Este jueves se aprobará previsiblemente la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana, comunidad gobernada por un pacto de izquierdas PSOE-Compromís. Con esta normativa se vulnerará la libertad religiosa, el derecho de los padres sobre la educación de los hijos, se pondrá en peligro el patrimonio artístico español y los cristianos estarán aún más arrinconados.
Así lo ha denunciado la Asociación de Abogados Cristianos, que ya ha anunciado que denunciará la inconstitucionalidad de esta ley que será aprobada por PSOE, Compromís y Podemos.
La organización de juristas considera que el texto atenta contra la Constitución. Asegura que quebranta los artículos referentes a la igualdad ante la ley y la libertad religiosa, además de poner en jaque la conservación del patrimonio artístico español y no respetar el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos.
La nueva ley valenciana incluye, entre otras cosas, la introducción de la “memoria democrática” en el currículo de todos los planes de estudios del sistema educativo regional, desde Educación Primaria hasta la Universidad. Algo que, según la presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, “se traduce a efectos prácticos en el adoctrinamiento de nuestros hijos desde temprana edad”.
Para la AEAC, se trata de "una ley ilegal y radical laicista, cuyo único objetivo es acabar con todo lo cristiano. Además es tremendamente preocupante que personas intolerantes que se niegan a cumplir la legalidad ocupen puestos de gobierno”.
En otro ámbito, la nueva Ley concede la consideración de víctimas a las personas que sufrieron discriminación por su ideología política o religión en el contexto de la Guerra Civil y los años posteriores. Pero, según Abogados Cristianos, el documento deja fuera de esta lista a todos los cristianos. Según explica Castellanos, la normativa “sólo habla de minorías, dejando olvidados a todos los mártires cristianos que murieron por no querer renegar de su fe”.
Desde la Asociación también recalcan que con la nueva ley “se podrán retirar de forma legal los símbolos cristianos presentes en la Comunidad Valenciana, contraviniendo la actual Ley de memoria histórica. E, incluso, contempla duras sanciones por no hacerlo”.
La ley de Memoria Democrática contempla además la creación de un órgano dependiente de la Generalitat para definir el estilo sobre el lenguaje y el tratamiento de la información en esta materia. Este futuro organismo, llamado Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, ya ha recibido el primer aviso de Hacienda. Y es que, la mayor parte de su presupuesto de más de 2 millones de euros anuales va destinado a los salarios de su plantilla de 23 trabajadores, de los cuales sólo 3 serán funcionarios y habrá 19 jefaturas.