La Asamblea de Madrid, presidida por el PP de Cristina Cifuentes y con el voto favorable del PSOE, Podemos y Ciudadanos, ha aprobado este jueves una ley de ideología LGBT y de género que multa con hasta 45.000 euros a quien ofrezca ayuda a alguien que quiera abandonar sus sentimientos homosexuales ("cualquier intervención médica, psiquiátrica, psicológica o religiosa que persiga modificar la identidad de género u orientación sexual de una persona").
Además implanta en las escuelas el adoctrinamiento obligatorio en ideología LGBT para todos los alumnos: "Que la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en ámbitos educativos"; "se garantizará que a todos los alumnos madrileños se explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género".
¿Y quién dirá en los colegios (públicos o católicos) cuál es "la realidad" de esas orientaciones? Aunque en una primera fase parece que no está muy definido, es probable que enseguida las asociaciones LGBT se erigirán como intérpretes únicos y privilegiados para decir qué es "la realidad".
Cristina Cifuentes (PP) y un líder del activismo LGBT en el metro del barrio de Chueca, cuyos habitantes tienen idearios muy variados pero a los que se imponen los emblemas de una sola ideología muy particular, la LGBT
Aunque la iniciativa de la ley partió del Partido Popular, los otros partidos la han ampliado con medidas aún más radicales y han quedado contentos con el resultado, que incorpora 138 enmiendas.
La diputada de Podemos y veterana activista política del lobby LGBT, Beatriz Gimeno, no ha disimulado de qué va la ley y ha proclamado directamente: "Las terapias para curar la homosexualidad serán prohibidas, nunca más habrá adolescentes empastillados y padres engañados, y nunca más se podrá decir que la homosexualidad se puede curar". La ley, piensa ella, establece lo que en Madrid se puede y no se puede decir.
Beatriz Gimeno, la líder del lobby gay en Podemos, ha dejado claro que la ley no permite debatir sobre la orientación sexual: "Nunca más se podrá decir que la homosexualidad se puede curar, las terapias para curar la homosexualidad serán prohibidas", ha declarado
Las multas no son solo para las "terapias" sino incluso para "cualquier intervención religiosa" que busque modificar la llamada "identidad de género" u "orientación sexual".
Bajo estas líneas, fragmentos de un borrador casi final, un poco anterior a la versión definitiva aprobada por la Asamblea de Madrid; como se observa, cualquier intento de modificar la "orientación sexual" (incluso una mera oración, ya que impide "intervenciones religiosas") será considerado "infracción muy grave"
Lo que se presentaba como una ley contra discriminaciones injustas se ha convertido en un recopilatorio de ventajas y privilegios laborales, educativos y presenciales que no tiene ningún otro colectivo desfavorecido: ni los ancianos, ni las madres solas, ni los gitanos, ni los inmigrantes, ni los parados de larga duración, etc...
Así, como ya sucedía leyes similares en otras autonomías (la catalana, por ejemplo) se practica la inversión de la carga de la prueba: un acusado de discriminación por esta causa debe demostrar su inocencia, cuando la ley establece más bien que es el acusador el que debe demostrar el delito.
Un Consejo LGTBI creado por insistencia de las asociaciones del lobby monitorizará las políticas públicas referidas a esta materia.
La llamada 'Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid', supone "una Comunidad de Madrid más libre y segura, más diversa y más rica", según declaró el portavoz del PP en la asamblea, Enrique Ossorio.
Con un escaño del PSOE autonómico, el transexual Carla Antonelli ha intentado quitar "mérito" de la ley al PP y ha señalado que la creación del Consejo LGBT de la Comunidad no estaba en la propuesta original. Ha reivindicado la figura del difunto activista gay socialista Pedro Zerolo y ha felicitado al PP por adoptar "la igualdad real después de votar 40 años en contra de los derechos LGTBI".
Tomás Marcos, parlamentario de Ciudadanos, ha recordado que precisamente el 14 de julio se conmemora la Revolución Francesa cuyo lema, 'Igualdad, Libertad, Fraternidad', ha querido recordar puesto que es que "grita" esta ley. No ha querido recordar que en apenas un par de años tras la solemne proclamación serían guillotinadas o ejecutadas en el Terror entre 10.000 y 40.000 personas acusadas de ser "contrarrevolucionarias" en juicios farsa.
El Foro de la Familia (www.forofamilia.org), que infructuosamente pidió que hubiese libertad de voto en los partidos respecto a esta ley de calado ideológico, ha señalado que para impedir discriminaciones injustas, no sólo contra las personas homosexuales sino contra otros muchos colectivos, ya estaban las leyes existentes contra la incitación al odio y el artículo 14 de la Constitución.
El presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuig ha señalado que la ley viola la libertad de los padres para educar a sus hijos y que, de hecho, nadie ha consultado a asociaciones de padres para realizar esta ley ni otras similares en otras regiones españolas.
Mariano Calabuig, presidente del Foro de la Familia
Otros sectores recuerdan que tampoco se ha consultado ni a médicos ni a psiquiatras ni a la comunidad educativa ni a entidades religiosas. Sólo los lobbies LGBT han tenido participación.
Algunos párrafos sobre cómo impartir las doctrinas de la ideología LGBT en las escuelas
"En el artículo 29.2 se recoge la elaboración de una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género que se aplicará a todos los niveles y etapas formativas y que será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos", denuncia Calabuig.
El artículo 34 obligará a todos los docentes a recibir formación (es decir, a ser adoctrinados) por parte de las organizaciones LGTBI e incorporará “la realidad LGTBI y los diferentes modelos de familia a los cursos y másters de formación del futuro personal docente”.
“Bajo la apariencia de hacer frente a la discriminación del colectivo LGBTI, lo que realmente se pretende con esta ley es la imposición obligatoria de la ideología de género y de la presencia de las asociaciones LGBTI en todos los ámbitos de la vida pública y privada; y además, con el apoyo y financiación de las administraciones públicas”, dice Mariano Calabuig.
Calabuig dice que “desde el Foro de la Familia tenemos el compromiso y el deber de defender la libertad de pensamiento en materia de sexualidad y el derecho de los padres para educar a sus hijos según sus propias convicciones (artículo 27.3 CE).
Lea también el artículo de opinión del director de Religión En Libertad sobre este tema: Se prohíbe querer ser heterosexual
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