otra", se lamenta Kloosterboer.