Benigno Blanco ha dicho que el fallo de la sala tercera del Tribunal Supremo en contra de la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, del que por ahora sólo hemos visto la punta del iceberg, no es más que una escaramuza, pero que no hemos perdido todavía la batalla. A la espera de conocer la sentencia completa, alabo al Sr. Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, su esperanza en que al final “podamos” ganar este combate. No quisiera enfriar los ánimos de nadie, que buena falta nos hacen a los creyentes en estas horas de tantas deserciones claudicantes y complacientes con el poder (no sea cosa que les retiren el saludo y las dádivas), pero no comparto del todo su optimismo. Hemos de partir del hecho de que EpC es la piedra de toque en la confrontación de la masonería con el mundo cristiano. Promovida por dos instituciones de clara significación masónica (la Fundación Cives y el sector enmandilado de la Universidad Carlos III), tiene por objeto el adoctrinamiento escolar en una moral típicamente laicista, relativista y desintegradora, con el fin de romper las resistencias morales de alumnos y familias al plan masón de dominio ideológico de la sociedad. Como para la venerable fraternidad este objetivo es irrenunciable y prioritario, recurrirán a toda clase de maniobras y recovecos legales a fin de imponerse a todo el mundo. Los masones no creen en la libertad, y mucho menos en los derechos inalienables de los individuos, de las familias y de los alumnos. Los mandiles no creen más que en el Estado, en el poder coactivo del Estado, por eso cultivan y fomentan las ideologías políticas partidarias el mega-Estado (v.g., la social-democracia), y por eso asaltan las estructuras estatales desde las que se configura y dirige a la sociedad. En España los masones se han hecho ya con el poder, con todo el poder concentrado en la única mano realmente poderosa: el Ejecutivo, integrado ahora principalmente por masones. El principio fundamental del régimen democrático es la división de poderes, pero esa división, en nuestro país, no deja de ser una ficción, una caricatura, un sarcasmo. De ahí, que los amantes de la libertad no podamos esperar gran cosa, en la dictadura jacobina que sufrimos, de los tribunales de Justicia, porque son cualquier cosa menos independientes. Ya lo expresó con toda claridad el masón que estos días atrás mandó una misiva a Tomás de la Torre: más o menos decía –cito de memoria- que cómo iban a morder los jueces la mano que les daba de comer, o sea el Gobierno, o así lo entendí yo. Para estos progresistas, a todos los “servidores” del Estado, no los paga el esquilmado contribuyente, sino los “amos” del cortijo estatal. En el fondo, el corresponsal de nuestro colega bloguero no dejaba de tener un concepto ajustado a la realidad: los jueces, en España, no constituyen un poder, y menos un poder independiente, sino una función, y por ello no dejan de ser unos funcionarios al servicio del poder. ¿Se puede esperar mucho de ellos? En todo caso, ¿quién es el Estado para imponer a nadie lo que tiene que creer, incluso lo que tiene que aprender? Si entendieran estos dictadores que el derecho a la libertad escolar, la libertad de cada ciudadano (y en el caso de los menores la de los padres) de estudiar lo que cada cual quiera y donde quiera, es muy anterior al derecho del Estado –si es que le asiste alguno en este campo- a imponer la EpC, advertirían que esta imposición es un acto bastardo, de bastardía conceptual, una decisión liberticida, un atropello constitucional. He oído decir estos días que si se acepta la objeción de conciencia, podría llegarse al caso de objetar incluso las matemáticas. ¿Y por qué no? Quizás hay, en un estado de libertades, alguna materia sagrada, intocable. El único efecto académico que podría tener para el objetor, sería la imposibilidad de cursar carreras de base matemática, a menos que el alumno no se buscara la vida por su cuenta y aprobase el examen de ingreso en la facultad que eligiera. Pero nada más, o es que las matemáticas –sigo con este ejemplo-, son absolutamente imprescindibles para cursar humanidades o lenguas clásicas. Supondría que tales enseñanzas, sin matemáticas, presentarían un cierto déficit en un aspecto de una cultura generalista occidental, pero, ¿acaso no es una gran merma intelectual ignorar la religión que ha originado esa misma cultura? El reglamentismo escolar oficial, sobre todo ese ordenancismo tan sectario que padecemos ahora, no garantiza ni la eficiencia educativa ni la excelencia, sino la opresión estatal. En esas estamos, merced al poder de la masonería, luego no hay que esperar milagros de los tribunales españoles. Al menos yo, que llevo muchas horas de pescante, soy más bien escéptico. Vicente Alejandro Guillamón