Asfixiar a los disidientes impidiéndoles trabajar. Es lo que sucedió con los hermanos Bentham y su reality show de ayuda social, o con la florista Barronelle Stutzman, o con el accionista díscolo de Starbucks, o con Dan Cathy, propietario de la cadena de comida rápida Chick-fil-A. Todos ellos, casos de personas que han pagado su oposición al matrimonio homosexual -incluso meramente privada- con una campaña de linchamiento orientada a su marginación personal, ruina profesional y, como objetivo último, el cambio de las leyes.

El turno le ha llegado ahora a Jack Phillips, un pastelero de Lakewood (Colorado, Estados Unidos) que en 2012 se negó a fabricar una tarta de boda para los gays Charlie Craig y David Mullins. Como en el resto de casos citados, no se trataba de homofobia: Jack ha dicho que no tendría ningún inconveniente en cocinar para cualquier otra de sus celebraciones, como una fiesta de cumpleaños. Pero él es cristiano y no quiere que su trabajo sirva para respaldar algo que considera lesivo para el matrimonio y la familia... y que ni siquiera es legal en su estado.

Sin embargo, el Departamento de Derechos Civiles de Colorado, por medio del juez Robert Spencer, le ha amenazado con una multa o incluso con una pena de cárcel si no hace la tarta.


"El gobierno quiere imponer un nuevo sistema de crencias a Jack, algo que choca frontalmente con su conciencia y su libertad", señaló Alliance Defending Freedom (ADF), la firma que representa a Phillips: "No se le puede forzar a respaldar un mensaje con el que no está de acuerdo, y es un ultraje que el gobierno le amenace con la cárcel si no hace lo que el gobierno quiere que haga". "Estados Unidos se fundó sobre la libertad fundamental de todos los ciudadanos a vivir y trabajar sin temor al castigo del gobierno", añade una de las asesoras en el caso, Nicole Martin.

Kristen Waggoner, también de ADF, explica por qué está en juego la libertad de pensamiento: "Los demandantes pretenden que Phillips ceda y desista de sostener opiniones sobre el matrimonio con las que ellos están en desacuerdo, y que conforme su conciencia a la definición del matrimonio que ellos pretenden. Obligar a los norteamericanos a promover ideas contra su voluntad destruye nuestra libertad de expresión, constitucionalmente protegida, y nuestro derecho a vivir en libertad.


Pero es que además la boda entre los demandantes iba a tener lugar a 2.885 kilómetros de distancia de la pastelería de Jack: "No hay explicación aparente para que una tarta adquirida en Colorado sea para consumir en Massachusetts", subraya WorldNetDaily, sugiriendo que el lobby LGTB ha actuado contra el demandado a efectos propagandísticos para activar en Colorado la causa a favor del matrimonio gay.

Por su parte, Phillips precisó su posición a WorldNetDaily: "Si una pareja [heterosexual] viniese a mi negocio [Masterpiece Cakeshop] y me pidiese una tarta erótica para su boda, también lo rechazaría. Mis principios están tomados de Jesucristo y la Biblia".

Lo curioso es que tanto el juez Spencer como la American Civil Liberties Union (que apoya a la pareja homosexual), cuando se les arguyó si también obligarían a un pastelero negro a hacer un pastel para el Ku Klux Klan, o a un pastelero musulmán a hacer una tarta burlesca para Mahoma, dijeron que no. En esos casos sus creencias sí les permitirían rechazar el trabajo. Lo cual otorga a los homosexuales, concluye WorldNetDaily, un privilegiado "estándar especial".