El arzobispo de Burgos y Comisario Pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio nombrado por la Santa Sede, ha emitido este lunes un comunicado dirigido a las diez excomulgadas recordando que la medida disciplinaria también supone la "expulsión de la vida religiosa" y que, con ambas implicaciones, "carecen de título legal para permanecer en los monasterios" y por tanto "deben abandonarlos".

De no producirse una "salida voluntaria", el Comisario advierte de que "los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales".

Algo "especialmente sensible" para el arzobispado, pues de su respuesta depende que las hermanas de la Federación de clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu puedan continuar el cuidado de las hermanas mayores, que conservan su pertenencia a la orden y con ella la posibilidad de recibir los sacramentos y atención espiritual. Solo saliendo las excomulgadas y accediendo nuevas religiosas la vida monástica podrá ser "restablecida convenientemente".

La recomendación del abandono "voluntario" se hace extensible a Rojas y Ceacero, líder doctrinal de las excomulgadas y portavoz del mismo respectivamente, a quienes ya se les ha notificado "la prohibición de permanencia" en los inmuebles hace cerca de un mes, el pasado 31 de mayo.

El obispo también ha respondido a la afirmación de Laura Gil de Viedma -exabadesa- que  considera a la Comisión Gestora nombrada por el mismo Iceta como "constituida para la mediación y acercamiento de posturas en el conflicto". A juicio del comisario, esta es "una apreciación particular que no se corresponde con la función de esta Comisión".

Transcurridos más de 40 días de intentos por parte de las autoridades de la archidiócesis de "abrir un diálogo con la comunidad", la respuesta de la misma al no reconocer "la autoridad de este Tribunal, ni su jurisdicción sobre las almas y menos aún" sobre las mismas religiosas, Iceta concluye que la actitud "no expresa una voluntad de diálogo".

Del mismo modo, lamenta y observa "que el interés queda reducido y centrado en las cuestiones económicas", algo probado por el hecho de que "las cuestiones espirituales y de vida consagrada, que son las más importantes y esenciales, quedan sorprendentemente fuera" de sus consideraciones.

En lo relativo a la cuestión económica, el arzobispado también recuerda "que las propiedades e inmuebles son bienes eclesiásticos pertenecientes a los monasterios como entidades jurídicas públicas eclesiásticas al servicio de la comunidad de clarisas que sigue habitando estos monasterios".

"Ni los Estatutos de los Monasterios de Belorado y Derio, ni los Estatutos de la Federación Nuestra Señora de Aránzazu a la que pertenecen estos Monasterios, ni las Reglas monásticas, ni las Constituciones generales de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara recogen la posibilidad de alterar la naturaleza eclesiástica pública de los monasterios si no es con el consentimiento explícito y en la forma que dictamine la autoridad eclesiástica competente, en este caso, la Santa Sede", se remarca.

Asimismo, amparándose en los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede, recuerda que "la legislación canónica actúa como Derecho estatutario en la capacidad de obrar de las entidades religiosas", de modo que "en ningún caso los bienes propiedad de los monasterios podrían pasar a ser considerados como meros bienes para disponer libremente de ellos".

Por ello, se remarca que la creación de "comisión alguna" relativa a la negociación al respecto "no tiene sentido", ya que "la legislación canónica y civil es clara y no cabe otro recorrido más que el cumplimiento de la legalidad vigente".

"La Iglesia seguirá esperando en oración con las puertas abiertas para que estas exreligiosas sean conscientes de la verdad de su realidad y emprendan el camino de vuelta a casa, como expresa de modo esperanzador y consolador la parábola del hijo pródigo, donde serán acogidas con amor y misericordia", concluye el texto.