Según ha manifestado Nicolás de Cárdenas, responsable de prensa de la plataforma, “la presidenta de la Junta de Andalucía no puede pretender quitar a sus legítimos dueños la propiedad de un lugar que siempre les perteneció desde el siglo VI, salvo el tiempo que fue arrebatado por la fuerza entre 714 y 1236. Salvo que la presidenta Susana Díaz haya decidido volver 1.300 años atrás por alguna razón que desconocemos”.
Cárdenas ha señalado que “no existen razones históricas, jurídicas o de sentido común que sostengan al pretensión de expropiación del templo. Más bien la intención es acabar con el culto como ya se ha hecho en la sinagoga de Córdoba”.
Según han anunciado, la plataforma MasLibres.org prevé mantener esta campaña “el tiempo que sea necesario para evitar que los derechos de los creyentes sean pisoteados por la Junta. La libertad religiosa y de culto es un derecho humano fundamental que no puede ser atacado sin que se resienta la democracia”.
Aunque la mayoría de las peticiones han sido enviadas por ciudadanos españoles, muy en especial andaluces, la campaña en defensa de titularidad eclesiástica del templo ha cruzado fronteras, hasta llegar a numerosos países de Iberoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México, República Dominicana, etc.), Europa (Suiza, Países Bajos, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido, etc.) e incluso a lugares remotos como Taiwán.