Algunos piensan que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo parece un panfleto extremista en su extenso preámbulo, que es donde se justifican precisamente todas las políticas que propugna, a nivel educativo y de fomento del aborto. En mi opinión, no es que lo parezca, sino que lo es, y muy descaradamente, porque sigue al pie de la letra las consignas que ha marcado a nivel mundial la IPPF. Este grupo (Internacional Planned Parenthod Federation, o Federación Internacional de Planificación Familiar) es una organización mundial que busca la promoción de los derechos referidos a la salud sexual y reproductiva de las personas. Fundada en 1952 en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar de Bombay, tiene su cuartel general en Londres, y da empleo a más de 300 personas que se dedican a promover sus principios en más de 170 países. El año 2008 (el último del que hay cifras) su presupuesto fue de más de 120 millones de dólares. En España el grupo se denomina FPFE (Federación de Planificación Familiar Estatal), y según afirman en su página web, trabajan «para sensibilizar y concienciar a la sociedad, a la vez que ejerce medidas de presión sobre los poderes públicos para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas».
 
Entre los objetivos de la IPPF están los siguientes:
 
Su trabajo lo agrupan en torno a las 5 A’s, que marcan sus líneas estratégicas:
 
  1. Aborto. Se trata de favorecer el acceso al aborto seguro. Para ello, tienen un fondo denominado «Safe Abortion Action Fund», que financia campañas y actuaciones en este ámbito. Según sus cálculos, en el mundo mueren anualmente 500.000 mujeres por problemas relacionados con el parto, de los cuales 70.00 son por causa de abortos mal realizados (un 13% de todas las muertes): Pretenden, por tanto, reducir esta cifra, haciendo el aborto más accesible y seguro.
  2. Acceso a la educación sexual. Se trata de que los 150 millones de mujeres que en el mundo quieren evitar embarazos sepan cómo hacerlo a través de un fácil acceso a servicios de promoción de salud sexual y reproductiva. Y para ello se trata de eliminar las barreras que vienen de una desinformación, prejuicios o discriminaciones de género.
  3. Adolescentes. Para la IPPF, los jóvenes son, literalmente, «seres sexuales con derecho al acceso a servicios de contracepción». Ya es triste que se defina así a los jóvenes, porque denota una visión extremadamente reduccionista, y yo diría enfermiza, de la juventud. Desde su perspectiva, como no hay manera de evitar que los jóvenes tengan sexo, ya que es parte esencial de su naturaleza (de ahí que los definan como «seres sexuales»), hay que facilitarles información para que practiquen un sexo seguro, y acceso al aborto, en el caso de que falle la seguridad que les han facilitado y se produzca un embarazo no deseado.
  4. Abogacía (es decir, lobby). Se trata de presionar en todas las instancias políticas a los gobiernos de todos los países para lograr cumplir con los objetivos planteados en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994. En esta conferencia se empezó a dejar de hablar, como hasta entonces, de objetivos demográficos para empezar a hablar de los derechos a la salud sexual y reproductiva. El plan abarca hasta el 2015, para cuando se deben haber alcanzado los objetivos de reconocimiento universal de dichos derechos, ya que  se considera que sin acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos no será posible erradicar la pobreza del mundo.
  5. AIDS (SIDA). Pretenden reducir la epidemia de SIDA proporcionando servicios educativos ligados a la estrategia de salud sexual y reproductiva. Es decir, para evitar el SIDA, en vez de promover la abstinencia sexual se promueve el así llamado «sexo seguro».
 
Al igual que cualquier empresa que se precie, la IPPF tiene establecida claramente su misión, visión y valores. Si tienen curiosidad, pueden verlos aquí.
 
Lo que resulta evidente, es que hemos empezado a oír hablar machaconamente de los supuestos derechos a la «salud sexual y reproductiva», concepto creado en la Conferencia de El Cairo e impulsado por la IPPF. Parece que nuestro gobierno se ha adherido claramente a esta corriente de pensamiento. Esto es lo que dice la IPPF en su documento de marco estratégico 2005-2015: «Defendemos el derecho que tiene toda la gente joven de gozar de vidas sexuales libres de enfermedades, embarazos no deseados, violencia y discriminación. Trabajamos para garantizar que las mujeres no sean expuestas a riesgos innecesarios por lesiones, enfermedades y muerte como resultado del embarazo y parto. Apoyamos el derecho que tiene toda mujer de elegir si terminar o no su embarazo de manera legal y segura».
 
Con estos antecedentes, se entiende que nuestra ley reconozca, en su preámbulo que el legislador «parte de la convicción, avalada por el mejor conocimiento científico, de que una educación afectivo sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos».
 
Dejaré de lado la cantidad de falsedades que hay en este párrafo de la ley, ya que no es verdad que se prevengan los embarazos entre los jóvenes de esta manera, sino que, por el contrario, aumentan exponencialmente. Lo peligroso es la filosofía de fondo que transmite, heredera de Marcuse y Simone de Beauvoir. Su fundamento antropológico, que separa el nexo entre sexualidad-conyugalidad-familia, convirtiendo la procreación en un hecho meramente circunstancial, es contrario a la dignidad humana. Para esta corriente de pensamiento, la sexualidad no se considera como parte integral de la persona, sino como algo periférico (tanto que uno puede cambiarlo, dando primacía al «género» sobre el sexo, como hemos comentado en algún artículo anterior). Si alguien hubiera pensado un plan para deshumanizar al hombre no podría haberlo hecho mejor que el plan de la IPPF. Lo que aterra es ver cómo nuestros políticos se han dejado engañar por ellos y han copiado sus consignas al pie de la letra.