Recientemente, diversos agresores sexuales, acogiéndose a la llamada ley Trans, se han cambiado de sexo para eludir las consecuencias de la llamada ley de Violencia de Género. Se suman así a una legión de espabilados que ya se habían acogido al mismo recurso legal para obtener ventajas en oposiciones públicas, alcanzar subvenciones o disfrutar de un tratamiento penitenciario favorable. A simple vista, estos sujetos parecen estar incurriendo en lo que técnicamente se denomina "fraude de ley"; pero la ley Trans no es otra cosa sino un fraude legal en sí misma.

La llamada ley Trans consagra el poder del sujeto para convertir su voluntad en norma, de tal modo que su "identidad sentida" se convierta en identidad cierta, sin importar que las evidencias establezcan abrumadoramente lo contrario. La llamada ley Trans consagra la plena autonomía del sujeto, que se convierte en dueño y señor de las normas, capaz de convertir sus pretensiones más desquiciadas en derecho subjetivo. El Estado se convierte así en servidor de la voluntad soberana del individuo, que tendrá el poder de afirmarla y de requerir al Estado para que haga efectiva su realización. El ordenamiento jurídico deja de ser, de este modo, el medio para ordenar la sociedad según la justicia, para convertirse en un instrumento que faculta a cada quisque a realizar sus deseos y aspiraciones, sus apetencias y caprichos, aun los más desquiciados o aberrantes. No sólo el derecho a la "autodeterminación de género", sino en general todo el supermercado de los derechos de bragueta no son sino meras pretensiones personales sin otra justificación que la realización del derecho de absoluta determinación del individuo. De este modo, se puede definir el incesto como un derecho subjetivo, como ya ha ocurrido en Alemania; o se puede uno sentir señora con la barba florida y el bálano embravecido (y dispuesto a embestir a otras señoras), como ocurre en España; o se puede autorizar la "pedofilia consensuada", como ya se promueve desde la ONU.

Los agresores sexuales que cambian de sexo para beneficiarse legalmente no están cometiendo ningún fraude de ley. Son las leyes que amparan la "autodeterminación de género" las que constituyen un fraude craso, un autentico desahucio del Derecho. Ninguna opinión personal puede, por sí misma, legitimar un derecho subjetivo, menos aún su ejercicio. Las pretensiones personales, afirmadas como derechos, convierten el Derecho en instrumento de anarquía nihilista. Esta mutación demente decanta la democracia hacia el totalitarismo; pues el demagogo de turno, en conformidad con las minorías a las que concede el favor de convertir sus deseos en ley, podrá hacer del derecho un instrumento de dominación de las conciencias, que acatando la ley no hacen sino comulgar con la ideología establecida.

No se trata de "fraudes de ley"; se trata de leyes fraudulentas aprobadas al amparo de un régimen político corrupto y corruptor.

Publicado en ABC.