Esta ley es peculiar con respecto a muchas otras (y a la tradición de garantías occidentales) en que se invierte la carga de la prueba: es el denunciado (en este caso el delatado por teléfono desde el anonimato) el que debe demostrar que es inocente: se le considera culpable hasta que demuestre lo contrario.
Así lo explica su artículo 30: "Inversión de la carga de la prueba: de acuerdo con lo establecido por las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos, cuando la parte actora o el interesado aleguen discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género y aporten indicios fundamentados de ello, corresponde a la parte demandada, o a quien se impute la situación discriminatoria, la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad". El demandado (o delatado) debe aportar su justificación, según esta normativa.
La ley catalana de privilegios LGBT (aprobada dos años antes que la madrileña y modelo para otras leyes autonómicas similares) se puede leer aquí en español:
www.sindic.cat/site/files/302/gais_castella.pdf
Este es el vídeo de la Generalitar que anima a delatar llamando al 012
La Generalitat pide con un anuncio en TV3 y en las redes sociales que los ciudadanos llamen al teléfono 012 y delaten a sus convecinos o a cualquiera que incumpla esta ley.
"Nos toca a todos evitar situaciones de discriminación y violencia", dice la presentadora del anuncio, Helena García Melero, y añade: "Si has sufrido o detectado en tu entorno que estos derechos se han vulnerado, llama al 012". El anuncio se complementa con parejas del mismo sexo con bebé, entre sonrientes y preocupadas. Plantear si el bebé no tiene derecho a un padre y una madre, por ejemplo, podría ser denunciado como "comentarios discriminatorios".
Los casos de delación pueden ser muy variados. Por ejemplo, la ley de privilegios LGBT afirma en su artículo 26: "Los titulares de los establecimientos y espacios abiertos al público [...] están obligados a impedir el acceso o a expulsar de los mismos [...] a las personas que violenten de palabra o de hecho a otras personas por razón de orientación sexual [...] y a las personas que lleven y exhiban públicamente símbolos, indumentaria u objetos que inciten a la violencia, a la discriminación o a la homofobia, la bifobia o la transfobia".
Con este artículo en la mano es posible telefonear al 012 y denunciar que en tal bar o local entró un cliente con un "símbolo que induce a la discriminación" (que puede ser cualquier cosa) y denunciar que el dueño del bar no expulsó a ese cliente como le obliga la ley. En virtud del artículo 30, el dueño del bar será considerado culpable hasta que logre demostrar su inocencia.
De igual forma se puede denunciar a maestros, jefes en el trabajo, empleados, etc... simplemente llamando al 012 y pidiendo que sean investigados.
El portal de noticias en catalán CatDialeg, crítico con esta norma, comenta que "la delación es contraria al Estado de derecho y es propia de un régimen como el nazista o el castrista; la mayoría de las detenciones que hacía la Gestapo era gracias a los delatores, no porque hubiera muchos agentes"
El mismo portal constata que "es muy difícil demostrar la inocencia, ya que se puede tratar de un caso de 'tu palabra contra la mía'. ¿Cómo se puede demostrar la inocencia del demandado si el denunciante asegura que fue insultado?" Cualquiera puede usar las delaciones anónimas y esta ley para venganzas personales, y el denunciado no puede apenas defenderse y la ley le considera culpable a menos que demuestre su inocencia.
CatDialeg añade: "Incitar a la delación, sea por carta o por televisión, es una acción muy peligrosa, que impone la desconfianza entre los vecinos. Hay que recordar que forma parte de la ética occidental el principio de que el fin no justifica los medios y como al la delación no justifica el fin. Se crea una mentalidad de delatores que evoca la desconfianza en el otro".
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