El Ejecutivo filipino del polémico presidente Rodrigo Duterte ha vuelto a iniciar otra ofensiva para expulsar del país a la monja australiana Patricia Fox, al que acusan de “actividades políticas” pese a llevar en el país ya 27 años.

Para ello, ha vuelto a decretar una nueva orden de expulsión contra esta religiosa de 71 años, que ha sido rápidamente recurrida a los tribunales por los abogados de la monja y su congregación.

Según informa la agencia EFE, el representante legal de Fox, Sol Taule, señaló que la moción será presentada el lunes y calificó como "mal precedente" la decisión tomada por la Oficina de Inmigración.

"¿Qué hay de malo en defender los derechos humanos?"

"Estamos viendo el inicio de una tendencia bajo el gobierno de Duterte sobre la deportar a cualquier persona que hace el bien. ¿Qué hay de malo en defender los derechos humanos?", denunció Taule ante los medios.

La Oficina de Inmigración determinó el jueves que Fox, de 71 años, violó las condiciones de su visado de misionera al involucrarse en actividades políticas, según la orden de expulsión publicada en la web de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas.

El gobierno cree que excede su papel de misionera

Inmigración cree que permitir que Fox participe en actividades políticas "abriría puertas para que otros extranjeros tengan el derecho desenfrenado de criticar al Gobierno al unirse a los mítines en detrimento de la paz y el orden públicos".

Alega además que participar en protestas y manifestaciones políticas "no forma parte del ámbito de la visa de misionera religiosa que se le otorga". Fox, madre superiora de la congregación católica de Notre Dame de Sion y misionera en Filipinas durante los últimos 27 años, fue detenida el 15 de abril por participar en unas protestas contra el Gobierno.

La monja ha criticado abiertamente la violencia fruto de la guerra contra las drogas lanzada por Duterte, que lleva más de 4.200 muertos en redadas policiales y otros miles de asesinatos bajo investigación.

Una batalla judicial

Díez días después del arresto, la Oficina de Inmigración le retiró el visado y le dio el plazo de un mes para abandonar el país. La monja apeló y el Departamento de Justicia aceptó el 18 de junio el recurso y le permitió quedarse en el país temporalmente.

El secretario de Justicia filipino, Menardo Guevarra, señaló entonces que la confiscación del visado de Fox por Inmigración no tenía base legal, pero advirtió de que había una demanda de deportación en curso.

Filipinas expulsó este mes a tres misioneros metodistas -el zimbabuense Tawanda Chandiwana, la malauí Miracle Osman y el estadounidense Adam Thomas Shaw- por su vinculación a grupos políticos de izquierdas.