Son leyes de "privilegios gays" porque concede privilegios -incluso cuotas laborales- que no tienen otras categorías de ciudadanos, y mucho menos colectivos realmente desfavorecidos como las viudas, los pobres, los ancianos o los inmigrantes.
La asociación E-Cristians (www.e-cristians.com), presidida por Josep Miró i Ardèvol, ex-político y miembro del Pontificio Consejo de Laicos, lleva en campaña pública contra la ley catalana de "privilegios gays" desde diciembre, con mensajes y debates en la web de participación del Parlament, cartas a políticos y análisis detallados de los aspectos abusivos de la ley, sin dejar de señalar su similitud con la aprobada en Galicia y avisando de que será el modelo que usarán otras comunidades autónomas.
E-Cristians acaba de publicar una declaración breve resumiendo su postura y denuncia, que reproducimos.
1. Consideramos necesario que Cataluña disponga de una ley contra la discriminación que puedan sufrir gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (GLBTI), pero rechazamos que sean solo ellos los protegidos.
2. Afirmamos la necesidad de una ley integral contra la discriminación que contemple todas las situaciones desde las laborales sobre hombres y mujeres, a las que sufren comunidades enteras, como gitanos, inmigrantes, pobres.
3. Afirmamos que la ley en tramitación contiene aspectos que vulneran gravemente la libertad de expresión y el derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos, que establece privilegios políticos y económicos para los grupos de GLBTI. Rechazamos una ley que atenta contra la libertad religiosa.
4. Rechazamos la creación de un “subgobierno” GLBTI en el seno de la Generalitat. Es el gobierno de Cataluña el único responsable de ejecutar las leyes.
5. Reclamamos:
a) Una ley integral contra la discriminación que integre la ley actual limitada a los GLBTI e, iguale y extienda las garantías a toda persona sujeto de discriminación.
b) La supresión de la actual ley de todo lo que son limitaciones a la libertad de expresión, religiosa y el otorgamiento de privilegios laborales, económicos y políticos.
c) La supresión del capítulo de sanciones.
d) La supresión de la aberrante inversión de la carga de la prueba que obliga a demostrar la incidencia del denunciado, y que confiere un poder inusitado al denunciante.
El Ayuntamiento de Lepe (mayoría absoluta del PP)
también hace ondear la bandera de un lobby particular,
el lobby gay
Por su parte, el Foro Español de la Familia (www.forofamilia.org) pedirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presenten un recurso para que se derogue la ley de priivilegios gays de Galicia (oficialmente llamada "Ley por la Igualdad de Trato y no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia"), y también para derogar la ley catalana cuando se apruebe, ya que "amenazan la libertad de pensamiento, de expresión, ideológica, religiosa, educativa, de las empresas, los profesionales sanitarios y los medios de comunicación".
"Como las leyes los ciudadanos particulares no podemos recurrirlas, vamos a pedir al presidente del Gobierno y al Defensor del Pueblo, que son los que están legitimados para recurrir al Tribunal Constitucional estas leyes, que hagan ese recurso", ha remarcado Benigno Blanco, presidente de la asociación.
Blanco cree que leyes similares se van a presentar "en poco tiempo" en los 17 parlamentos autonómicos. Señala que ya hay un texto en Extremadura, otro en Valencia y uno más centrado en la transexualidad en Andalucía.
La ley gallega, por ejemplo, establece lo que llama "medidas en el ámbito familiar", que pueden consistir en "programas de información dirigidos a las familias para divulgar las distintas realidades afectivo-sexuales y de género". O dicho de otra forma, adoctrinar a las familias y los ciudadanos en la ideología gay... con los impuestos que pagan esas mismas familias y ciudadanos.
Por supuesto, los contenidos del adoctrinamiento los aportan los lobbies del homosexualismo político desde su parcialísima visión ideologizada.
Otro apartado dice que la administración "diseñará contenidos para las escuelas de padres sobre la realidad LGTBI".
La ley catalana especifica que hay que formar en el conocimiento de las diversidades sexuales (es decir, impartir doctrina de ideología gay) tanto en el sistema educativo obligatorio como no obligatorio... ¡incluyendo guarderías y talleres de formación profesional!
La norma catalana obliga a la Generalitat a apoyar (con recursos y subvenciones, se entiende) certámenes culturales y deportivos de ideología LGTB y a producir espectáculos infantiles y juveniles favorables a esta ideología.
Benigno Blanco propone hacer una prueba: leer las leyes de privilegios gays y donde está escrito ´diversidad afectivo sexual´ o ´colectivo LGTB´, leer ´católicos´ o ´doctrina católica´. Si fuese así, asegura, "todos clamarían" contra las mismas, porque se trata de una ley para dar privilegios a un grupo.