El debate sobre la eutanasia debe abordarse como lo que es: un proyecto de ley del Gobierno. Se trata de la discusión sobre una determinada política pública que sólo puede enfocarse desde el punto de vista de los bienes comunes y bienes generales. De ahí que no sean válidas las razones extraídas de casos extremos que constituyen intereses particulares.
El debate es este: ¿es necesario y bueno que el Estado legalice la muerte autoinfligida o solicitada como un fin satisfactorio? Y la respuesta es que matar legalmente no puede ser la solución para abordar un problema humano, y menos con una sanidad pública y una medicina tan avanzada como la nuestra. Dar al ser humano la misma solución que a un animal para evitar su sufrimiento es el fracaso del Estado. Y esto explica por qué, a pesar de décadas de campañas, sólo rige en cinco países: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Unos pocos países más aceptan, o no penalizan, el suicidio asistido. El refrendo europeo, occidental y global es rotundo: no.
La eutanasia nada tiene que ver con legislaciones llamadas de voluntad anticipada, bien morir, y otras que protegen del encarnizamiento terapéutico, prolongar la vida innecesariamente, o las que rigen las atenciones paliativas, el vivir y morir sin dolor, porque la respuesta al sufrimiento son los cuidados paliativos y el acompañamiento, como lo es la construcción de una sociedad más fraterna. Las atenciones paliativas no alargan artificialmente la vida, en ocasiones más bien lo contrario como efecto no perseguido. Su fin es proporcionar calidad de vida. Vivir y morir bien. Sin sufrimiento.
La eutanasia como política pública empuja a la muerte de los más débiles, los inútiles. Sentirse un sobrante, una carga para la familia, incita socialmente a morir cuando hay una ley que dicta que esto es bueno. Condiciona la libertad de elegir haciendo pensar que aquella es una vida indigna de ser vivida: “¡Qué haces tú en este mundo!”.
Es una manifestación de desigualdad, como lo constata el voto contrario del Partido Comunista portugués. A más ingresos menos eutanasia, porque quienes los disfrutan pueden pagarse un buen abordaje del dolor y del final, mientras que su existencia legal margina los cuidados paliativos de las políticas públicas, como sucede en Bélgica y Holanda, que poseen unos servicios peores que los catalanes.
La eutanasia es parte del problema y no de la solución.
Publicado en La Vanguardia.