Este año 2020 la sociedad española, y específicamente los cristianos, han de asumir el reto que significan tres graves amenazas que se presentan de manera casi simultánea.

La primera trata del derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, a su educación, en definitiva, en el sentido más primigenio de la palabra. Es decir, de cómo deben construir su vida y cuáles son los valores y las virtudes humanas sobre las que deben fundamentarla.

El Gobierno español ya ha dejado claro que considera que la educación de nuestros hijos es una prerrogativa suya. Es una posición común a todos los totalitarismos de Estado que intentan formatear la mente de los niños desde la escuela.

Aquellas declaraciones, y esto es lo grave, son el fundamento de la nueva ley de educación que prepara el Gobierno de Pedro y Pablo. No se trata, por tanto, de un incidente pasado, sino de un anuncio de un daño que se va a producir. Por una vez no nos limitemos a ser reactivos, y construyamos ya desde ahora la respuesta necesaria, basada en el cumplimiento de los derechos que nos otorga la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los tratados internacionales a los que se ha adherido España. No se trata de qué decir, sino, como casi siempre en política, de cómo hacerlo.

La respuesta a la amenaza sobre la educación de nuestros hijos no puede estar fragmentada, diluida, en intereses sectoriales. Se ha de construir forjando una gran alianza de asociaciones -tanto sectoriales como generales- que compartan el proyecto común, y garanticen en la futura ley de educación, y de manera práctica y concreta, el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, y a la primacía de sus criterios en este ámbito. Lo que comporta claramente el derecho a elegir el centro escolar dotado de ideario propio, y que el coste del mismo sea exactamente igual al de la escuela pública.

Este derecho debe integrar también el modelo de escuela diferenciada, al igual que sucede en otros países de Europa. También debe velar por el derecho de las atribuciones de los padres en la escuela pública. Su naturaleza no significa que sean escuelas propiedad del Estado, portador de un determinado ideario, sino que cumplen una función de servicio público basado precisamente en la obligatoria neutralidad doctrinal de creencias del propio estado.

La segunda amenaza se refiere a la inmediata entrada en el Congreso del proyecto de ley sobre la eutanasia, que por lo que se conoce, será una de las más agresivas que existen entre el reducido número de países que han aprobado esta medida, que legaliza el homicidio por parte del médico.

También en este caso es necesaria una respuesta amplia. Otra vez es pertinente el uso del mismo concepto organizativo: la alianza de organizaciones y grupos contrarios a la eutanasia. En este caso la estrategia es clara. Se trata de situar en primer término, y antes que toda legislación en aquel sentido de muerte, la ley que garantice las atenciones paliativas al 100 por 100 de la población de España. Mientras esto no se produzca, el debate sobre la eutanasia es tramposo porque le dicen a la gente qué prefieres morir con dolor o que te matemos. Esto no sería propio de una sociedad buena. Este no será un Gobierno que se rija por un criterio de humanidad.

La libertad que presumen los defensores de la eutanasia sólo tiene sentido si constituye una alternativa real, es decir si la persona puede optar entre las acciones paliativas y el acompañamiento, incluido el espiritual, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, o la muerte provocada. Existe por tanto una alternativa concreta y real. Tenemos que confrontar en la batalla cultural y política, pero sólo podremos hacerlo desde la formación de un amplio acuerdo.

La tercera amenaza está ya destruyendo la formación de muchos adolescentes y jóvenes, y que ya tiene esclavizados a muchos adultos, e incide poderosamente en la violencia sexual contra la mujer. Se trata de la pornografía, un grave problema absolutamente desatendido por los poderes públicos cuando no contemplado con simpatía, como el caso de Ada Colau en Barcelona y la celebración cada año del mayor festival porno de Europa en instalaciones municipales.

Es necesaria una respuesta propositiva en términos de una legislación que garantice mejor la protección del menor, limite su difusión y la controle entre los adultos, en términos parecidos a los que se da en el juego y en el tabaco. La libertad no da derecho a conductas que ponen en peligro a los demás.

Aquí la alianza empieza a estar forjada. Se trata de la Plataforma Los 7000 y el primer objetivo es hacer llegar una propuesta de restricción, que fundamente la legislación a desarrollar, a todos los diputados del Congreso, de manera simultánea, para evitar que la actual polarización política dé al traste con una iniciativa que puede resultar muy transversal.

En esta primera fase estamos. Pasaremos luego al trabajo específico sobre los diputados, para que al menos 15 de ellos presenten, de acuerdo con el reglamento del Congreso, una iniciativa legal, al tiempo que desarrollamos una campaña importante ante la opinión pública para señalar la importancia de alcanzar estos fines.

Publicado en Forum Libertas.