En Chile no existe el matrimonio homosexual: basta con que haya legalizado las "uniones civiles" de parejas del mismo sexo para que los lobbies LGBT aprovechen para acosar judicialmente a quien se niega a participar en estas celebraciones.

Es el caso de César Mosquera: su imprenta Publicamos enfrenta una persecución en los tribunales porque, fiel a sus convicciones religiosas, se negó a imprimir invitaciones para una ceremonia de unión civil homosexual.


En agosto de 2015, dos homosexuales, Pablo Zapata y Luis Carreño, decidieron firmar el Acuerdo de Unión Civil (AUC), que regula efectos jurídicos como el régimen patrimonial, salud y herencias, entre parejas del mismo sexo y heterosexuales.

Zapata dijo al diario Publimetro que la imprenta Publicamos manifestó por escrito su negativa a realizar el trabajo, porque “hacer este parte va en contra de nuestros valores”. Entonces la pareja homosexual presentó una demanda con el apoyo del lobby LGTB "Fundación Iguales" y el Servicio Nacional del Consumidor por una supuesta “discriminación arbitraria y negativa injustificada de venta”.

Para reforzar la acusación, otra pareja homosexual, Alonso Gaete y Roberto Ibáñez, contactaron con la misma imprenta con el mismo fin y Publicamos nuevamente se negó, aduciendo a sus convicciones cristianas. Esta otra pareja acudió a otro lobby LGBT, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que presentó una querella por vulneración a los derechos de no discriminación contemplados en la Ley del Consumidor y la Ley Zamudio.


Tomás Henríquez, Director ejecutivo de Comunidad y Justicia (www.comunidadyjusticia.cl), organismo defensor de los derechos humanos, conversó con ACI Prensa y dijo que “la objeción de la imprenta no es a atender a homosexuales sino a que la obliguen a participar de un acto que ellos consideran inmoral”.

“Lo que dice (la imprenta) es: ‘no me obliguen a participar de aquello con lo que yo no puedo en conciencia de hacerlo. Eso está amparado por el derecho a la libertad de conciencia en Chile”, agregó el abogado.

A su juicio, es un “problema irreal” ya que existen otras imprentas que “están dispuestas a hacer el trabajo y no van a objetar. Simplemente es ensañamiento, para forzar a todos a consentir con lo que está pasando”. El abogado calificó la situación como “un abuso del derecho”.


Henríquez planteó un ejemplo: “Si alguien le dice a un vendedor ‘véndame un arma para matar a una persona’, el vendedor perfectamente podrá decir que no, por el mal que va a hacer, y todos lo entenderíamos”.

“La única diferencia es que mientras hoy todos estamos de acuerdo con que matar es malo, tenemos una discusión vigente en Chile respecto de que si es moralmente correcto o no celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo o AUC”, explicó.


El 5º Juzgado de Policía Local de Santiago sancionó en marzo de 2017 a César Mosquera, a pagar una multa por unos 700 dólares, pero él apelará.

Mosquera dijo a El Demócrata que respeta a toda persona y “de ninguna manera hemos discriminado a nadie, porque el cristianismo y lo que yo profeso es el amor y el respeto hacia toda persona, independiente lo que piense y crea”.

Sin embargo, precisó, “yo también pido que se respeten mis creencias religiosas, las cuales están amparadas en la Constitución de la República, tales como la libertad de culto y la objeción de conciencia. Yo no puedo hacer algo que va a en contra de mis creencias, por lo que hay una razón justificada por la cual yo me negué a imprimir esas invitaciones”.

En tanto, la directora de Advocates Chile y abogada de Mosquera, Carmen Moreira, explicó a El Demócrata que la denuncia fue “planteada desde el principio de una manera engañosa, útil solo al activismo de la Fundación Iguales, que ha impedido entrar a debatir el fondo de este conflicto, que es la justificación que tuvo nuestro representado como persona natural para elegir qué servicio prestar conforme a sus creencias religiosas”.