Antes de abordar la cuestión del aborto en España, es pertinente situar un escenario en el otro lado del mundo: “China entra en la era menguante”, “La catástrofe demográfica”,  “Un país sin nacimientos”… Los recientes titulares periodísticos dedicados a China son más bien catastróficos. ¿El motivo? Pues que por primera vez, en más de medio siglo, en el 2022 han muerto más personas de las que han nacido, es decir, se ha producido un déficit vegetativo, aunque pequeño, del 0,60%. También señalan el envejecimiento de la población porque los  mayores de 64 años son el 15% del total.

Dada la alarma que causa este hecho lejano, cuesta entender por qué los medios de comunicación no dedican unos titulares, espacio y tiempo parecidos referidos a España, donde los datos son mucho peores. Aquí, uno de cada cinco (un 19,65%, 9,3 millones de personas) ya tiene aquella edad. El déficit vegetativo ha empezado antes y es muy superior al de China.

Si el déficit de China fue del -0,6% por cada 1.000 habitantes (la forma habitual de expresarlo para poder comparar países), en España en 2021 fue del –2,37%, casi cuatro veces aquella magnitud, y empezó mucho antes. En 2015 ya presentaba un resultado ligeramente peor que el chino, un -0,66%. Su crecimiento ha sido acelerado hasta alcanzar las 110.000 personas, como diferencia entre nacimientos y defunciones. En este contexto, los abortos en España representan ya la explosiva cifra del 26,7% con relación a los nacimientos; uno de cada cuatro y aumentando. Todo esto señala una situación insostenible.

En algunas comunidades españolas, como Castilla y León, agitada recientemente por la controversia de si se deben mostrar o no ecografías a la mujer embarazada que piensa abortar, si así lo quiere, el hundimiento es terrible. ¡Esta comunidad está en déficit vegetativo desde 1988! Y además con cifras astronómicas. La pérdida de población fue en 2021 de -6,81%, la segunda más importante de España después de Asturias. La Covid-19 castigó duramente este territorio a consecuencia de la avanzada edad media de su población, de manera que en 2020 el saldo vegetativo negativo alcanzó casi el -10%. 

Pero esto no interesa, lo único que parece importar es que la mujer aborte lo más rápidamente posible, sin reflexión ni información, como ya define la nueva ley sobre el aborto, solo pendiente de su aprobación en el Senado.

¿Cómo es posible que se contemple con titulares de alarma lo que sucede en China y se vea impávido el ademán la autodestrucción española? ¿Quién puede explicar este vacío político y ausencia de interés por las consecuencias que acarrea en el ámbito económico, y el daño en el sistema público de bienestar?

¿Que esta dinámica se arregla con la inmigración? Pues en las condiciones apuntadas, no, de ningún modo se arregla. Primero, porque el flujo de inmigrantes debería ser tan elevado, añadiéndose a la población de este origen ya asentada, y en el contexto de una sociedad muy envejecida, que provocaría un shock cultural y social de efectos devastadores. La inmigración no puede ser la carta a la desesperada de unos impotentes, porque esto se paga.

Segundo, porque el resultado sería  una pérdida de productividad, dado que los inmigrantes que vienen a España poseen, en términos globales, un capital humano mucho menor que el de la población a la que suplen. Se acentuaría, así, una de las grandes debilidades de este país desde inicios del presente siglo. Y menor productividad significa menor renta futura y peores ingresos fiscales para pagar el bienestar público, sobre todo en dependencia, sanidad y, el gran problema, las  pensiones, a la vez que crece el gasto en servicios sociales. El declive de España en el presente siglo está asegurado si no se camina rápidamente y con fuerza hacia políticas a favor de la maternidad, la familia… y a reducir el aborto en España.

No existen ayudas a la familia dignas de este nombre. Un joven que piense encontrar trabajo, emanciparse, conseguir una vivienda y formar una familia en la España de Sánchez y Montero persigue una meta necesaria e imposible. No parece importarles demasiado.

Tampoco existen ayudas a la natalidad, ni para la mujer gestante, ni para la madre que desea tener su hijo. De lo que sí realmente se preocupa el Gobierno, a lo que realmente ayuda, es a abortar rápido y masivamente.  Es la única prestación sanitaria que se puede realizar en clínicas privadas a expensas del presupuesto público. Para redondearlo se ha extendido una infravaloración social de la maternidad y de la familia con hijos, hasta el extremo que, en la nueva ley de familias de Ione Belarra, además de inventarse dieciséis modelos, liquida toda referencia a la familia numerosa. Este extraño empeño suicida es demasiado evidente como para no resultar escandaloso.

Este menosprecio por la maternidad conlleva la  mentalidad de considerar como un sobrante al ser humano engendrado. Tanto, que las dos últimas leyes sobre el aborto ni tan siquiera consideran que exista.

El resultado es el empobrecimiento humano y económico:

-Cada recién nacido no abortado significa una contribución a lo largo de su ciclo de vida económico de unos 3,5 millones de dólares de igual poder adquisitivo, con relación a la fecha de cálculo de 2019.

-90.000 abortos al año significan una pérdida en términos de capital humano generacional de 315.000 millones de dólares de igual poder adquisitivo al año, algo menos de la cuarta parte del PIB de España.

-Cada cuatro años, los abortos merman el capital humano español en una magnitud tan grande como el PIB de 2021.

Es un gran desastre económico y en el sistema público de bienestar social.

El problema se acentúa si observamos el futuro a través de las cuentas generacionales, aquellas que miden lo que aporta cada persona en términos de renta fiscal, y lo que recibe en aportaciones del Estado. Este tiene unas obligaciones contraídas con las actuales personas ocupadas muy elevada. Primero en pensiones y después en sanidad y dependencia. Si va creciendo el capital humano por la vía de la inmigración, mientras continúa disminuyendo en la proporción autóctona, el empeoramiento resultará irresoluble.  

La conclusión es evidente: la política necesaria para favorecer el trabajo y emancipación juvenil, apoyar a la mujer embarazada y a las familias con hijos de una manera sustancial, europea, pasa también por reducir el número de abortos en España. Esta es una necesidad hacia el bien común.

Y otra cosa más: si existe un consenso prácticamente unánime de que el aborto significa un sufrimiento para la mujer, entonces es evidente que el progreso consiste en lograr que cada año haya menos sufrimiento.

["La Cina è vicina": en italiano, "China está cerca". Es el título de una película dirigida en 1967 por Marco Bellocchio.]

Publicado en La Vanguardia.