El 13 de septiembre de 2019, es decir, bien recientemente, el Parlamento europeo aprobaba una disposición, por una abrumadora mayoría de más del ochenta por ciento, que condenaba por totalitarias y antidemocráticas las ideologías nazi y comunista.

Hoy, España es el único país europeo que cuenta con ministros comunistas y un Gobierno de coalición socialista y comunista. No han pasado muchos días desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, sin que hayan empezado a aparecer toques totalitarios, no sólo en el Ministerio de Igualdad, regido por los comunistas de Podemos, sino también en el de Educación, con ministra socialista.

Isabel Celaá, la ministra socialista, ha ocupado buena parte de los titulares del sábado 18 de enero con su declaración: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres". Pero la señora Celaá y los que piensan como ella, aunque ella afirme que el llamado pin parental “va directamente contra los valores constitucionales”, se encuentra con dos obstáculos llamados Constitución y Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. En efecto leemos en nuestra Constitución: “art. 26-3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Y en su artículo 10-2 se nos dice: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” .

El texto a que hace referencia la Declaración Universal es: “Art. 27-3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Es decir la tarea de educar a los hijos corresponde fundamentalmente a los padres. Pero no nos olvidemos que no son sólo socialistas y comunistas, sino todos los partidos que defienden y votan a favor de la ideología de género, entre los que hay algunos de los que la gente piensa que son de derechas, defienden la ideología de género, es decir la destrucción de la familia es su objetivo fundamental.

Ese mismo día he leído en mi periódico local un artículo en la línea de lo que defiende el Gobierno, pero que puede ser muy instructivo a la hora de entender su postura.

En él se rechaza que los padres puedan controlar lo que a sus hijos se les enseña en educación sexual, porque “el Estado tiene el deber y la potestad de proteger a los menores de las gilipolleces y las taras de sus progenitores”; “la familia puede volverse un cárcel si no implementamos mecanismos que limiten el poder absoluto de los padres. Todos tenemos derecho a que ningún idiota nos condicione la existencia”; “que ningún progenitor pueda decidir la ideología de su hijo”. En pocas palabras, se parte del supuesto que los padres son idiotas y no saben educar, y por ello la educación de los niños corresponde al Estado y no a los padres.

Pero en circunstancias normales el principal ingrediente de la educación de un niño es el amor, y creo que hay que ser muy sectario para afirmar que quienes más quieren a los niños no son los padres, sino el Estado, aparte que hechos como lo que está pasando estos días en Mallorca, con el escándalo de los pisos tutelados, signifique que el Estado siempre educa bien.

En la concepción cristiana, “puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole, y, por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos” (declaración del Concilio Vaticano II Gravissimum educationis nº 3); “los padres han sido constituidos por Dios como los primeros y principales educadores de los hijos, y su derecho es del todo inalienable” (exhortación de San Juan Pablo II Familiaris consortio nº 40), siendo “su función docente de tanta trascendencia, que cuando falta, difícilmente puede suplirse” (FC nº 36).

El fundamento del derecho a educar a sus hijos por parte de los padres es porque les quieren. Los padres deben velar por sus hijos, cuidarlos y educarlos, pero sobre todo amarlos, siendo ésta su tarea más noble y hermosa. Tienen, por tanto, derecho a tomar decisiones sobre ellos, decisiones que los demás hemos de respetar, a menos que sean claramente malas y perjudiciales para los hijos. Es por ello un derecho indiscutible de los padres decidir qué clase de educación quieren para sus hijos, puesto que son los principales responsables de ella y de los valores que quieren transmitirles, de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales y filosóficas. En consecuencia el derecho a la educación y la libertad de enseñanza van íntimamente unidos, por lo que si los padres quieren clase de Religión Católica o de otra confesión religiosa, el Estado debe hacerlo posible en los colegios públicos, con el único límite de exclusión de aquellas enseñanzas que violan los derechos humanos.