El PP ha acusado hoy al Gobierno de "incumplir" la Ley de Memoria Histórica. Así lo ha hecho, según el diputado ´popular´ y vicepresidente del Congreso Jorge Fernández-Díaz, al inspeccionar los osarios del Valle de los Caídos sin la preceptiva autorización del Abad del Monasterio, así como la del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la Comunidad de Madrid, a las que le obliga el artículo 16 de dicha Ley.
Una Ley que el Ejecutivo también ha conculcado "sistemáticamente", en palabras de Fernández-Díaz, al "cerrar" el propio Valle al público con "excusas" varias -entre ellas las propias obras de remodelación y mantenimiento por parte de Patrimonio- desde diciembre de 2009.
Respecto de la apertura de los osarios, el dirigente ´popular´ apela al artículo 16 de la ley de Memoria, "el más votado por todos los Grupos de la Cámara", que, además de despolitizar por completo el Valle de los Caídos y de prohibir en el recinto cualquier "acto de naturaleza política o de exaltación de la Guerra Civil o el franquismo", establece que "se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos". Así, según el diputado catalán, el Gobierno estaba obligado por Ley no ya a invitar al padre abad -que es la máxima autoridad en el lugar de culto- sino a pedirle permiso. Además, debíó pedir autorización al ayuntamiento y a la comunidad, como es de uso para cualquier cementerio público.
Con respecto a lo que viene ocurriendo desde hace 10 meses, el PP acusa al Gobierno de haber apartado deliberada y unilateralmente al Valle de los circuitos turísticos, "cuando atraía a 400.000 personas". También denuncia que, según el citado artículo de la Ley de Memoria, el Ministerio de la Presidencia está estableciendo el horario de visitas, cuando es la Abadía la verdaderamente competente.
Fernández Díaz admite haber tenido cumplido y oficioso conocimiento de cuanto acontecía en el Valle, y asegura que el PP no quiso denunciar los hechos, "precisamente, para que la política quede extramuros del recinto, tal como se pactó en la ley de Memoria Histórica".
"Se trata de una política de hechos consumados", denuncia ahora el diputado ´popular´, la que está haciendo el Gobierno.