Por fin se han reunido Ángel Gabilondo y María Dolores de Cospedal para hablar de Educación, y parece que el ministro no descarta hacer algunos cambios en el modelo educativo dentro de un posible Pacto de Estado. En la foto que les tomaron tras la reunión, ambos aparecen sonrientes, cogidos de la mano, aparentemente satisfechos. Los padres, de momento, no podemos exhibir una sonrisa de satisfacción.
 
Si tiramos de hemeroteca y nos remontamos a los primeros días del verano, Gabilondo se iba de vacaciones con una llamada a reflexionar sobre qué ocurre  en una sociedad donde los menores tienen los valores «tan dislocado» como para cometer «atropellos» como la violación de una niña de 13 años. ¿Habrá reflexionado el señor ministro? Desde luego no lo suficiente como para sacar el multimedia Sexpresan  de la página del Ministerio de Educación. Su temporada de reflexión tampoco le ha llevado a preguntarse cómo encaja el comic «Alí Babá y los cuarenta maricones» en el apartado de Literatura, como recurso recomendado para educar en valores, esos supuestos «valores compartidos» de los que tanto se habla. Y tampoco le ha servido para enviar una invitación a los padres objetores a EpC los cuales, sin duda, podrían ayudarle a reflexionar sobre cómo evitar que Educación para la Ciudadanía siga adoctrinando a diestro y siniestro…de manera siniestra.
 
Tras la reunión, Cospedal revelaba a los medios algunos de los objetivos que había trasladado a Gabilondo: conseguir un «modelo único vertebrado» que garantice la igualdad de oportunidades «en cualquier parte del territorio», que respete «la libertad de los padres para elegir» la educación de sus hijos, una mejora de la calidad a través de sistemas de evaluación y la recuperación de los valores de «esfuerzo y mérito». Francamente, suena muy bien. Todos ganaríamos si esas hermosas palabras fueran una realidad. Confiemos en ello y en que dejen de «enredar» con la educación, como decía el ministro en la radio. Si el PP consigue llegar a un acuerdo en estas cuestiones con el PSOE se habrá producido algo inaudito: habrán logrado con el Gobierno, en materia de educación, lo que no consiguen con algunas de sus Comunidades, como por ejemplo Castilla y León. Los padres objetores de esta región llevan más de dos años contemplando, atónitos, cómo la Consejería de Educación pone en solfa a la dirección nacional de su partido, sin que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, desautorice a los responsables de la Consejería, Mateos y Sánchez Pascuala. Aquellos que llevamos tiempo observando la situación no dejamos de preguntarnos cómo van a defender desde Génova su postura frente al Ministerio si son incapaces de meter en cintura a los responsables de una Consejería que va por libre en el tema de EpC.
 
¿Podría María Dolores de Cospedal explicarles al viceconsejero Pascuala, al consejero Mateos y al propio presidente Herrera lo que significa «la libertad de los padres para elegir», y cuál debe ser su aplicación práctica? El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de reconocer, mediante sentencia, que han apreciado que Educación para la Ciudadanía supone un «riesgo exorbitante, que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos, lo que les hace acreedores del derecho a que estos se vean dispensados ex artículo 27.3 CE de cursar la asignatura, sin consecuencias desfavorables para ellos».

Es difícilmente explicable que, una vez conocida esta sentencia, se hayan limitado a decir, (por boca del omnipresente viceconsejero, que siempre parece estar calentando la banda, ansioso por saltar al terreno de juego a sustituir al actual titular) que acatarán la misma en sus justos términos, pero que «no va a hacer extensiva al resto de alumnos» dicha sentencia. Esta negativa a aplicar a todos los  alumnos objetores una sentencia dictada por el más alto tribunal de la Comunidad contrasta con la rapidez con que hicieron extensiva la sentencia del Supremo que sólo afectaba a unos casos de Andalucía y Asturias. Será que han decidido aplicar la norma suprema que algunos manejan con especial maestría: la ley del embudo.
 
Mientras llega o no llega el imprescindible Pacto de Estado entre el PP y el PSOE, se están sucediendo otro tipo de «pactos» no oficiales en torno a EpC: colegios que se saltan la ley y no dan EpC sino algo que llaman la asignatura adaptada, mientras la inspección «pacta» con ellos hacer la vista gorda porque, de momento, el objetivo a batir son los objetores… Profesores que hacen  «pactos» con algunos padres para que los niños hagan finalmente algún trabajo que les permita aprobar la asignatura sin entrar en clase, y de paso quitarse ellos de encima el problema de la inspección… Directores que «pactan» con los padres si los alumnos objetores se quedan en la biblioteca o en otra clase mientras el resto dan EpC… Directores que se niegan a aceptar ningún «pacto» y abandonan al alumno en un pasillo… Pactos y más pactos… A veces es muy fácil; a veces es realmente difícil. Y cuántos pactos habrá de los que no sabemos nada, que justificarían algunas actitudes inexplicables en aquellos que parecen haberse equivocado de enemigo a batir enfrentándose a los padres en lugar de al Estado adoctrinador.
 
También los hay, y a miles,  que no hacen ningún tipo de pacto, porque para ellos no hay acuerdo posible hasta que llegue ese gran Pacto de Estado que resuelva definitivamente el conflicto. Esperemos que, ahora sí, la cordura se imponga y se empiece a hablar, de verdad, de modelo único vertebrado, de esfuerzo, de mérito, de disciplina y de la gran palabra…Libertad.