Los obispos, siempre tan bizcochables, prefieren pensar (risum teneatis) que la ministra Isabel Celaá ha padecido «un lapsus» cuando ha afirmado con todo su santo cuajo (¡y en un congreso de la escuela católica!) que «de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres [sic] a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo sea parte de la libertad de enseñanza recogida en la Constitución». Es verdad que, de vez en cuando, a la ministra Celaá se le ocurre atribuir a Aristóteles alguna cita apócrifa; pero estos deslices, más que descuido, revelan premeditación, y hasta cierto taimado refinamiento. La ministra Celaá, si por algo destaca, es por sus cualidades sibilinas, expresadas siempre con una dicción elegantísima que no da puntada sin hilo. Resulta, desde luego, del género tonto pensar que Celaá, que habría podido quedarse tan pichi en su mansión de Berango, haciendo sus abluciones en sus siete cuartos de baño, haga el sacrificio de asistir a un congreso de escuelas católicas, donde los baños serán comunales, para improvisar un discursete sazonado de lapsus. La ministra Celaá fue a ese congreso con los deberes y las abluciones hechas; y cada palabra de su discurso estaba más calculada que las poses de Marlene Dietrich.

El catolicismo pompier ha querido corregir a la ministra Celaá, invocando citas del Tribunal Constitucional contrarias a su afirmación, que a su vez se funda en otras citas del mismo Tribunal. Y la ministra Celaá, en lugar de exponer al catolicismo pompier que en el barrizal positivista nada es verdad ni es mentira, le ha pasado la mano por el lomo socarronamente. Pero la cruda verdad ya la expuso Gregorio Peces-Barba cuando se discutía en el Congreso la redacción del artículo 15 de la Constitución:

-Desengáñense sus señorías. Todo depende de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación de las leyes. Si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría política proabortista, «todos» permitirá una ley del aborto; y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría antiabortista, «personas» impedirá una ley del aborto.

Y lo que ha servido para permitir el aborto, servirá también para cargarse la escuela concertada cuando al poder político le pete. Y, habiendo una mayoría política partidaria de que la libertad educativa no incluya el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo, tales derechos decaerán y santas pascuas. Y esto será así porque, como ya hemos explicado repetidamente, en el barrizal positivista vigente, la justicia ha dejado de ser el fundamento del derecho, y el poderoso de turno se convierte en creador de un derecho que ya no es expresión de la racionalidad jurídica, sino acto de voluntad del Estado Leviatán, puro nihilismo jurídico apoyado en conveniencias políticas cambiantes, cuando no en pulsiones y resentimientos ideológicos. Y la escuela concertada es una de las dianas predilectas del resentimiento de las fuerzas que hoy están detrás del poder político y de la interpretación de las leyes. Y tales fuerzas consideran -aunque no lo digan abiertamente, porque no suelen cometer lapsus- que hay que acabar con el derecho de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos y sustituirlo por el derecho de los hijos a librarse de las creencias de sus padres. Así que el benéfico Estado Leviatán socorrerá a los hijitos, para que no sean sometidos a la dictadura ideológica de sus padres católico-talibanes. Por supuesto, esta destrucción de la escuela concertada no se hará de la noche a la mañana, sino mediante una lenta y progresiva asfixia económica, propiciada por leyes (¡el barrizal positivista!) que serán, una tras otra, bendecidas por el Tribunal Constitucional. Desengáñense sus señorías.

Publicado en ABC.