El 14 de julio, la Asamblea de Madrid aprobó una ley de imposición de la ideología de género bajo la denominación Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid.
La norma fue impulsada por el PP y enmendada por la oposición, para ser finalmente aprobada por unanimidad de los cuatro grupos presentes en la cámara: PSOE, Ciudadanos y Podemos, además del partido gobernante y mayoritario.
La normativa madrileña se suma a otras diez aprobadas por sendas comundidades autónomas (la Comunidad Valenciana está actualmente tramitando la suya), todas en el mismo sentido aunque con distinto grado de carácter coactivo contra quienes disientan de la ideología de género. La impulsada, aprobada y aplicada por el gobierno del PP en Madrid figura entre las más duras: "Genera una profunda inseguridad jurídica y representa una eventual amenaza para las libertades indigna de un Estado de Derecho" según el informe elaborado por Benigno Blanco.
De hecho, la ley ya se ha invocado para intentar censurar el ejercicio profesional de la coach Elena Lorenzo, y para tratar de sancionar al colegio católico Juan Pablo II de Alcorcón a causa del contenido, discrepante con la ley, de una carta de su director: un caso en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha implicado personalmente ante los medios de comunicación.
"Nunca tan pocos obligaron tanto a tantos", sintetizó Gonzalo Altozano en un detallado análisis de la ley, precepto a precepto, publicado en ReL.
Este domingo La Contra TV puso en circulación un vídeo de tres minutos que recoge las ideas fundamentales de la Ley Cifuentes y la forma en la que impone, bajo amenaza de sanción, los más extravagantes dogmas de la ideología de género.
Por su interés, lo ofrecemos a los lectores de ReL: