Con motivo de la entrada en vigor de la de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, también llamada ley del Aborto, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), patronal que, junto a la FERE, representa a los centros de iniciativa social, ha hecho unas declaraciones referentes al capítulo educativo que incluye la nueva Ley.
ACTO SEGUNDO: La FERE se desmarca de la oposición a Educación para la Ciudadanía y secunda al gobierno mediante el recurso a lo que denominan “adaptación” de la asignatura al ideario propio del centro. La CECE manifiesta con claridad que esta maniobra es inaceptable:
“el recurso al currículo de La Rioja demuestra que Educación para la Ciudadanía no se puede adaptar a ningún ideario . ¡Qué tomen nota quienes mantienen opiniones distintas!”[3]
ACTO TERCERO: Las administraciones presionan a los centros amenazando con los conciertos educativos que tienen suscritos la mayoría de los titulares de CECE. Algunas asociaciones que propugnaban la objeción de conciencia recorren el camino inverso convenciendo a los padres que retiren la objeción porque los centros van a adaptar la asignatura al ideario del centro:
“La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) elaborará sus propios libros de texto de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía, ya que la Ley Orgánica de Educación (LOE) permite a los centros hacer sus propios libros si así lo decide la dirección. (…) ‘No vamos a incumplir la ley, sino que vamos a cumplirla del mejor modo posible", han afirmado los responsables de esta organización’.”[4]
ACTO CUARTO Y ÚLTIMO: La CECE ha relegado la lucha por los principios (el derecho de los padres) a la lucha por los contenidos (la ‘adaptación’ que tanto criticó en su momento a la FERE). Los padres objetores hemos sido desmovilizados con todo tipo de argumentos que tienen el denominador común de “aceptar el mal menor”. De respaldados hemos pasado a ser tolerados. Y de tolerados a combatidos. Quienes dicen respetar nuestras decisiones procuran que no se hagan efectivas. Así se escribe la historia.
EPÍLOGO
En román paladín: la misma CECE que entiende que “es la familia quien determina qué contenidos ofrece a sus hijos, cuándo y cómo hacerlo”, asume que serán sus propios centros los que arrogándose el papel de los padres, impartirán la Educación Sexual Obligatoria en sus aulas. Eso sí: “dando una visión desde su ideario o carácter propio". Dicho de otra manera: aceptamos la intromisión del Estado en los derechos de los padres siempre que los centros podamos impartir la educación sexual de acuerdo a nuestro ideario. ¿Que el Estado se entromete? Pues nosotros también. Eso sí, “según nuestro ideario”. Entramos al juego de la intromisión mientras nos dejen adoctrinar según nuestro ideario.
Europa Press recoge[1]termina qué contenidos ofrece a sus hijos, cuándo y cómo hacerlo’.”
que esta ley, según el portavoz de la CECE, “atenta contra los derechos de los padres y de los centros con la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo” puesto que, a su juicio, “son las familias las que han de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, apelando a su libertad ideológica y religiosa, ‘entendiéndose que la sexualidad se incluye dentro de la esfera íntima y personal y que es la familia quien de
que esta ley, según el portavoz de la CECE, “atenta contra los derechos de los padres y de los centros con la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo” puesto que, a su juicio, “son las familias las que han de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, apelando a su libertad ideológica y religiosa, ‘entendiéndose que la sexualidad se incluye dentro de la esfera íntima y personal y que es la familia quien de
Efectivamente, la CECE tiene claro que los padres somos los responsables primeros de la educación sexual de nuestros hijos, por lo que cae bajo nuestra estricta responsabilidad determinar “qué contenidos (...) cuándo y cómo hacerlo”. Y, hasta ahora, así hemos procurado hacerlo sin recurrir a una específica educación sexual impartida en la escuela, sea esta pública o de iniciativa social. Entre otras razones, porque se trata de una formación personal que sólo puede impartirse con garantías en el contexto de una relación de confianza e intimidad que no es posible sustituir por una clase impartida en el aula.
Coincidiendo con el criterio expuesto por la CECE, muchos padres exigimos la retirada del proyecto de Educación Sexual Obligatoria que establece la Ley del Aborto. Y no por sus contenidos —por muy previsibles que resulten— sino porque, al igual que la asignatura de Educación para la Ciudadanía, supone la intromisión del Estado a través de los centros educativos en un ámbito que corresponde a los padres administrar porque afecta directamente a la dimensión moral de la formación de sus hijos.
Esta característica diferencial y adoctrinadora de ambas asignaturas no es una especulación o un argumento de oposición política: es el propósito manifiesto y declarado del gobierno y de sus impulsores.
Ante este acertado diagnóstico, parecería consecuente que la CECE defendiera el derecho de los padres a oponerse a recibir en los centros Educación Sexual Obligatoria. Pero, por desgracia, acabamos de asistir a una función con los mismos protagonistas y pocos cambios en el guión: la implantación de la Educación para la Ciudadanía:
ACTO PRIMERO: La CECE se opone a implantar Educación para la Ciudadanía recomendando a los padres la objeción y a los centros manifestar su disconformidad y acatar la asignatura “por imperativo legal”:
“La CECE (…) propone a los padres de alumnos (..) el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia (…) Igualmente propone a los titulares de centros educativos la suscripción y difusión entre los padres de su centro de una declaración por la que, salvando el acatamiento y cumplimiento con la obligación legal de organizar la impartición de Educación para la Ciudadanía, manifiestan su disconformidad con la misma y el pleno respeto al derecho de los padres a educar libremente a sus hijos (…)".[2]
ACTO SEGUNDO: La FERE se desmarca de la oposición a Educación para la Ciudadanía y secunda al gobierno mediante el recurso a lo que denominan “adaptación” de la asignatura al ideario propio del centro. La CECE manifiesta con claridad que esta maniobra es inaceptable:
“el recurso al currículo de La Rioja demuestra que Educación para la Ciudadanía no se puede adaptar a ningún ideario . ¡Qué tomen nota quienes mantienen opiniones distintas!”[3]
ACTO TERCERO: Las administraciones presionan a los centros amenazando con los conciertos educativos que tienen suscritos la mayoría de los titulares de CECE. Algunas asociaciones que propugnaban la objeción de conciencia recorren el camino inverso convenciendo a los padres que retiren la objeción porque los centros van a adaptar la asignatura al ideario del centro:
“La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) elaborará sus propios libros de texto de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía, ya que la Ley Orgánica de Educación (LOE) permite a los centros hacer sus propios libros si así lo decide la dirección. (…) ‘No vamos a incumplir la ley, sino que vamos a cumplirla del mejor modo posible", han afirmado los responsables de esta organización’.”[4]
ACTO CUARTO Y ÚLTIMO: La CECE ha relegado la lucha por los principios (el derecho de los padres) a la lucha por los contenidos (la ‘adaptación’ que tanto criticó en su momento a la FERE). Los padres objetores hemos sido desmovilizados con todo tipo de argumentos que tienen el denominador común de “aceptar el mal menor”. De respaldados hemos pasado a ser tolerados. Y de tolerados a combatidos. Quienes dicen respetar nuestras decisiones procuran que no se hagan efectivas. Así se escribe la historia.
EPÍLOGO
¿Se va a repetir, entonces, la farsa? Todos los indicios parecen indicar que sí. Y ojalá me equivoque, pero en las declaraciones de hoy la CECE anuncia de soslayo la estrategia que va a seguir: “Del mismo modo, han opinado que la "imposición" en los centros de la figura de "agentes sanitarios", deja "sin opción" a la dirección del colegio y a las organizaciones afines para que intervengan dando una visión desde su ideario o carácter propio.“[5]
En román paladín: la misma CECE que entiende que “es la familia quien determina qué contenidos ofrece a sus hijos, cuándo y cómo hacerlo”, asume que serán sus propios centros los que arrogándose el papel de los padres, impartirán la Educación Sexual Obligatoria en sus aulas. Eso sí: “dando una visión desde su ideario o carácter propio". Dicho de otra manera: aceptamos la intromisión del Estado en los derechos de los padres siempre que los centros podamos impartir la educación sexual de acuerdo a nuestro ideario. ¿Que el Estado se entromete? Pues nosotros también. Eso sí, “según nuestro ideario”. Entramos al juego de la intromisión mientras nos dejen adoctrinar según nuestro ideario.
¿Y dónde quedan los derechos de los padres?
¿Es que hemos extendido un cheque en blanco a los centros con ideario para que formen a nuestros hijos en todos los ámbitos y en toda su profundidad?
¿Qué hay de los niños que se formarán en la escuela pública según el “ideario” impuesto por el gobierno?
¿A quién beneficia la consiguiente tensión entre centros públicos y centros concertados?
¿Es el adoctrinamiento gubernamental “una oportunidad” (como algunos han señalado) para el desarrollo de los centros de iniciativa social?
¿Creen los titulares de los centros que el gobierno aprueba leyes ideologizantes para permitirles hacer lo que les venga en gana?
En pocos meses empezaremos a tener respuestas. Ojalá, repito, me equivoque. Pero una vez aceptadas las reglas del juego dictadas por el gobierno, la libertad de los centros de iniciativa social tiene malas perspectivas a medio plazo. Por no hablar de los padres, que somos los convidados de piedra en esta contienda que se supone se libra por nuestros derechos. Ojalá nos pidieran la opinión.