En 2020, cuatro personas en Holanda pidieron ser eutanasiadas para no someterse a una terapia intensiva para su recuperación del covid.
Son parte de las 6938 personas muertas por este sistema en dicho país el pasado año, un récord absoluto, según datos ofrecidos por el Comité Regional de Revisión de la Eutanasia, recogidos por Dutch News.
En proporción a población, equivaldría en España (donde en marzo se aprobó la ley que la autoriza) a unas 18.000 personas, esto es, 180.000 personas en una década, lo que da idea de las grandes cantidades de dinero que los impulsores de la eutanasia buscan ahorrar a las arcas del Estado en atención sanitaria a personas enfermas y ancianas.
Las cifras de los Países Bajos suponen un 9% de aumento sobre el año anterior, y superan el pico alcanzado en 2017. En 2018 y 2019 hubo un bajón como consecuencia del procesamiento de una doctora por la eutanasia de una mujer de 74 años con Alzheimer a quien sujetaron entre tres personas para matarla porque se resistía a la inyección letal. Era el primer profesional sanitario juzgado por mala praxis desde la aprobación de la eutanasia en 2002, pero su posterior absolución volvió a tranquilizar a los médicos, con el resultado de un nuevo incremento de muertos.
Gráfica de muertes por eutanasia en Holanda. La cifra en negrita indica las eutanasias por razón psiquiátrica. Se aprecia la caída en 2018 y 2019. DRERC son las siglas del Comité Regional de Revisión de la Eutanasia. EAS se refiere a Eutanasia y Suicidio Asistido. Fuente: Journal of Psychiatric Research.
El cáncer terminal es la causa principal de las aplicaiones de la eutanasia, según el informe, pero la demencia supone un 2% de los casos y los trastornos psiquiátricos un 1%. Esto implica que 208 personas (543 si hiciéramos la traslación a España en proporción de población) perdieron la vida sin su consentimiento, o con un consentimiento alterado por la enfermedad, sin ninguna otra causa concomitante.
Actualmente, en los Países Bajos se debate si permitir el suicidio asistido a personas mayores de 75 años solamente porque consideran que su ciclo vital ha terminado, aunque no presenten patología alguna. Ya en 2018 una ampliación de la ley -que no ha parado de amparar cada vez más casos en los últimos veinte años- autorizó dar muerte a ancianos que presentasen "las dificultades propias de la vejez". También se estudia ampliarla para poder matar niños.
La ley española, que entrará en vigor en junio, ya trae incorporadas todas las ampliaciones que fueron necesarias en normativas de otros países para convertir la norma en un "coladero". Exige que el paciente sufra "una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley", términos que consideran como tal las "limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece".