Uno de las pocas regiones que carece de una norma específica de esas características es Castilla-La Mancha, aunque ese objetivo figura entre los compromisos de esta legislatura. La Junta de Comunidades está gobernada desde agosto por la coalición PSOE-Podemos, que se fue fraguando a raíz de las elecciones de junio de 2015 y del acuerdo para la investidura del socialista Emiliano García-Page, cuyo vicepresidente segundo es ahora el podemita José García Molina.
Sin embargo, lo que aún no se ha implantado en la comunidad a través de una ley comienza a implantarse a través de disposiciones gubernamentales. En concreto, una resolución del 17 de octubre de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación establece "el pilotaje de un currículo, con carácter experimental, de la educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad" en treinta centros públicos de enseñanza primaria o secundaria.
La asociación Libres para Educar a Nuestros Hijos, que promueve la archidiócesis de Toledo, ha expresado la "profunda preocupación" que dicha asignatura suscita en los padres y madres, maestros y profesores, asociaciones educativas e instituciones de enseñanza a los que representa.
Denuncian dos puntos.
Por un lado, la resolución de la Viceconsejería exhorta a los profesores que han de impartir la asignatura "a entrometerse en la educación de la 'construcción de la personalidad' del menor, en la 'creación de su identidad', configurando su autoconocimiento, su autoestima, su control emocional, su afectividad y su sexualidad. Con ello no sólo se viola la libertad de conciencia de los menores, sino que también se atenta contra el papel primigenio de la familia en la educación de sus hijos".
Por otro lado, esa "reconstrucción de la personalidad y de la identidad del alumno... responde a un modelo antropológico y ético contrario a las convicciones de un sector muy significativo de la sociedad", pues "sobre la base de la ideología de género, la asignatura supone un adoctrinamiento ideológico que viola el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación acorde con sus convicciones". En particular, denuncia la asociación, se pretende que los alumnos acepten "que la identidad personal no tiene fundamento alguno en la naturaleza humana, que no hay diferencias psicológicas naturales entre hombres y mujeres, que todas las diferencias son discriminatorias y fuente de injusticias".
Este vídeo de Libres para Educar a Nuestros Hijos denunció en septiembre la amenaza que se cernía sobre la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus principios, y no según los prejuicios de los ideólogos de género.
La propuesta curricular recogida en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 23 de octubre se establece para alumnos de 5º de Primaria (10 años) y 3º de Secundaria (14 años).
Entre otros estándares de aprendizaje, establece los siguientes criterios de evaluación del menor:
-"Es capaz de analizar aspectos determinantes en la creación de estereotipos de género en cuentos, juegos, videojuegos, deportes, libros de texto, publicidad, canciones, juguetes, etc."
-"Analiza el lenguaje sexista, conoce alternativas al mismo y contribuye a su erradicación en la cotidianeidad".
-"Identifica las distintas identidades sexuales que pueden darse en la sociedad y valora la necesidad de respetar cada una de ellas" [las identidades sexuales].
-"Identifica los elementos imprescindibles que se deben dar en todos los tipos de familia y valora la necesidad de respetar cada uno de ellos" [los tipos de familia].
No son, pues, las personas, sino las identidades sexuales y los tipos de familia lo que se obliga a los alumnos a respetar, en una imposición claramente ideológica. Reiteradas sentencias judiciales, como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 15 de octubre de 2010 (en relación a la asignatura de Educación para la Ciudadanía impuesta entonces por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero), señalan que "'respetar' la opción afectivo-sexual puede y debe ser exigido, pero 'compartir o asumir como positiva' la opción afectivo-sexual de terceros ni puede ni debe ser exigido, incluso si existiera, que no, ese 'generalizado consenso moral' del que habla nuestro Tribunal Supremo". Así lo recordó la asociación de profesores Educación y Persona en su rechazo a la asignatura que pretende imponer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dicho currículo consagra además como datos de la realidad meros constructos ideológicos (como los supuestos "estereotipos de género") y se exige del alumno que contribuya a la "erradicación" de formas de hablar cuyo supuesto carácter sexista viene decidido por los ideólogos de género.
"La asignatura intenta adoctrinar en el modelo antropológico y ético de la Ideología de Género, doctrina muy discutida socialmente y rechazada por un sector muy significativo de la sociedad", afirma, coincidentemente con las otras asociaciones, la Federación España Educa en Libertad: "El fundamento de la identidad sexual, de la orientación sexual, o el sentido que juega la sexualidad en el amor son temas, todos ellos, que pertenece a la esfera de la conciencia y de las convicciones morales protegidas por el artículo 16.1 [de la Constitución] y que afecta igualmente al derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 de la Constitución)".
Ante las críticas suscitadas, el consejero de Educación, Ángel Felpeto (quien, como el presidente García-Page, se declara católico), alegó que no se busca un "adoctrinamiento", porque las materias se limitan a desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso de los Diputados. Y pide que quienes se opongan a la nueva asignatura expresen sus reparos a través de los consejos escolares.
Ángel Felpeto, político de la confianza de Emiliano García-Page, con quien ya coincidió en el Ayuntamiento de Toledo.
Pero no se trata de oponerse a una asignatura: "Los poderes públicos", recuerda a la vista de todo ello Libres para Educar, "no tienen potestad para imponer un determinado modelo antropológico y ético, haciéndolo pasar por universal cuando no lo es; tampoco están legitimados para sustituir a las familias en la educación de la conciencia moral de los menores ni para imponer a los centros educativos y a los docentes la impartición de contenidos contrarios a su ideario o a sus propias convicciones morales o antropológicas".
Por esta razón piden que los contenidos de la asignatura sean modificados durante la fase experimental, para evitar en el futuro "esta grave vulneración de la libertad de enseñanza y de otros derechos constitucionales".