Hace unos días, en Buenos Aires, una delegación de organismos defensores de los derechos humanos mantuvo una reunión con el presidente y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), obispos Óscar Ojea y Marcelo Colombo. Lo que preocupaba a los activistas fue la visita de siete diputados de La Libertad Avanza (el partido del Presidente Javier Milei) a un grupo de militares detenidos en la cárcel de Ezeiza por delitos de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura militar en ese país (1976-1983).

Los diputados visitaron a los detenidos para recibir de ellos “un proyecto de ley para solicitar que la pena sea cumplida en el domicilio y que, aquellos que no hayan tenido sanción y sigan con prisión preventiva, recuperen la libertad”.

Como el mediador entre los militares y los diputados fue, aparentemente, el conocido sacerdote Javier Olivera Ravasi -gran sembrador de la buena doctrina en las redes sociales-, las organizaciones de derechos humanos pidieron a los obispos su expulsión de la Iglesia católica “por las actividades que viene desarrollando” y “por ser heredero del proyecto de impunidad de los genocidas”.

A todo esto, el vocero de la CEA, Máximo Jurcinovic, publicó en su cuenta en la red social X que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la CEA” y que “se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote”.

De lo último no hay duda: es una acción particular y personal de un sacerdote. Lo que a mí me cuesta entender, es dónde está el mal en la acción del padre Javier…

¿Está mal que un sacerdote medie para obtener condiciones más humanitarias para presidiarios de edad avanzada, que sea cual sea sus delitos, son personas?

¿Está mal que pida la libertad para quienes están en prisión preventiva por hechos ocurridos hace cincuenta años?

¿Está mal que a su acción pastoral carcelaria le sume la mediación con miras a la presentación de un proyecto de ley que como es natural, debe seguir su trámite parlamentario y ser aprobado por la mayoría de los legisladores argentinos para entrar en vigor?

¿Está mal que un sacerdote católico procure obrar misericordiosamente con personas que, más allá de sus delitos, son seres humanos creados por Dios, con toda la dignidad que ello supone?

¿Qué cabe esperar de un sacerdote? ¿Desprecio por el pecador? ¿O más bien desprecio por el pecado y amor al pecador, sea quien sea?

Luego de ser torturado y crucificado, Nuestro Señor Jesucristo pidió mientras moría en la cruz: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23, 34). ¿No debemos los cristianos tener la misma actitud y fomentar el perdón entre hermanos a como dé lugar? ¿No es vivir de acuerdo con una lógica de perdón procurar la obtención de mejores condiciones para quienes están detenidos, o la libertad para quien no ha sido sentenciado? Sinceramente, no logro entender cuál es el problema con un sacerdote que procura evitar que militares convictos por hechos ocurridos hace cincuenta años mueran en la cárcel. Porque no es algo que huela a justicia: más bien huele a venganza. 

El mismísimo Mandela, cuando salió en libertad tras 27 años de estar encerrado en la cárcel, salió a perdonar y promover la reconciliación, porque entendía que el perdón -signo de fortaleza- libera el alma, termina con el miedo y es la única forma de romper la espiral de odio y violencia en la que estaban inmersos los sudafricanos.

No puedo dejar de preguntarme si el “todos, todos, todos”, que desde hace un tiempo la Iglesia está empeñada en afirmar, aplica efectivamente a todos, o si deja fuera a convictos por delitos de lesa humanidad. En otras palabras, si aplica a todos, o sólo a quienes cometen determinados pecados… Lo que molesta es el doble rasero: la misericordia para unos, y para otros, el más frío y cruel rigor.

Para terminar, uno puede llegar a entender que haya gente que discrepe con las acciones del padre Javier, o que se abstenga de tomar partido. Pero en esos casos, el mínimo exigido, a nuestro juicio, es el respeto a la libertad de quien, según su leal saber y entender, intentó realizar una obra de misericordia. De esa misericordia de la que tanto habla hoy la jerarquía católica.