Hace unas semanas, SUR se hacía eco de la apertura en Málaga de la primera agencia andaluza de gestación subrogada, Universal Surrogacy.

Coincidiendo con esta noticia, se alzaron en la sociedad local una serie de preguntas sobre una práctica que, por su propia naturaleza, origina un debate de difícil solución, cuyas aristas trascienden el mero concepto legal, sino que profundiza en cuestiones relacionadas con la ética, la moral, el ‘derecho’ a la paternidad y la maternidad y, por encima de todo, al dignidad de la mujer.


La gestación por subrogación, conocida popularmente como ‘vientre de alquiler’, consiste, a la práctica, en una relación comercial en la que una pareja (homosexual o heterosexual) o un individuo en concreto, ‘alquilan’ el útero de una mujer –llamada gestante– para que lleva a cabo, precisamente, la gestación de un bebé mediante una muestra de semen y un óvulo donado (nunca de la propia gestante).

[En el caso de la empresa de Málaga, Diario Sur especificaba que pagan 10.000 euros a la mujer gestante. Nota de ReL].

Esta práctica, en el caso de España, no está regulada; lo cual no quiere decir que esté prohibida.

Ese es el matiz que incluye el abogado José María Ramírez, que señala que el contrato entre la pareja que aporta el semen con la gestante no tiene ningún tipo de valor.

«Para un grupo de juristas, la ley española de reproducción establece una falta de reconocimiento del convenio al que se hubiera llegado entre las partes interesadas. Otro grupo de juristas mantienen que sí existe una prohibición propiamente dicha por la vía de entender que el acuerdo o contrato de maternidad subrogada conlleva un objeto y una causa ilícitos, en cuanto opuestos a la ley y a la moral».


La catedrática de Derecho María Luisa Balaguer, una de las referencias feministas en España, no está de acuerdo en que se deba regular la gestación por subrogación.

«La integridad física y moral de la mujer es un derecho fundamental», apunta, «mientras que la paternidad y la maternidad no lo es, y por tanto una cosa debe primar sobre la otra. Esto, al fin y al cabo, es una vez más comerciar con el cuerpo de la mujer; un mercado de carne».

Lo curioso o llamativo de esta cuestión, además, es que este es, quizá, uno de los pocos debates en los que feminismo y religión católica comparten parte del planteamiento.

Así lo señala el padre Ignacio Núñez de Castro, que además de cura es biólogo molecular.

«Aquí hay dos vertientes», señala, «por un lado está la pérdida de la dignidad de la mujer –un punto en común con Balaguer–, «aunque tampoco el método para llegar al mismo es adecuado», agrega en referencia a la fecundación ‘in vitro’. «Se utiliza a una persona como un medio, pero no como un fin». Dos sectores opuestos con espacios encontrados en la gestación subrogada.


Pese a ello, esta práctica sí está regulada en otros países, lo que permite, de una manera u otra, que un ciudadano español puede llevarla a cabo en lugares como México o Estados Unidos.

«No está penado ni sancionado por norma alguna, aunque hasta hace relativamente poco, el Estado no reconocía a los niños nacidos por gestación subrogada. A partir del año 2010, y debido a una sentencia dictada por el Tribunal de Derecho Humanos de la UE, se ha aceptado la inscripción de esos nacimientos, aunque los trámites siguen siendo algo complejos», aclara Ramírez.


Aún así, la cuestión legal no es la única que entra en liza en el debate sobre su regulación. Rocío Carmona, psicóloga experta en género, tiene sus reticencias a que la práctica del ‘vientre de alquiler’ se regularice.

«Durante un embarazo, la transfiguración no es sólo física. La alteración es integral en todo el ser; afecta absolutamente a todas las facetas de la vida de esa mujer, por lo que aquello que se denomina ‘servicio’ es algo que va mucho más allá y que condiciona su salud, su trabajo, sus relaciones interpersonales, afectivas, su sexualidad, las horas de sueño, la energía, la vitalidad, la autonomía. Hasta la memoria queda afectada, y todo ello durante las 24 horas, nueve meses seguidos», apunta.


Gonzalo Serrano, como presidente la Federación Arco Iris, de corte LGTB, disiente de las posturas contrarias a la regulación.

«Hay que dar argumentos con cosas concretas, y no prohibir todo directamente. Lo que hay que hacer es regular para que no haya tratas o explotaciones», asegura, al tiempo que se pregunta: «¿Por qué está prohibido que uno haga lo quiera con su cuerpo?».

Serrano considera que este rechazo, en parte, se da por dos cuestiones. «Primero porque los que más acuden son familias homoparentales, y segundo porque es un asunto relacionada con sexualidad, y esto genera tabúes», concluye.

Aunque esta cuestión esté llegando a la sociedad, ningún partido, salvo UPyD, tiene previsto incluirlo en su programa electoral, ya que en todos ellos hay posiciones enfrentadas.