Aunque con importantes contradicciones internas y en conflicto con algunos grupos feministas, el lobby LGTBI ha optado en general por apoyar los vientres de alquiler (GPA en francés: gestación por otro) para facilitar que las parejas de gays puedan "tener" hijos, y por reivindicar para las parejas de lesbianas el acceso a los programas públicos de ayuda a la procreación (PMA, procreación médicamente asistida).
En medio del debate abierto en Francia por los denominados "estados generales de la bioética", que buscan preparar a la opinión pública para este tipo de cambios legislativos, tres personas que afirman su homosexualidad han tomado la palabra en contra de ambas pretensiones. Jean-Mathias Sargologos, diplomado en Ciencias Políticas y máster de la escuela de negocios HEC-Montreal, doctorando en Historia del Arge y periodista; Sébastien de Crèvecoeur, diplomado por la Escuela Normal Superior de París, antiguo profesor de Filosofía, investigador en management y tasador de arte; y Jacques Duffourg-Müller, crítico musical, han mostrado su oposición a ambas medidas con un razonado artículo en Le Figaro:
De izquierda a derecha, Jean-Mathias Sargologos, Sébastien de Crèvecour y Jacques Duffourg-Müller.
COMO HOMOSEXUALES, ES NUESTRO DEBER POSICIONARNOS CONTRA LA PMA Y LA GPA
El jueves 18 de enero se abrieron los estados generales de la bioética, donde se discutirá oficialmente sobre la extensión de la PMA (Procreación Médicamente Asistida) a las parejas de mujeres, esto es, una PMA sin padre, y oficiosamente sobre la legalización de la GPA (Gestation pour autrui, gestación por otro: maternidad subrogada o vientre de alquiler), la cual, aunque afecta a todas las parejas, permitiría también a las parejas homosexuales masculinas “concebir” un niño.
En cuanto homosexuales, queremos hoy posicionarnos contra lo que consideramos graves desviaciones en nombre de un individualismo exacerbado y contra lo que no es otra cosa que un intento de romper la barrera que impide la cosificación del cuerpo humano.
Nuestra iniciativa se inscribe además en una voluntad de quebrar el monopolio de las asociaciones llamadas LGBT, autoproclamadas representantes de las personas homosexuales, en su pretensión de encarnar a la totalidad de sus voces. Ante la gravedad de la situación y de los desafíos éticos suscitados, consideramos que es nuestro deber como ciudadanos y nuestra responsabilidad moral posicionarnos públicamente para que se escuche una voz alternativa y razonable.
Homosexualidad y procreación
El deseo de tener hijos en las personas homosexuales es eminentemente legítimo, pero no puede reducirse a una cuestión de igualdad ni de derechos ni a una lucha contra las discriminaciones. Tal visión simplista implica, en efecto, que existiría una desigualdad en el acceso a la procreación para los homosexuales, que esa desigualdad sería fruto de una discriminación, y que por tanto le correspondería al Estado corregir la situación extendiendo la PMA a las parejas de mujeres y legalizando la GPA.
Ahora bien, este argumento es falaz. En efecto, una pareja de dos hombres o de dos mujeres no puede intrínsecamente concebir un hijo, y esta imposibilidad de procrear es un hecho objetivo que no es fruto de ninguna acción discriminatoria de la sociedad o del Estado; es natural y propia de la condición homosexual. En este sentido, las personas homosexuales no pueden pretender una reparación del Estado para compensar una discriminación, puesto que esa discriminación no existe.
Decir esto no es homofobia, sino un simple recordatorio objetivo de los hechos. Quizá para algunos sea difícil entender esta constatación, pero por nuestra parte creemos que asumir plenamente la propia homosexualidad implica también aceptar las limitaciones que se derivan de ella.
"PMA para todas, luchemos contra el sexismo y la lesbofobia": la imagen es de una manifestación de 2013. Cinco años después arrecia la campaña para lograr sus objetivos.
En este debate, destacamos que la mayoría de los argumentos aducidos por los defensores de estas prácticas recurren a la subjetividad y a lo emocional (el deseo de tener hijos, el sufrimiento por no poder tenerlos, el sentimiento de discriminación, etc.). Pensamos que ante la magnitud de estos retos, el Estado no debería fundamentar su actuación sobre las emociones y las inclinaciones subjetivas de cada cual, sino que, por el contrario, debería fundarla en la razón. Ahora bien, ésta invita claramente a mantener la prohibición de la PMA para parejas de mujeres y de la GPA tanto para parejas heterosexuales como homosexuales.
PMA para parejas de mujeres y GPA para todos
Algunos aducen como argumento que es discriminatorio autorizar la PMA a las parejas heterosexuales y rehusársela a las parejas de mujeres. Rechazamos este argumento. En efecto, la PMA para las parejas heterosexuales se sitúa en el ámbito de la AMP (Asistencia Médica a la Procreación). Se trata, pues, de un tratamiento médico que permite subsanar un trastorno médico de infertilidad de una pareja heterosexual. Efectivamente, el orden natural de las cosas implica que una pareja heterosexual sea normalmente fértil. La infertilidad puede así asimilarse, en este caso, a una enfermedad, y entonces es normal que se les ofrezca un tratamiento médico.
Ahora bien, una pareja de mujeres es, objetivamente y por definición, infértil. Ellas no padecen ningún trastorno médico o enfermedad que justificase su acceso a la PMA. Incluso iríamos más lejos afirmando que, al ser la PMA un tratamiento médico, permitir el acceso a ella de las parejas de mujeres insinuaría que las mujeres homosexuales están enfermas, lo cual constituiría claramente un retroceso considerable.
También nos oponemos a la legalización de la PMA para parejas de mujeres porque abre una caja de Pandora que conducirá al final, de forma natural, a la legalización de la GPA. (Aunque la GPA se refiera a todas las parejas, homosexuales o heterosexuales, la promueven claramente las asociaciones llamadas LGBT como un medio para permitir a las parejas de hombres “concebir” un hijo.) En efecto, aunque de naturalezas diferentes, la PMA para las parejas de mujeres y la GPA se reivindican en nombre de un pretendido nuevo derecho para las parejas homosexuales, el derecho a tener hijos. Ahora bien, en nombre del principio de igualdad, será imposible prohibir la GPA una vez que se legalice la PMA para las parejas de mujeres. En efecto, ¿en nombre de qué no tendrían también los homosexuales varones el derecho a acceder a una nueva técnica que les permita “concebir” un hijo?
Aquí el desafío principal es la cosificación de la mujer, vista como un “medio” al servicio de una pareja que alquilaría su útero para llevar su hijo. Ahora bien, después de decenios de feminismo, es difícilmente concebible que la cosificación del cuerpo de la mujer aparezca hoy caracterizando el discurso progresista. En este sentido, nos parece inadmisible el argumento según el cual sería ético que algunas mujeres pongan a disposición sus úteros porque lo harían de manera libre y consentida. En efecto, sería negar en todas sus dimensiones un principio moral fundamental y característico de nuestra civilización occidental, recogido principalmente en el imperativo categórico kantiano: “Obra de tal manera que trates a la humanidad como un fin, y jamás solamente como un medio”.
Casa de madres subrogadas en la India, país en el ojo del huracán internacional por el negocio de los vientres de alquiler. Foto: BBC.
Este imperativo está en el corazón del principio de la dignidad humana que uno tiene derecho a exigir a otro, pero también de todo ser humano hacia sí mismo. En este sentido, existen numerosos ejemplos en los que la ley prohíbe ciertos comportamientos y prácticas, aunque no afecten más que a uno mismo: no llevar puesto el cinturón de seguridad en el coche es peligroso solamente para uno mismo y sin embargo es ilegal (no se puede invocar la libertad individual para no llevarlo puesto); el lanzamiento de enanos está prohibido independientemente de que los interesados consientan en ello; no tengo derecho a consumir drogas (aunque hacerlo solo tenga consecuencias para mí mismo); y si ataco mi integridad física automutilándome es posible que sea internado a la fuerza en un hospital psiquiátrico. Así pues, ¿por qué tendría que aceptar la sociedad que algunas mujeres cosifiquen su propio cuerpo alquilando sus úteros, con el pretexto de que consentirían en ello?
Dicen que el carácter ético de la GPA quedaría supuestamente garantizado prohibiendo remunerar a la gestante y por el carácter altruista que motivaría la decisión de alquilar su vientre. De nuevo un argumento inadmisible, porque la ausencia de remuneración o el altruismo del intercambio no añaden nada al hecho de que el cuerpo sería en todo caso cosificado: el embarazo no es una actividad, sino un estado.
A la cosificación de la mujer se añade, en fin, la del hijo: objeto de una transacción contractual, también él se convierte en un objeto y ya no en una persona.
Consideramos, además, inadmisible que algunos sorteen la prohibición de la GPA en Francia apelando a gestantes en el extranjero y pidiendo que, una vez de regreso en Francia, el estado civil reconozca sus derechos parentales sobre el niño que han obtenido. Vemos en ellos una forma deshonesta y mezquina de poner contra la pared al Estado francés. Estas personas se han puesto voluntariamente fuera de la ley, así que no pueden exigir después que el Estado francés se adapte, dado que la práctica de la GPA es ilegal en Francia. En este sentido, la existencia en Francia de niños nacidos por GPA en el extranjero no puede motivar en ningún caso una adaptación o modificación de la legislación francesa, puesto que la norma no puede fundamentarse ni en la excepción ni en la legalidad de tal o cual acto en el extranjero.
Sin embargo, reconocemos la precariedad de la situación de esos niños que sufren las consecuencias de la irresponsabilidad de sus pretendidos “padres”. Reconocemos también la importancia de encontrar soluciones que vayan en el superior interés de esos niños. Rechazamos, sin embargo, que la única solución que se proponga sea una traición por parte del Estado francés al espíritu de sus propias leyes, reconociendo los derechos parentales de personas que han acudido a una GPA en el extranjero.
Mantener la prohibición de la GPA en Francia (al igual que en Alemania, Italia, Suiza, España, Dinamarca, Suecia, Finlandia, los países bálticos, Québec, etc.) interesa para la protección de una concepción humanista de la procreación, celosa en la defensa de los más vulnerables, y que mantiene la prohibición de toda explotación y cosificación del ser humano. En esta perspectiva, el papel del Estado no es asegurar el acceso a derechos cada vez más individualistas, sino proteger a los más débiles contra los excesos del individualismo y preservar una cierta concepción del Hombre.
Progreso técnico y utilización moral
La PMA para las parejas de mujeres y la GPA, ambas presentadas falsamente como avances que permitirían a las mujeres y hombres homosexuales “concebir” un hijo, son solo avances técnicos. Ahora bien, los avances técnicos no son necesariamente progresos en el plano moral. En este sentido, son axiológicamente neutros y no nos dicen nada sobre la utilización moral que se hará de ellos. Los partidarios de la PMA para las parejas de mujeres y de la GPA lo adornan con la lucha contra la homofobia para que sean aceptadas. Rechazamos servir de aval moral a una visión arcaica y regresiva de lo humano, aunque se haga en nombre de la libertad.
Para terminar, frente a quienes afirman que nuestras posiciones impedirían a los homosexuales toda posibilidad de ser padres, respondemos que también eso es falso. En efecto, no existe hoy en Francia ninguna ley que impida a las personas homosexuales ser padres (lo que están prohibidos son los medios por los cuales querrían serlo, esto es, la PMA para las parejas de mujeres y la GPA). En este sentido, mantener la prohibición de la PMA para las parejas de mujeres y de la GPA no cercena la posibilidad de reflexionar a fondo sobre las alternativas éticas de las que disponen los homosexuales para tener hijos.
Traducción de Carmelo López-Arias.