Hace pocas fechas el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plà, afirmó que había menos casos de violencia doméstica en matrimonios que en parejas no formalizadas, y los ideólogos de género se le echaron encima. Al día siguiente las cifras le daban la razón con contudencia: con datos de 2008, se produjeron 33 homicidios sobre 10.265.400 matrimonios, y 48 sobre 1.223.700 relaciones sentimentales. Es decir, una proporción de 1 entre 311.000 matrionios, frente a una proporción de 1 entre 25.000 relaciones sentimentales: 12,5 veces menos.
Este viernes, el secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, afirmó que «el matrimonio civil es un contrato mucho más leve que contratar un servicio de telefonía móvil», y explicaba por qué: gracias al divorcio exprés, es posible contraer cuatro matrimonios civiles al año.
De nuevo han llovido las críticas sobre el obispo auxiliar de Madrid, pero lo cierto es que su denuncia no sólo es cierta en virtud de la ley aprobada en julio de 2005, que permite la disolución del vínculo (incluso unilateral y sin causa) a los tres meses de contraído, sino -mirando el otro término de la comparación- en virtud de la realidad de la contratación de dichos servicios telefónicos en España.
Todas las asociaciones de consumidores y todos los servicios públicos de atención al consumidor señalan que la telefonía móvil es, por cuestiones de tarificación y de baja, uno de los principales motivos de queja de los usuarios. Es incluso vox populi en los foros de Internet, y basta teclear en cualquier buscador las palabras «imposible darse de baja» para que surjan, uno tras otro, todos los nombres de operadores que prestan servicio en nuestro país, con idéntica protesta por parte de los perjudicados.
Cuando la ley obligó a las operadoras a mejorar la transparencia en sus sistemas de desenganche del servicio, las «pegas» que en los inicios de la telefonía móvil hacían sufrir a tantos usuarios calvarios inconcebibles fueron sustituidas por compromisos de permanencia de hasta 24 meses vinculados a descuentos, promociones y tarifas especiales.
Y enseguida, las organizaciones de consumidores más conocidas, como FACUA o la OCU, tuvieron que denunciar que esas cláusulas suelen omitirse al anunciar muchas ofertas, con lo cual consideran que se incluye en publicidad engañosa.
Pero la permanencia es algo absolutamente legal, y eso precisamente viene a demostrar lo ajustado a la realidad de las palabras de Martínez Camino: la ley no permite ningún «compromiso de permanencia» para el matrimonio superior a tres meses. Los usuarios de telefonía móvil y de conexión a Internet suspirarían por un divorcio exprés similar.